Deuda histórica: siete departamentos todavía no aprueban sus planes de ordenamiento territorial

A 15 años de la sanción de la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo de la provincia, siete departamentos de Mendoza todavía no completan el proceso de aprobación de sus planes de ordenamiento locales, una herramienta clave para la planificación del crecimiento de sus territorios y sociedades, cuyos plazos ya vencieron largamente.

La normativa de 2009 (ley 8051) dispuso la realización de un plan provincial de ordenamiento territorial, el cual quedó sancionado también por ley (8999) en 2017. Mendoza fue la primera provincia del país en concretarlo. A partir de allí, las 18 comunas mendocinas tenían un plazo 18 meses más para realizar y aprobar sus planificaciones departamentales.

Godoy Cruz fue el único departamento que cumplió en tiempo y forma con los plazos del proceso. Al día de la fecha, con tardanzas, otras 10 comunas también lo hicieron: Capital, Luján, Las Heras, Lavalle, Maipú, Guaymallén, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y San Martín. El departamento del Este cumplió con el requisito a fines de 2022.

En cambio, los tres departamentos del Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe), más los tres del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), y La Paz, todavía no cumplen con la normativa. Todos ellos tienen una mora concreta de cinco años respecto del ordenamiento de sus territorios, ya que las planificaciones municipales debían estar listas a comienzos de 2019.

El proceso para aprobar los planes de ordenamiento municipal implica una audiencia pública para validarlos frente a la ciudadanía y luego la votación en cada Concejo Deliberante. “Los que están en vía de aprobación, han pasado con los justo la primera instancia y en la segunda se les complica”, señalan desde el Gobierno provincial.

El futuro distrito minero, sin plan todavía

Entre los departamentos sin plan de ordenamiento territorial aprobado aparece Malargüe, la estrella territorial por estos días, ya que el Gobierno provincial apunta a crear en este departamento un ambicioso distrito minero (Malargüe Distrito Minero Occidental) y a habilitar de una sola vez entre 200 y 250 permisos de exploración en búsqueda de cobre. Así lo expuso el gobernador Alfredo Cornejo primero en la feria minera de Canadá y luego en la provincia.

Los funcionarios del Gobierno provincial ya están teniendo reuniones con sus pares del municipio para aclarar aspectos del distrito minero, pero en contraste, el plan de ordenamiento territorial departamental se encuentra hundido en la indefinición. Según se informó desde el municipio sureño, el plan fue elaborado y ya fue sometido a audiencia pública. Sin embargo, el intendente actual, el justicialista Celso Jaque, no está convencido de ratificarlo en el Concejo Deliberante y contempla la posibilidad de rehacerlo.

“La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de Planificación, está trabajando en este sentido para avanzar con un Plan de Ordenamiento Territorial serio, más allá del pronto tratamiento que requiere en el HCD”, se informó oficialmente desde el municipio, que tiene severas críticas a la gestión anterior, que estuvo a cargo del intendente radical Juan Manuel Ojeda.

Algunos intendentes, por su lado, afirmaron que están cerca de completar la necesaria planificación municipal. En este sentido, el de Tunuyán, Emir Andraos, todavía no cumple con el paso previo de la audiencia pública, pero promete acelerar. “Viene esa instancia para ya votarlo y que quede aprobado”, prometió a Los Andes Andraos. Y explicó que la demora de cinco años respecto del plazo concreto se debió a que “hubo intervención de muchas comisiones y análisis estratégicos de organismos que lo fueron postergando”. “Ya pedí al equipo que lo definan porque está listo y faltan cumplir los pasos”, aseguró.

Por su parte, desde la comuna de San Carlos, gobernada por Alejandro Morillas, voceros oficiales señalaron que el proyecto de ordenamiento territorial sí ha sido sometido a audiencia pública y que ya fue elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento.

Precisamente en el Concejo Deliberante de San Carlos se pidió esta semana el “desarchivo” del proyecto de Ordenamiento (porque había sido presentado el año pasado) para poder ser tratado en las próximas sesiones.

Tupungato no ha llegado todavía a la etapa de la audiencia pública. “Se ha trabajado en el diagnóstico y queremos que el plan salga con la mayor participación posible este año, es uno de los objetivos”, aseguró el jefe de gabinete del municipio, Facundo García.

San Rafael tampoco ha llegado al primer paso de la instancia de audiencia pública, aunque el municipio asegura que está trabajando en la planificación y dice que el plan se está realizando “en consenso” con la Provincia.

Finalmente, desde el municipio de General Alvear se indicó que “la gestión anterior entregó el plan y días antes del cambio de gobierno se hizo la audiencia pública”. Hay quienes creen que el trámite está terminado porque hubo hasta presentación en un teatro del plan por parte del exintendente Walther Marcolini, pero para que esté aprobado falta aún la ratificación del Concejo Deliberante.

Los cambios de la nueva gestión

En el Gobierno provincial hay preocupación por los departamentos que todavía no tienen aprobado el plan de ordenamiento territorial.

“Estamos ayudando para que lleguen a la conclusión de sus planes, viendo cuál es el escollo y qué es lo que les falta. Por supuesto que no está bueno que no lo tengan, porque cuando van a desarrollar una actividad tienen que saber dónde sí la pueden hacer y dónde no”, señaló la subsecretaria de Infraestructura del Ministerio de Gobierno, Marité Badui.

“No están en cero, tienen un norte definido”, concedió Badui, en favor de los intendentes en falta. Los planes de ordenamiento territorial departamentales estaban hasta la anterior gestión (Rodolfo Suárez) bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, pero ese órgano quedó absorbido por el Ministerio de Ambiente y Energía y ahora es el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial el que se está ocupando de tratar de que se concreten las planificaciones.

