Una gestión del juez Walter Bento o por lo menos de buena parte de la familia ante el Consulado de España, encendió todas las alarmas en el Ministerio Público Fiscal, que empezó a manejar este jueves la sospecha de que el clan podría fugarse al exterior en medio de la severa situación judicial que atraviesa.
En una comunicación oficial, los fiscales federales María Gloria André y Dante Vega advirtieron al Tribunal Oral Federal Número 2 que el juez Walter Bento habría tramitado, para él y casi todos los miembros de su familia, el pasaporte español ante el consulado de ese país en la capital mendocina.
En consecuencia, el Tribunal que juzgará a Bento como jefe de una asociación ilícita que cometió varios delitos graves puso en conocimiento del Consulado de España “la prohibición de salir del país y la orden de retención de documentos de viaje oportunamente dictada en relación a los imputados Walter Bento, Marta Boiza, Nahuel Bento y Luciano Bento”. Es decir, el juez suspendido, su esposa, y dos de sus hijos.
Los fiscales solicitaron un informe al Consulado de España, sobre el cual todavía no ha habido respuesta oficial. Consignaron también que los familiares de Bento tienen los documentos de viaje retenidos. Sólo Bento conserva su pasaporte, porque se negó a entregarlo a la Justicia cuando se lo requirieron.
Ante la supuesta maniobra para conseguir pasaportes españoles y el antecedente de los sucesivos viajes al exterior del juez, el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Oral Federal Número 2 dejaron a la vista que temen que el magistrado suspendido y su familia se fuguen del país, en medio de una situación judicial compleja: están todos procesados en la causa que tiene como principal protagonista a Bento y muy pronto (a fin de julio) deberán afrontar el juicio. El juez además se encuentra sometido al Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño y antes de fin de año se decidirá si es removido o confirmado en su cargo.
Además, los investigadores creen que la familia Bento, por los manejos que constan en la causa judicial, cuenta con recursos y “contactos” para fugarse, si toma esa decisión. “No le quedan muchas más alternativas”, señalan incluso en tribunales sobre el juez.
Sin embargo, la maniobra de Bento ante el Consulado de España cobró cierta complejidad al conocerse la versión de su abogado, Gustavo Gazali.
Gazali presentó ante la presidenta del Tribunal Oral Número 2, Gretel Diamante, un texto en el que aseguró que “ninguno de mis representados peticionó pasaportes para viajar al exterior” y que “el Juez Bento no tramitó ni gestionó absolutamente nada para sí”.
Según la versión del letrado, Marta Boiza, junto a Luciano y Nahuel Bento, acudieron el 27 de febrero pasado al consulado para tramitar la ciudadanía española.
“Lejos de solicitar documentos de viaje, continuaron el trámite de ciudadanía española habida cuenta el acogimiento a la denominada ‘ley de nietos’ que habilita a extranjeros bisnietos a tramitarla”, indicó Gazali. Aclaró también que este título “no permite egresar del país”.
Gazali indicó también que Bento no participó del trámite ante el consulado y aclaró que “el cónyuge no se encuentra habilitado a obtener la ciudadanía por parte de su esposa”.
El abogado habló también del “encarnizamiento” del Ministerio Público y lo acusó de “tergiversar realidades”. Además sostuvo que en el juicio se develará “la falsedad de la imputación” en contra de su defendido.
La otra versión
El Ministerio Público Fiscal señaló por su lado que tiene “otra versión” de los hechos. Según esa versión, Bento sí habría acudido al Consulado de España, con todos los integrantes de su familia.
Al tratarse de una sede de otro país que podría no responder los pedidos de informe de la Justicia argentina, la intriga podría continuar. Por eso el Tribunal Oral, para bloquear el trámite ante el consulado, se limitó a advertir que el juez y la mayoría de sus familiares tienen prohibida la salida del país.
Pero más allá de este accionar preventivo, la información del abogado abrió nuevas preocupaciones en la fiscalía, que consideró sospechoso el trámite de la ciudadanía española iniciado por parte de los familiares de Bento justo en medio del trance judicial que atraviesan. No descartan los fiscales que éste sea el paso previo a la tramitación del pasaporte español para escaparse.
Incluso una de las hipótesis que se manejan en la Justicia es que si la familia de Bento se va del país, el juez podría pedir en un futuro la prisión domiciliaria para cuidar al tercer hijo de la pareja, Facundo, quien tiene una discapacidad severa. Hay que recordar que Bento tiene numerosos procesamientos y pedidos de prisión preventiva. Los fueros que protegen al magistrado incluso hoy, en su carácter de juez suspendido, impiden su cumplimiento efectivo.
El Ministerio Público Fiscal se enteró del supuesto trámite del pasaporte español hace dos días y a través de una fuente del propio consulado, que incluso habría señalado que hubo algún tipo de incidente en el lugar, ya que el juez habría actuado con prepotencia.
No se sabe en la Fiscalía hasta este momento si el trámite se completó, pero de inmediato se activó la sospecha de que existe una “posibilidad de fuga” por parte de Bento y su familia, si es que logran superar con una maniobra alguno de los controles argentinos que deberían impedírselo.
El juez fue suspendido la semana pasada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo plenario tomó esta decisión en una votación que fue unánime.
A la vez, la Justicia Federal lo juzgará junto a 30 personas desde fines de julio. De acuerdo con la investigación que comandaron los fiscales que ahora sospechan que podría fugarse, Bento actuaba como jefe de una asociación ilícita que recibía coimas a cambio de beneficios judiciales. También está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otras causas.