El millonario pago a un abogado de la “banda” de Bento para conseguir la libertad

La pareja de una persona que estuvo detenida detalló en el megajuicio que le dio 1,5 millones de pesos a Luciano Ortego para que saliera de la cárcel. La plata la entregó un imputado que denunció coimas de Bento por más de 700 mil dólares.

Walter Bento fue destituido como juez federal con competencia electoral; y el Tribunal Oral Federal II ordenó su detención. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo encontró culpable por mayoría al haber incurrido en causas de mal desempeño en sus funciones.
Tribunales Federales esta jornada
Foto: Orlando Pelichotti
Walter Bento fue destituido como juez federal con competencia electoral; y el Tribunal Oral Federal II ordenó su detención. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo encontró culpable por mayoría al haber incurrido en causas de mal desempeño en sus funciones. Tribunales Federales esta jornada Foto: Orlando Pelichotti

El megajuicio a Walter Bento continuó este jueves con la declaración de testigos vinculados a las maniobras de cohecho (coima) que le endilgan al ex juez federal y su supuesta banda.

En este caso, específicamente, el tribunal y las partes se concentraron en el “caso número 3″, en el cual Javier Ortega, quien estaba preso por contrabando, denunció haber pagado más de 700 mil dólares para obtener la libertad.

Tanto Ortega como su primo Juan Carlos Molina están imputados en la causa. Este jueves, la pareja de Molina, Priscila Contreras, contó ante el Tribunal Oral Federal 2 cómo apareció en sus vidas el abogado Luciano Ortego, supuesto organizador de la banda de Bento.

El abogado Luciano Ortego, uno de los acusados como principales organizadores de la presunta banda que encabezaba Walter Bento
Foto: Orlando Pelichotti
El abogado Luciano Ortego, uno de los acusados como principales organizadores de la presunta banda que encabezaba Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti

De la mano de Ortego, surgió también la mención de dinero como solución para una causa: 1,5 millones de pesos para que Molina obtuviera la libertad en 2019.

Molina trabajaba como administrativo para su primo Ortega. Cuando ambos cayeron presos, según su pareja, varios abogados comenzaron a tener trato con la familia de ambos, pero particularmente con la de Ortega, quien era el que tenía recursos para pagar.

Priscila Contreras contó que su marido vive hoy de una verdulería. Ortega, en cambio, tenía muchos departamentos y aparentemente los recursos para zafar de la Justicia. En este contexto, sostuvo que cuando los primos estaban presos, los letrados le prestaban mucha más atención a Ortega que a su marido.

“Juan Carlos cuando me llamaba preguntaba noticias, pero no tenía ninguna, no comunicaban nada. Me querían tranquilizar, pero el enfoque era en Javier”, sostuvo Contreras.

Por entonces, Molina se encontraba detenido en la U32, la cárcel para detenciones transitorias de los tribunales federales. Su situación, más allá de que los abogados decían que le iba a ir bien, no daba señales de mejorar. Hasta que pasó lo peor: llegó la orden de trasladar a Molina de la U32 a la cárcel de Cacheuta.

En ese momento se produjo un encuentro inesperado en las puertas de los tribunales. “En el momento que lo trasladan, veo a Ortego que dobla en el auto. Le explico la situación y me dijo que, si quería, podía ser abogado de Juan Carlos. Le dije que no teníamos plata, pero él me dijo que me quedara tranquilo, que los honorarios los tenía que pagar Javier”, recordó Contreras.

Javier Ortega, como se ha dicho, tenía poder adquisitivo. Entre sus bienes, varios departamentos y hasta una lancha que habría vendido para saldar las cuentas con la Justicia. Se trata de una persona con desórdenes psicológicos que llegó a intentar suicidarse en la U32 por la desesperación de estar detrás de las rejas.

Ortega era un preso que, según contó en el juicio el abogado Carlos Eduardo Figueroa, quien lo representó por un tiempo, estaba dispuesto a pagar coimas para salir de la cárcel. Figueroa fue remplazado en su función por Ortego, Matías Aramayo y Martín Ríos, todos abogados de la supuesta banda de Bento. “Mi cliente repetía como un jingle que había abogados que tenían llegada al juez”, señaló Figueroa cuando habló ante el tribunal.

Plata para Ortego

Lo cierto es que Ortego también consiguió ser defensor de Molina después de hacerle una visita en el penal de Cacheuta. Poco tiempo después llegaría el pedido del dinero que, a juicio del abogado del supuesto clan de Bento, debía salir de su primo Ortega.

Este jueves en el juicio, Contreras contó que, para conseguir la excarcelación de su pareja Ortega, el abogado Ortego le dijo que había que pagar 1,5 millones de pesos de fianza, un dinero que en 2019 tenía mucho más valor que ahora. “Me decía que si no pagaba no salía. El abogado era insistente”, relató. Sin embargo, en el expediente no consta que fuera necesario un pago de dinero para la libertad.

Tal como el propio Ortego le había sugerido, la mujer trasladó el pedido a quien tenía la plata para que se hiciera realidad: Javier Ortega. Finalmente la transacción se hizo en efectivo y en un lugar muy llamativo.

“Javier decía que no tenía la plata. Hasta que en un momento me dijo que sí. Mandó a su empleado (su nombre era Emanuel González) a que me acompañara para dar esa plata. Fuimos a una playa cerca de tribunales a darle la plata a Ortego”, contó la mujer de Molina.

Después de que Contreras y el empleado de Ortega le entregaran la plata, Molina recuperó la libertad. “No sé qué ocurrió con ese dinero, (Ortego) me dijo que tenía que ir rápido a pagar”, expresó.

Este testimonio concuerda con otras pruebas existentes en Fiscalía que detallan el modo en que debía pagar las coimas Ortega.

La venta de los departamentos

La relación entre los primos (Ortega y Molina) se venía resquebrajando antes del episodio judicial y se terminó de romper después de que los dos quedaran presos.

Pero hasta entonces, Juan Carlos Molina era empleado de Javier Ortega. Incluso vivía en uno de los departamentos de su jefe, quien invertía en propiedades.

También indicó Contreras que formaba parte del fideicomiso de Ortega, en el que había seis departamentos. La venta de estos inmuebles es un dato relevante, porque podría haber sido uno de los orígenes del pago de coimas millonarias que, según dijo, eran para Bento. Incluso uno de los departamentos habría terminado en poder de una empleada del juzgado que manejaba el magistrado.

Esas operaciones inmobiliarias fueron mencionadas también por Yésica Anabel Molina, hermana de Juan Carlos, quien también pasó por el juicio.

Yésica Molina confirmó que los gastos de abogados lo hizo Ortega. “Cuando le dieron la libertad, la caución la pagó Javier. Él se hizo cargo, él pagaba a los abogados y demás”, expresó.

Mencionó también la participación de su hermano en el fideicomiso de viviendas y particularmente se refirió al apuro que tenía Ortega por venderlas cuando empezaron sus problemas con la Justicia.

“Cuando Javier empieza a vender unidades lo hace ir a mi hermano. Imagino que necesitaba el dinero”, contó. Y agregó, contundente: “Él (por Ortega) empezó a vender todo desesperadamente en medio de esta situación. Varios departamentos, uno cerca del parque, otro cerca del Jumbo, otro en San Martín Sur”, detalló.

Y cerró sus apreciaciones con una frase más sugestiva todavía: “Los departamentos los construyó Ortega para alquiler, no para venta. Hacía todo de mucha calidad. Los quería hacer redituables”.

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