Antes de las modificaciones, la lejana ley 8051 (2009) había creado órganos específicos para coordinar o supervisar los planes de ordenamiento territorial que se disponían por ley. Entre ellos, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial.

Respecto de la Agencia de Ordenamiento, que es la que tenía la injerencia más directa en los planes municipales, el Poder Ejecutivo les pidió la renuncia a sus cinco integrantes (vocales), que tenían cargos de directores, aunque el área de Infraestructura (más específicamente la Dirección de Planificación) absorbió al personal técnico y ha negado que la vaya a suprimir. (ver aparte).

Sobre el Consejo Provincial de Ordenamiento, que tiene representantes del Gobierno, los municipios y las universidades, entre otros sectores, un grupo de ambientalistas reclamó por carta en enero que “en los últimos años se ha reunido muy poco, sobre todo a partir de 2017″. Fue en medio de una serie de reproches de las organizaciones que fueron dirigidos al Ministerio de Energía y Ambiente, el cual, como ya se dijo, no tiene jurisdicción sobre el tema. El futuro de este consejo es, por lo menos, incierto.

La subsecretaria Badui ha tomado la posta de los planes territoriales y dice que no quiere que “las regulaciones vayan atrás de las necesidades”. Esta semana su equipo tuvo reuniones con los municipios de la zona este. Llevaron la propuesta de “zonificar” la política de ordenamiento territorial.

Badui pretende una mejora de los procedimientos y apunta a una integración de equipos en su área que ayude a concretar los proyectos de planificación, en general. Una de sus iniciativas consiste en reformar los sistemas de Información Ambiental y de información Territorial. “De haber tres sistemas, vamos a una unidad de datos espaciales y territoriales”, explicó la funcionaria, y agregó que “nunca se logró que toda la información para planificar fuera pública y accesible”.

Nadia Rapali, quien fue vocal por el Gobierno durante los últimos 8 años en la Agencia de Ordenamiento Territorial y ya no es funcionaria, aclaró por su lado que no ha sido responsabilidad de este organismo que haya departamentos que todavía no concluyen sus planes de ordenamiento territorial. “La Agencia es una coordinación que no está por encima de los municipios y que no puede obligar a un intendente o a un Concejo Deliberante a aprobar un plan”, afirmó la exfuncionaria. También indicó que a las comunas “se les dio todo el apoyo” para hacerlo.

Rapali dio un dato más sobre las deficiencias de los planes de ordenamiento territorial municipales. Según los registros oficiales de la Agencia que integraba, hasta 2023, sólo cinco de los 18 municipios estaban en condiciones “ideales” porque no solo aprobaron sus planes de ordenamiento por Concejo Deliberante, sino que además “actualizaron sus códigos de ocupación en función del nuevo plan”. Esas comunas son Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras y Luján.

Un escalón más abajo, por no tener esta actualización de código, pero sí la ordenanza respectiva, quedaron Lavalle, Junín, Rivadavia, Maipú, Santa Rosa y San Martín.

En tanto, Malargüe, General Alvear y San Carlos llegaron solo hasta el trámite de la audiencia pública.

Tunuyán y Tupungato todavía no hicieron la audiencia pero presentaron informes de avance, mientras que en el último escalón quedaron San Rafael y La Paz, por figurar “sin avances” de ningún tipo hasta el año pasado.

La Agencia que “se mudó”

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) fue creada por medio de la ley de Ordenamiento Territorial 8051. Se dispuso en la normativa que tuviera siete miembros: un presidente, uno por el Poder Ejecutivo, tres por los sectores científico, técnico y universidades y dos por los municipios.

Durante los últimos años funcionó con cinco integrantes solamente. En el inicio de la nueva gestión de Alfredo Cornejo, se les pidieron las renuncias a los cinco vocales y el personal técnico de planta pasó a trabajar en la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobierno, que está a cargo de Matías Dalla Torre.

La subsecretaria de Infraestructura de esa cartera, Marité Badui, niega un cierre y dice que la APOT se recreará con “nuevos integrantes” en un nuevo ministerio. “Queremos que haya consenso de los sectores que tienen que representar, los cuales se han reconfigurado”, explicó.

Para Nadia Rapali, quien representó al Poder Ejecutivo en la APOT durante 8 años, “sería un retroceso muy grande para la Provincia que no siga la agencia, porque ha logrado mucho y es pionera con el plan provincial de ordenamiento territorial”.

Además de elaborar el plan provincial, la APOT realizó una planificación para el pedemonte (ley 9414), intervino en aspectos del fallido proyecto Portezuelo del Viento, trabajaba en proyectos con financiamiento internacional y llevó adelante la planificación de un viejo anhelo: el perilago del dique Potrerillos. También tenía competencia para realizar dictámenes sectoriales de obras, a autorizar usos del suelo e intervenir en cuestiones que abarcaran a más de un municipio, como el cinturón verde del este.

Según Rapali, el cambio de ámbito de la APOT de Ambiente (que durante todos estos años tuvo al frente a Humberto Mingorance) al Ministerio de Gobierno requiere una modificación de la ley de ordenamiento, mientras que en el Gobierno dicen que el nuevo organigrama de la cartera de Gobierno, ya aprobado por la Legislatura, la contiene y no se requiere ese paso. “La ley puede modificarse, pero espero que los avances en el ordenamiento no se tiren por la borda”, reclamó Rapali.