El fiscal federal Ramiro González investigará el posible delito de desobediencia por parte del presidente Alberto Fernández, quien anunció, con el apoyo de varios gobernadores peronistas, que no acatará el fallo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia para restituir fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
Las denuncias que se presentaron en Comodoro Py se sortearon y la primera de ellas cayó en el Juzgado Federal N°6, quien es ocupado hoy por el juez Daniel Rafecas. Él delegó la investigación penal a González, quien será el encargado tomar las medidas de prueba que considere necesarias y después decidir si hay elementos de prueba para citar a indagatoria a los denunciados o si dictamina por desestimar el caso.
Hubo varias presentaciones en la Justicia contra el Gobierno nacional: de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, de la diputada nacional Graciela Ocaña (JxC), del exdiputado Jorge Enríquez, del legislador porteño Roberto García Moritán, entre otros. Como el viernes hubo asueto en el Poder Judicial por la víspera de Navidad, esta mañana se sortearon las denuncias.
Al tratarse de los mismos hechos, todas las denuncias por el desacato del fallo se acumularán en el mismo juzgado 6. Ese tribunal era de Rodolfo Canicoba Corral que se jubiló y actualmente lo subroga Rafecas.
Junto con el Presidente fueron denunciados -en las distintas presentaciones que se hicieron- el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el de Economía, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los gobernadores que participaron de la reunión última en Casa Rosada y funcionarios de segundas líneas.
Esta es la primera denuncia que Rafecas tiene contra Alberto Fernández. El Presidente postuló al magistrado al inicio de su mandato como Procurador General de la Nación, pero el oficialismo nunca trató en el Senado la nominación. Como la investigación estará a cargo de la fiscalía, el juez no se apartará del caso, adelantó Infobae.
El miércoles pasado, los jueces establecieron por unanimidad que la Nación debe otorgarle a CABA 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, lo que en 2023 representaría unos 180.000 millones adicionales para ese distrito.
Alberto Fernández decidió no acatar la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los fondos coparticipables que el gobierno nacional le quitó en 2020.
A través de un duro comunicado, y con el apoyo de 18 gobernadores peronistas, el Gobierno nacional habló de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” y hasta cuestiona el criterio para definir el porcentaje asignado para CABA.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, remarcó el texto.
