Bullrich pidió ser querellante en la investigación por extorsión a beneficiarios de planes sociales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió ser querellante en la causa que investiga a organizaciones sociales por coacción a beneficiarios de planes sociales.

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“Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas”, expresó la ministra en X.

En la publicación, la funcionaria explicó que la investigación fue posible gracias a la información recibida en la Línea 134, que dieron los ciudadanos extorsionados.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación es querellante para seguir estos y los miles de casos de punteros enriquecidos con los impuestos de la gente de trabajo”, agregó la ministra.

En la red social, antes conocida como Twitter, publicaron el escrito fue presentado ante la Justicia. El texto, cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

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Investigan a organizaciones sociales

La investigación se dio a conocer el lunes a través de un comunicado difundido por la Presidencia, luego de que el fiscal federal del caso, Gerardo Pollicita, ordenara 27 allanamientos en el marco de la causa.

En tanto que una resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que avaló los procedimientos, también dio detalles de la investigación.

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Cerca de una treintena de dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha fueron imputados por supuestamente haber exigido “coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”, según un dictamen de ese tribunal.