El plan del Gobierno ante el reclamo de empleados y funcionarios judiciales

El conflicto que llevan adelante empleados y funcionarios del Poder Judicial transita una semana tensa, con días de paro lo cual impacta en el servicio de justicia. Esta mañana hubo una conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal aunque en el Poder Ejecutivo ya ejecutan un plan para hacerle frente a los reclamos.

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“Nosotros tenemos un representante pero nosotros no definimos porque el Gobierno ha cerrado con todos los gremios y ellos son los que tienen la disponibilidad económica. Si fuera por mí, que ganen 7 millones de pesos cada uno”, dijo el Procurador de la Su´rema Corte de Justicia, Alejandro Gullé.

La máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal considera que “todos hacen un trabajo muy importante, un trabajo destacable. En las oficinas fiscales sobre todo, son la infantería nuestra y los otros acá trabajan realmente muy bien. Desde acá hicimos lo que podemos hacer, que es la refuncionalización de todas las oficinas fiscales en las que podemos trabajar”.

Tanto la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales que comanda Ricardo Babillón, como la Asociación de Funcionarios Judiciales que lidera Marcelo Fekonja rechazaron la última propuesta del Gobierno.

La oferta se conformó con dos alternativas. La primera en un aumento en tres tramos del 10% cada uno, para los meses de abril, mayo y junio además de tres sumas sumas fijas, para los mismos meses por un total de $150.000 y de $75.000 según si el salario bruta a marzo de este año estaba por encima o por debajo de 2,5 Salario Mensual Vital y Móvil (SMVM).

La segunda alternativa no contemplaba sumas fijas y se otorgaba 11% de aumento para abril, y el mismo porcentaje para mayo y para junio.

Gullé contó sobre una reunión a la que asistió, invitado por el ministro de Gobierno Natalio Mema y de la que también participó el gremio. “De ahí salió una oferta que yo desconocía, con toda honestidad, que es superadora inclusive a lo que pedían el personal que era seguir con el ítem del 40% de CPP y se le agregaba un ítem del 65% de productividad para todo el personal”, explicó.

“En el caso de los ayudantes fiscales que están en oficinas fiscales, me habían hecho un pedido hace tiempo del ítem riesgo porque van a los procedimientos. Hoy había tres en el procedimiento en El Algarrobal, ustedes van a ver hoy las fotos con los chalecos antibalas, todos van a los procedimientos. Hoy he tenido 3 ayudantes fiscales en el procedimiento. Les hice lugar al ítem riesgo que es el 30%, también sobre el ítem asignación de clase”, detalló Gullé.

Para el Procurador, en la práctica, estas medidas implicaban, para los sueldos de los ayudantes fiscales un aumento del 135% sobre la asignación de clase, más el porcentaje que le daba a todo el mundo el Gobierno, sobre el ítem asignación de clase, que era del 11%.

“Al personal de las oficinas fiscales iba un 105% de aumento sobre la asignación de clase porque no tienen el ítem riesgo. Es decir, lo mejoraba. Pero bueno, lo que al principio parecía que iban a aceptar, después no quisieron aceptar el aumento global, digamos, de ese 11% y por eso se estancó. No se firmó el acuerdo”, expresó.

Las medidas siguen

Esta semana hubo paro en distintas oficinas, Juzgados, Cámaras, Ministerio Público Fiscal, Polo Judicial y todo parece seguir escalando. El gremio de funcionarios judiciales, que arrancó con medidas el 30 de abril anunció que en la asamblea llevada a cabo hoy, se dispuso hacer paro a partir de las 00.00 horas del 20 de mayo, hasta las 23:59 hs del 24 de mayo, en las tres unidades organizativas del Poder Judicial.

“En todos los casos habrá asamblea el miércoles 22 de mayo a las 10 hs. y a las 15 hs para determinar las medidas a seguir. En igual sentido, en las Oficinas Fiscales el paro será a partir del domingo 19 de mayo hasta el domingo 26 de mayo a las 23 hs”, dice parte del comunicado dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.

En este último grupo se encuentran los profesionales de la salud del Cuerpo Médico Forense. Quieren que se visibilice que están de paro. “Quedamos de lado y queremos que se sepa que estamos adheridos a esta medida de fuerza. Aparte del sueldo que es de pobreza, tenemos irregularidades administrativas que hacen que eso suceda”, contó una funcionaria. Esta ausencia de escalafón propio es admitida por fuentes oficiales del Ministerio Pública Fiscal.

“No tenemos escalafón de médico ni psiquiatra o psicológico, tampoco bioquímicos. Todos figuramos como secretario de paz. No tenemos derecho a la insalubridad ni tampoco a un escalafón propio. No podemos acceder a un sueldo acorde a nuestra función, ya que la misma es indispensable para la justicia”, agregó.

El plan C del Gobierno

En Casa de Gobierno siguen de cerca el conflicto para lo cual, sólo basta asomarse por la venta de cualquier oficina que tenga vista hacia el norte. Desde allí puede verse el tumulto de gente, banderas y las ollas que fríen sopaipillas.

Ante esta ola de reclamos y el impacto de las medidas de fuerza, el Poder Ejecutivo publicará mañana un decreto en el Boletín Oficial con el aumento salarial. No será ni la alternativa con sumas fijas, ni la que no comprende esta modalidad.

La tercera opción tendrá un porcentaje menor a la mejor oferta puesta sobre la mesa ante ambos gremios. El aumento entonces “será inferior a si hubiesen aceptado la propuesta mejor que les hicimos”, dijo una importante fuente del Gobierno provincial a Los Andes.

En el edificio de calle Peltier no esconden el enojo por la escalada en los reclamos. Básicamente quieren que el gremio les explique a los empleados “el sin sentido del paro”. “Los empleados, culpa de su dirigencia sindical, tienen un porcentaje menor al resto de todos los gremios estatales”, bramó un alto funcionario del equipo de Alfredo Cornejo.

La hija de un supremo apoya el reclamo

José Valerio, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, fue fotografiado días atrás comprando sopaipillas a los empleados que estaban manifestándose en la puerta del Palacio de Justicia, con salida a calle España.

Silvina, hija del supremo, trabaja en el Ministerio Público Fiscal, puntualmente en la Fiscalía Civil. Ha participado de muchas actividades y en diálogo con Los Andes expresó: “Como es notorio entre los miembros del Poder Judicial que han estado adheridos al paro, he estado en todas las actividades que han desplegado”.