Condenaron a la exsuegra de Lobos a prisión en suspenso: a qué se destinará la multa económica

La mujer acordó en un juicio abreviado una prisión en suspenso por 3 años y $500.000 en concepto de multa resarcitoria.

Luis Lobos fue condenado a un juicio abreviado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
El exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén recibió una pena total que ronda los 8 años de prisión

Fotos: Ignacio Blanco / Los Andes
Luis Lobos fue condenado a un juicio abreviado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. El exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén recibió una pena total que ronda los 8 años de prisión Fotos: Ignacio Blanco / Los Andes

La exsuegra de Luis Lobos fue condenada este martes por la mañana en una audiencia virtual a 3 años de prisión en suspenso y también una multa económica. La decisión la tomó el Segundo Tribunal Penal Colegiado en un juicio abreviado, en el cual María Elena Fernández admitió su culpabilidad en el caso en el que se la investigaba por fraude a la Administración Pública en perjuicio de la administración pública en caracter de partícipe necesaria.

Además, Fernández deberá abonar una multa resarcitoria de $500.000 que se destinará a comedores comunitarios de Guaymallén. La misma deberá ser pagada en 50 cuotas de $10.000.

Hay que recordar que en esta misma causa, Lobos ya fue condenado el 9 de mayo del 2019 a 4 años y medio de prisión, mientras que Claudia Sgró (su hija) recibió una pena de 3 años y 4 meses. En una reunificación de la causa con la de enriquecimiento ilícito, al exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén se le computó una pena -luego de otro juicio abreviado- de prisión por 8 años.

En cuanto a la mujer de 83 años, se decidió que no participara de dicho juicio del 2019, ya que atravesaba problemas de salud que la impedían asistir a Tribunales, por lo que quedó todo en suspenso para ella hasta esta semana.

El caso por el que se la condenó fue la contratación irregular de dos personas en la comuna de Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la municipalidad, pero además tampoco supieron que habían sido contratados como empleados de la comuna.

Si bien Fernández no era funcionaria de Guaymallén, como sí lo eran Lobos y Sgró; su participación se dio ya que tanto Fara como Müller se desempeñaron en su vivienda con tareas domésticas, en momentos en los que Lobos estaba a cargo de la intendencia.

Pero además, la fiscalía, a cargo de Susana Muscianisi, pudo probar que la propia Fernández cobró con las tarjetas de débito de Fara y Müller más de $400.000.

LA CONDENA A LOBOS Y SGRÓ

Como se dijo, fue en mayo del 2019 cuando Lobos y Sgró fueron condenados por el tribunal conformado por los jueces Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio, quienes no solamente dictaminaron la sentencia a prisión por fraude a la administración pública, sino que también les aplicaron a ambos la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

Ese fallo, si bien fue apelado, quedó firme en abril del 2022, cuando el Tribunal Penal Colegiado Número 2 desestimó los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria que presentó la defensa y ordenó la inmediata detención de ambos.

No obstante, en un segundo juicio en diciembre del 2022, esta vez por enriquecimiento ilícito, Lobos fue condenado y se le unificaron las penas recibió 8 años de prisión en total, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica.

Esta segunda investigación de Muscianisi fue por irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto (Wanka SA), más el enriquecimiento ilícito.

Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015.

Con el caso resuelto de María Elena Fernández, ahora restarán los juicios de Claudia Sgró, imputada por enriquecimiento ilícito; más el juicio al exsecretario de Obras Públicas de Lobos, Federico Sampieri; y el empresario Roque Núñez, sobre el conocido como “caso Wanka”, por el alquiler fraudulento de una planta de asfalto con presuntos pagos indebidos.

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