Alejandro Gullé: “Si hay que ir sobre otra zona conflictiva, lo vamos a hacer”

Alejandro Gullé es el jefe de los fiscales de la Justicia provincial desde la primera gestión de Alfredo Cornejo. En esta entrevista de Los Andes, el Procurador da un panorama con números sobre la situación del delito y reitera que Mendoza no es como Rosario. También reconoce el crecimiento de la inseguridad, pero sostiene que solo en “casos aislados” hay malas actuaciones de la Policía y los fiscales.

Habla además de las causas políticas. Desmiente que exista una persecución a dirigentes opositores y niega que algunas causas se demoren demasiado.

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-¿Cómo tomó que el gobernador Cornejo haya dicho que estamos mal respecto de la seguridad y que tiene que haber un compromiso conjunto?

-Lo tomé bien porque es el reflejo de una realidad que nos abarca a todos. Estamos en un contexto nacional económico problemático y cuando esto pasa naturalmente crece el delito. Pese a eso hemos tomado medidas. Los delitos que más llegan a la sociedad, que son los robos con armas y los homicidios, están controlados. Hemos tenido un poco menos de homicidios y el 90% han sido guerras entre bandas. En cuanto a asaltos a mano armada, advierto una pequeña disminución respecto del año pasado. He notado un pequeño crecimiento en sustracción de vehículos. Esto también tiene que ver con la necesidad de desarmar y hacer repuestos y vender, y que tiene que ver con la situación económica. De todas maneras, me consta que el Ejecutivo está trabajando en varios proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con la reventa de artículos robados, sobre todo repuestos de automóviles.

-¿Cuáles son las herramientas que necesita la Justicia a nivel legislativo?

-Cuando se regula y protocoliza un modo de venta de objetos usados y se ejerce un control sobre esa venta, con seguridad, se tiene una reducción de las posibilidades de que las cosas robadas se puedan vender sin más. Por otro lado, en el otro foco, que es el de las ventas que se hacen por internet, hoy tenemos un problema complejo. Al gobernador lo escuché muy preocupado con esto y es justificado, porque la gran mayoría de las estafas que se cometen por internet se deben a errores de las personas, de los usuarios, que aportan datos que nunca deberían dar y que no toman los recaudos mínimos exigibles para protegerse. Pero no obstante, estamos trabajando y mucho en ver de qué manera tenemos tecnología y vamos a poner gente a trabajar en esta temática auscultando redes, para evitar que la gente sufra estos despojos.

-¿Por medio de una ley se puede mejorar esta situación?

-Se puede, mucho, porque si se protocolizan las ventas, la gente no va a poder comprar y vender así nomás por internet, va a querer ir a lo seguro y lo seguro es lo que está protegido por el Estado. Si podemos lograr esto es un paso adelante gigantesco. Controlando las ventas ya hay una reducción notable de la posibilidad de que vendan materiales robados. Se trabaja en un esquema de control, no de sanciones.

-El gobernador dijo que no hay sanciones para las estafas, ¿es así?

-Es así si se las comparan con las sentencias que hay, por ejemplo, por robos. El año pasado hemos tenido, de casi 2.400 causas por robos, 1.940 resueltas con condena. Además, la estafa tiene otra modalidad de investigación y otro tiempo de duración. Hay que estudiar mucho y pedir muchos informes. Son causas muy complejas. No nos sirve elevar rápido las causas a juicio si no tenemos la prueba suficiente, porque es trabajar en vano. Estamos tomando medidas ahora sobre todo en lo que es el ciberdelito, que está vinculado a las estafas virtuales, para detectar mediante alertas tempranas estas maniobras. Tenemos un convenio mediante el cual cualquier fiscal de Delitos Económicos que oficia a esta empresa, que se llama Coelsa, pidiendo el bloqueo de determinada cuenta, la empresa bloquea esa cuenta y hace un seguimiento de las cuentas mula hasta donde pueda llegar y las bloquea.

-¿Y qué pasa con los celulares en las cárceles?

-El Ministerio Público Fiscal pidió que los saquen. El problema es que el juez resuelve que hay que a ver que reemplacen los teléfonos por líneas públicas, por ejemplo por teléfono fijo. Estamos buscando otras alternativas, porque las compañías no están en condiciones hoy de poner teléfonos fijos y no existe el teléfono público. Se está estudiando una modalidad para que (los presos) no queden incomunicados, porque no debe ser así, pero sí para tratar de eliminar la gran proliferación de teléfonos que hay. Los fiscales nuestros han pedido allanamientos en lugares donde han sacado 50 teléfonos. Los chips que existen son innumerables. Esto hace que se genere a veces un control del delito desde adentro de la cárcel y eso no puede darse.

