Guaymallén echó a los tres empleados acusados de robar materiales

La Municipalidad de Guaymallén avanzó con la resolución de sumarios administrativos a tres empleados de la comuna. En sede judicial, están imputados por hurto agravado dado que habrían extraído materiales de construcción sin autorización, tal como contó Los Andes el 27 de diciembre.

Gonzalo Marzal, fiscal de Robos y Hurtos, está al frente de la investigación y hasta el momento no ha determinado la culpabilidad de Adrián Riva, Verónica Romero y Manuel Cachi Nieto. El 30 de diciembre fueron notificados de la cesantía, luego de resolver los sumarios. “La sanción administrativa es independiente de la sanción penal”, aclaró Armando Chalabe, apoderado legal de la comuna, a Los Andes.

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Una serie de robos en el depósito municipal de Guaymallén fueron denunciadas por Ramiro García, director de Obras por Administración (DOA), área que depende de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Marcos Calvente.

El funcionario acusó a Lourdes Verónica Romero, Adrián Riva y Manuel Alejandro Cachi Nieto del faltante de materiales de construcción, de acuerdo al registro de cámaras de seguridad con el que cuenta el depósito. El fiscal Gonzalo Marzal imputa a las tres personas por hurto agravado e inició la investigación que incluyó allanamientos.

En las respectivas declaraciones de los tres empleados, dicen ser inocentes de los hechos por los que se los acusa y aseguran que cumplieron órdenes de García. A Romero le pareció “raro” el caso de algunas notas con pedidos porque “venían sin la membresía de la dirección”. La membresía es “un sello que tiene el logo de la municipalidad, en la parte de arriba de la nota y dice la dirección, en este caso Dirección de Obras”. Y menciona al corralón Andacollo S.A. como destino de algunos materiales. La firma es mencionada también por los otros dos empleados.

Un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) da cuenta de comprobantes emitidos por el corralón a la Unión Cívica Radical (UCR) por más de $2 millones durante el 2021. En julio del año pasado, el comité de la UCR de Guaymallén remodeló su sede y este vínculo con el corralón, es sospechoso para la defensa de los imputados.  Para la defensa, el municipio “los usó como chivo expiatorio”.

Los sumarios

Ante esta situación, los tres empleados se encontraban ante dos frentes: el judicial dadas las imputaciones y el administrativo, debido a la instrucción para abrir sumarios. Mientras se reunían elementos, fueron suspendidos en forma preventiva durante 90 días. En el relato de los considerandos del decreto de cesantía, al que tuvo acceso Los Andes y según declaraciones de Chalabe, se detallan los hechos por los que se producen las acusaciones y la denuncia también fue incorporada al proceso sumarial.

La Dirección de Asuntos Legales (DAL) solicitó informes a García sobre el stock de materiales y también le preguntó si en alguna oportunidad si “autorizó a algún empleado a su cargo, a retirar materiales del depósito donde se investigan los hechos, para que los mismos trasladen dichos materiales a su domicilio particular, para después ser retirados por una persona designada por el Director mencionado”. La respuesta del funcionario municipal fue negativa.

Entre el 16 y el 19 de diciembre, los empleados fueron avisados que podían alegar. Por Romero, fue notificado el Sindicato Empleados Municipales Guaymallen (SOEMG) que no alegó cuando pudo hacerlo. Tanto Romero como Riva lo hacen en forma extemporánea, pero igualmente fue recibido.

Para la Dirección de Asuntos Legales “sorprende la orfandad probatoria de descargo” por lo tanto “no logran modificar el temperamento de este instructor”. Es decir que “los agentes imputados resultan responsables de los hechos endilgados” dentro del artículo 41 dela Ley N.º 5892/92 que hace referencia a las causales de cesantía.

“Los hechos endilgados ocurrieron tal y como fueron denunciados, los cuales se acreditan con elementos de corroboración periféricos objetivos, como son los videos de las cámaras de seguridad de los hechos denunciados”, asevera la DAL.

Resaltan que podría haber habido exoneración (10 años sin poder tener altas en ningún organismo estatal) pero que al no contar con antecedentes disciplinario, la cesantía resulta proporcionada y adecuada en el caso concreto.

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Así, el Departamento Ejecutivo compartió el dictamen de clausura de la instrucción sumarial y por ese motivo Marcelino Iglesias decretó la cesantía de los tres empleados. “Ya fueron notificados y los tres interpusieron recursos de revocatoria que voy a contestar la semana que viene”, confirmó el apoderado legal del municipio.

Igualmente, anticipó que no hará lugar. “Voy a mantener el temperamento de la sanción expulsiva de cesantía. Una vez que notifique el rechazo de las revocatorias ya queda firme para que puedan interponer la acción procesal administrativa ante la Corte”, indicó.

La sanción administrativa se produce antes que la judicial, dado que la Justicia aún no se expide sobre la culpabilidad, o no, de los tres empleados. “La sanción administrativa es independiente de la sanción penal”, expresó Armando Chalabe.

El PJ pide una comisión para investigar

A partir de la nota publicada por este medio, a la que hacen referencia los concejales José Pozzoli, Ayelén Mantello, y Gastón Aparicio, integrantes del Bloque Frente de Todos/PJ en un proyecto de resolución, piden investigar puertas para adentro.

“En la actual instancia los miembros de este Honorable Consejo Deliberante luego de tomar conocimiento de una denuncia que puede configurar posibles delitos penales por parte de funcionarios de esta comuna, estiman conveniente se proceda a la creación de una Comisión Especial de Investigación y Seguimiento para que la misma analícelos hechos denunciados a los fines de poder esclarecer los hechos y colaborar con la justicia”, dice un extracto del proyecto.

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La iniciativa fue girada a la comisión de Interpretación Normativa que se reúne el lunes. La supremacía radical con 9 concejales oficialistas frente a 3 opositores, se traslada a las comisiones. Presidida por Fernanda Orellana (Libres del Sur-Cambia Mendoza), la integran los radicales Matías Fernández, Juana Allende y Soledad Castellano. El único opositor es José Pozzoli (PJ). Con este diagrama, el oficialismo se asegura con holgura los votos para cualquier decisión, ya sea el aval para la constitución de la comisión o bien, para que el proyecto duerma en la comisión.

En el proyecto, piden que la comisión tenga “las atribuciones de recibir denuncias y documentación probatoria, así como declaraciones de todo ciudadano o ciudadana que se consideren necesarias para el aporte de información al esclarecimiento del caso que se investiga”. Así mismo consideran que debe tener la potestad de “nombrar Peritos de cualquier profesión, que por su especialización sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, constituirse en cualquier lugar del territorio provincial cuando la investigación así lo requiriese y colaborar con la justicia”.