Por presión del diputado mendocino Julio Cobos (UCR), el Frente de Todos accedió a tratar en un plazo no mayor a 30 días los proyectos de ley que apuntan a la renegociación de los créditos UVA, en un acuerdo parlamentario similar al que se logró para tratar la nueva ley de alquileres.
Juntos por el Cambio dio de baja la sesión que había pedido para este jueves, por impulso de Cobos, con el fin de tratar un proyecto del mendocino y otro del exdiputado Álvaro De Lamadrid, que proponían distintas alternativas para los tomadores de créditos hipotecarios.
A cambio, el Frente de Todos se comprometió a poner en discusión todas las iniciativas en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller, respectivamente.
Cobos forzó el acuerdo con apoyo del jefe del bloque radical, Mario Negri, y logró que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, lo plasmara por escrito en una resolución presidencial.
Allí se insta a la Secretaría Parlamentaria “a que instrumente las acciones necesarias ante las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda a fin de dar tratamiento a los expedientes citados (…) en el más breve plazo posible”.
En el acuerdo, que también contó con la firma del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, se estableció que “se buscará unificar propuestas y contar, en un plazo en lo posible no mayor a 30 días, con la posibilidad de tratarlo en sesión de la Cámara”.
“Acordamos avanzar en la búsqueda de una solución consensuada para los actuales tomadores de créditos UVA y perfeccionar los mecanismos actuales para promover créditos hipotecarios accesibles y sostenibles en el tiempo”.
Cobos celebró el consenso alcanzado. “Luego de cuatro años de insistencia, hemos logrado un acuerdo parlamentario importante para avanzar con el tema créditos UVA. Destaco la buena predisposición tanto del oficialismo como de la oposición y el compromiso para encontrar soluciones”, expresó.
La semana pasada, la Justicia de Mendoza decidió eliminar el UVA como índice de actualización de un crédito hipotecario y ordenó aplicar, en su lugar, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Además, retrotrajo el monto de la deuda al mes de agosto de 2019, cuando el gobierno nacional ordenó el congelamiento; y estableció que el importe de las cuotas no debe exceder el 30% de los ingresos del deudor.
