Arranca este miércoles en tribunales federales la quinta tanda de audiencias en el megajuicio contra el juez federal Walter Bento, el magistrado suspendido de sus funciones que está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de dar beneficios a presos.
En el reinicio, habrá por lo menos una declaración indagatoria importante más: hablará ante el tribunal el abogado Jaime Alba.
Alba era, según la investigación del fiscal Dante Vega, uno de los tres organizadores de la banda que comandaba Bento. Los otros dos eran el abogado Luciano Ortego y el fallecido despachante de aduanas Diego Aliaga.
Se espera que Alba, quien se encuentra cumpliendo actualmente prisión domiciliaria, se manifieste sobre los “padecimientos” que habría sufrido en la cárcel los detenidos por la causa Bento.
Esta declaración podría ir en línea con lo que sostuvo el juez para defenderse de las acusaciones en su contra: que los detenidos habían sido “torturados” por la Fiscalía para hablar en su contra y que ellos mismos están dispuestos a contarlo en el juicio.
Bento tiene un equipo de abogados, comandado por el porteño Mariano Fragueiro, pero el resto de los imputados tienen sus propios defensores. No obstante, los fiscales entienden que todos los imputados actúan en bloque como estrategia.
Como son 15 los casos de cohecho que se ventilan en el juicio, es posible que varios imputados presten declaración cuando se trate su hecho en particular. De ser así, tras la indagatoria de Alba, empezarán a desfilar por la sala de audiencias de tribunales los testigos solicitados por la Fiscalía.
Los testigos
El TOF2 ha citado a declarar a 13 personas en los próximos días. Sin embargo, solamente pasarían cinco por el juicio esta semana, ya que a diferencia de las anteriores, habrá dos audiencias (miércoles y jueves) en lugar de tres.
El primero que hablará ante las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá es un abogado de renombre en Mendoza. Se trata del penalista Carlos Varela Álvarez, quien ha sido calificado como un “testigo de contexto”, ya que se presentó ante la Fiscalía y contó casos en los que se decía que se había existido el pago de coimas.
Le seguirá otro abogado, Carlos Figueroa, vinculado al caso número 3, donde se comprobó un pago de coima. Este letrado también fue abogado de Alba cuando se encontraba detenido.
Luego serán los turnos de dos policías: Diego Coria y Marina Bustos. Estos policías estuvieron en los allanamientos de la casa y el estudio del abogado Alba.
Ambos también estuvieron en el allanamiento de la caja de seguridad bancaria del matrimonio Bento-Boiza, que se encontraba casi vacía en el momento del procedimiento, pero en la que apareció una nota escrita a mano con un intrigante mensaje para el juez de la instrucción de la causa, el sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas.
El escrito decía literalmente “Puigdéngolas lee!!! Por favor” y se cree que lo escribió el propio Bento.
También dará testimonio en el juicio el abogado Sergio Carreño, quien en un alegato por una causa de contrabando habló de un presunto pago de coima de dos abogados, Martín Ríos y Matías Aramayo, por el cual perdió clientes.
Ríos y Aramayo declararon como arrepentidos en la instrucción de la causa.
Antesala
El megajuicio comenzó a fines de julio y tiene 34 imputados en total, incluidos el juez y tres integrantes de su familia (su esposa y dos de sus hijos).
El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF 2) hasta aquí realizaba tres audiencias cada dos semanas, entre miércoles y viernes. Las juezas no son de Mendoza: Diamante y Pereira vienen de San Luis y Rattá de San Juan.
El juicio comenzó a entrar en una etapa importante hace dos semanas, con las declaraciones indagatorias. Ya se expresaron ante el tribunal el juez Bento, su mujer Marta Boiza y sus hijos Facundo y Nahuel. También habló uno de los supuestos integrantes de la banda, el abogado Luis Francisco Álvarez.
La familia de Bento trabajaba en la Justicia Federal y está acusada por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero proveniente de las maniobras ilícitas del juez.
El juez federal desconoció los delitos que le endilgaba el Ministerio Público Fiscal y su familia, en especial Boiza, introdujo la teoría del “odio patológico” del fiscal Vega contra Bento como razón principal del proceso.
Hubo tensos cruces entre los fiscales (María Gloria André y Vega) y la defensa de Bento. Y las juezas del TOF2 terminaron advirtiendo que sancionará los “agravios personales”: Boiza llegó a tratar al fiscal del juicio de “adicto”.
Más allá de estos incidentes, el Ministerio Público Fiscal hizo foco en las contradicciones de Bento respecto de su relación con Aliaga.
El despachante asesinado era vecino de Bento en el barrio Palmares y según la versión dada tiempo atrás por el juez ante el Consejo de la Magistratura “me quiso comprar una camioneta y se la presté para que la probara, pero la compró otro vecino. Esa es toda mi relación con él”.
Sin embargo, en el juicio, expresó que en realidad Aliaga era un vendedor de vehículos que se ofreció hace unos años para ayudarlo con la operación de la mencionada camioneta.
El punto de la camioneta del Bento es muy relevante para la presunta trama de las coimas porque la Fiscalía cree que el juez la prestaba para las operaciones.
Entre las pruebas hay un registro de cinco entradas al barrio privado Dalvian en una camioneta a nombre del magistrado. Quien la manejaba era precisamente el hijo de Aliaga, Juan Ignacio Aliaga, quien en la causa quedó imputado por falso testimonio, pero recibió el beneficio de la probation.
El Jury arranca el lunes
Además del juicio penal, el juez Bento se encuentra sometido a un juicio de destitución cuyo inicio será la semana próxima.
En efecto, el lunes que viene el magistrado comenzará a ser juzgado por mal desempeño en Buenos Aires, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
El lunes se conocerán en este ámbito los argumentos de la acusación y de la defensa, que estará exclusivamente en manos del abogado Mariano Fragueiro.
Después desfilarán por el Jury los testigos, entre el miércoles 27 de este mes y el 9 de octubre. Serán solamente 15.
El tribunal, en este caso “político” (está integrado por jueces, pero también por legisladores nacionales y un abogado), tiene un plazo de seis meses para resolver si lo remueve o lo confirma. Se definirá antes de fin de año y la decisión será “irrecurrible”, o sea, no se podrá apelar.
El impacto de una posible remoción se haría sentir directamente en el juicio penal, ya que Bento perdería la inmunidad que hasta ahora lo protege de la prisión preventiva, medida que la Justicia ha solicitado en cinco oportunidades por considerar que el juez lideraba una asociación ilícita que pedía coimas a cambio de beneficios judiciales.
Para avanzar rápido, el Jury dejó de lado la acusación por coimas o cohechos. En cambio, Bento será juzgado por “conductas que no hacen al decoro”, como “presentarse a patotear en las reparticiones públicas en las que había pedidos de información sobre él” y el mensaje que dejó en 2021 contra el juez de instrucción Puigdéngolas en una caja de seguridad de su propiedad.
También podrían pesar en su contra en el Jury que se haya presentado ante el Consejo de la Magistratura en un concurso de camarista a pesar del proceso de mal desempeño y la investigación penal que se seguían en su contra. La forma en que pagaba sus numerosos viajes al exterior es otra causal. Además de que en la investigación penal , cuando le pidieron el teléfono celular, lo negó.