-¿Por eso no sale el fallo definitivo para sacar los celulares de las cárceles?

-No, se está estudiando la parte técnica de manera vehemente, se le han puesto pilas a esto. Se están estudiando alternativas para largar un fallo definitivo de la Corte.

-¿O sea, esto la Corte lo va a resolver?

-No lo sé, es probable que lo pueda hacer. Puede decir: “no mire, directamente resolvemos nosotros”. Como si fuera una suerte de per saltum. Tiene facultades para hacerlo.

O sea que, en cuanto a la seguridad, nuestra provincia, como lo he dicho siempre, no es Suiza, pero tampoco esto es Rosario. La situación está bastante controlada. Existe casi una obsesión por mantener a la provincia con un orden mínimo y con un estatus de seguridad que permita vivir dignamente. Estamos haciendo mucho hincapié en la reiterancia y tratando de marcar diferencia entre el delito que no se ejerce con violencia de aquel delito que es ejercido mediante violencia física. Esto en orden al pedido de pena. Es importante que el delincuente sepa que a la hora de delinquir el ejercer violencia tiene consecuencias mucho más gravosas para él que no hacerlo.

-¿Qué siente cuando sale en las noticias que los vecinos lincharon a un delincuente?

-Me preocupa, porque la sensación de impotencia que tienen las víctimas cuando han sido sometidas a un delito es tremenda. La víctima sufre el despojo, una vejación, y me parece que el primer sentimiento que tiene el ser humano es la revancha. Ahora, debe saber también la población que el Estado no la abandona y pese a que alguien me puede decir que en tal caso el Estado no actuó como debía, o el Ministerio Público no actuó, o la Policía no actuó, son casos aislados. En general se actúa bien, la Policía, el Ministerio Público responde y los jueces responden, de manera tal que nuestra esperanza tiene que estar sentada en estos pilares, en la idea de que en términos generales se está funcionando bien y lo que hay que hacer es mejorar todo aquello que está fallando.

-No siente que haya solo planteos para la Policía…

-No no no, porque si yo sintiera eso estaría teniendo una visión sesgada. Cuando se habla de esto se habla también de que tal vez la investigación no fue lo suficientemente profunda, o que la condena no fue la que esperaban, o que el juez absolvió. En la mayoría de las veces esto es por falta de conocimiento de todo lo que rodeó al hecho o a la causa precedente. Pero lo entiendo perfectamente. Eso sí, el deseo de revancha hay que controlarlo porque la violencia alimenta a la violencia.

-Cornejo hizo un balance muy positivo del operativo en el Campo Papa, ¿usted también?

-Yo tengo el mismo balance. Siendo juez de instrucción en la década del 80, en dos barrios hice un procedimiento similar, pero eran situaciones distintas, en un barrio mucho más chico. Ahora, operativos de esta naturaleza, que yo recuerde, este es el primero. Estaba más que justificado y que quede claro, fuimos a buscar personas imputadas que no encontrábamos, no fuimos por la droga. La droga no es competencia nuestra, obvio que si la encontrábamos sacamos compulsa. Yo anoticié al juez federal en turno de que íbamos a realizar este procedimiento. Si él quería estar presente con personal de su secretaría o quien fuera, ningún problema. Pero íbamos a buscar armas y a personas que estaban pedidas por homicidios. El primer día, ya teníamos resueltos dos homicidios. El colofón de esto es que el Estado estuvo presente en un lugar donde la gente honesta pedía gritos su intervención.

-Suena poco probable que no vuelvan a hacerlo.

-No suena nada. Si los fiscales consideran que hay que volver, hay que volver. Si consideran que hay que ir sobre otra zona conflictiva, lo vamos a hacer de nuevo.

-¿Pero se hará otro operativo masivo?

-Es masivo porque hay lugares donde es imposible identificar un domicilio y donde tienen cobertura, por el motivo que sea. Las características de la zona hacen que sea muy difícil detectar si están en un solo domicilio y bueno, cuando se dan las circunstancias que justifican este tipo de procedimientos, creo que hay que actuar. Fue tan correcto el procedimiento que no se disparó un solo tiro. No hubo violencia, hubo un respeto absoluto y la gente estaba agradecida. Estuvieron presentes cuatro fiscales y dos jueces, al pie del cañón junto con el personal policial, porque somos una parte de la seguridad. Está bien que haya compromiso de todas las áreas.

-¿Mendoza tiene muchos aguantaderos?

-Como todas las provincias, tiene bandas de delincuentes. A muchas las tenemos identificadas y muchas de estas condenas que hemos logrado el año pasado en robos y hurtos son por desarticular las bandas. Eso es vital para nosotros. Cuando se actúa en banda normalmente se potencia el delito. Tenemos muchas bandas que vienen de afuera. Nos estamos poniendo firmes en determinado control, pero tenemos bandas de gente de Córdoba y de Tucumán, que vienen, delinquen y se van entonces. Hemos agarrado a muchos.

-¿Pero las bandas no son el germen de lo que pasa en Rosario?

-No, Rosario tiene otra problemática, la problemática del narco que se les ha vuelto un poco incontrolable. Y tiene un problema que trasciende a la seguridad. Tiene que ver con lo institucional. En Rosario se llegó a una situación que no tengo por qué callarla donde el Ministerio Público Fiscal detectó una conexión de narcos con unos legisladores. Cuando empezó a investigar, la Legislatura sacó una ley donde le quitaba el poder disciplinario del Ministerio Público y se la atribuían ellos. Es decir que hoy el control disciplinario del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe lo tiene la Legislatura. Esto es una actitud institucionalmente deplorable y que tiene que ver con una actitud de revancha, porque los tocaban. Esto no pasa en Mendoza. Hasta el día de hoy eso está controlado y todas estas cosas que hacemos y estos trabajos conjuntos tienen que ver con tratar de mantener un estatus de orden y de tranquilidad mínimos. Es decir, que permita a la gente salir a caminar sin miedo a que alguien le dé un tiro.

-¿Qué aporta en concreto el Ministerio Público Fiscal para que a alguien no le peguen un tiro en la calle?

-Aporta firmeza en la investigación, firmeza y seguridad en el período de condena y aplicación de la reiterancia para evitar que esto sea una puerta giratoria. Hacemos mucho hincapié en restringir la libertad de todas las personas que encontramos con armas. Tenemos una contra gigantesca: la tenencia de arma de uso civil, por ejemplo, un calibre 22, tiene una pena máxima de dos años. Es mínima, ni siquiera lleva a prisión preventiva, entonces cuando se encuentra una persona con un arma así, que no tiene antecedentes, es muy difícil retenerla en prisión. Pero esto hace a la legislación de fondo. La portación de armas es otra cosa, nosotros tratamos en todos los casos de pedir la prisión efectiva, si el juez la da, la da, si no la da, veremos. Esto nos ha permitido erradicar y disminuir el asalto a mano armada, porque hemos ingresado mucha gente en el penal por portar armas.

LAS CAUSAS POLÍTICAS

-¿Cómo vive las causas políticas que le toca investigar al MPF?

-Las vivo con cierta preocupación porque tienen una resonancia y repercusión importantes, de manera tal que lo único que hago es hacer hincapié en que los fiscales en jefe estén detrás de la investigación, para que se cometan la menor cantidad de errores posibles. Más que eso no puedo hacer. La gente cree o muchos piensan que yo puedo estar detrás de las causas metiéndome, vigilándolas, y realmente no es así. Es más, muchas veces me sorprendo de actuaciones que se han llevado a cabo y de las que yo no me enteré. Me entero a veces por los medios, lo cual tampoco es muy bueno.

-¿Qué siente cuando políticos como De Marchi dicen que hay una persecución contra la diputada Janina Ortiz?

-Bueno, yo creo que la política está en su derecho. Si yo fuera político defendería mi gente igual que como hacen todos los políticos. Desde esa perspectiva hasta lo considero permisible. En política, todo se puede decir sin consecuencias. Pero yo le diría que esté seguro que no hay persecución. La gente que investiga es responsable, y si llegaran a apartarse de lo que por ley corresponde, sin ninguna duda nosotros tomaríamos medidas. Hemos tenido condenas de investigaciones y condenas de funcionarios de todos los colores políticos, para que nadie pueda especular. Y he escuchado todas las opiniones.

-¿Pero no ha habido más sentencias a justicialistas?

-Si han cometido más delitos, es un tema ajeno a nosotros. Esto tiene que ver con las denuncias que se hacen. Cuando se ha denunciado a algún político oficialista que ha estado en el Gobierno, también lo hemos investigado, y si hemos encontrado algo hemos avanzado.

-¿Son un problema las causas políticas?

-Sí, son un problema, preferiríamos no tener ninguna porque se centran las miradas en una causa y se pierde de vista el resto de las investigaciones. Tenemos fiscales que hacen 7 u 8 audiencias diarias y en eso nadie mira, pero miran una causa donde está imputado Juan o Pedro o Luis, que tiene determinado color político. Yo entiendo que lo hagan, son reglas del juego que molestan. A veces duelen algunas cosas que se dicen, pero no es así. Uno no advierte que haya animadversión.

-¿Presiones tampoco?

-No no. Yo diría que hay quejas con los tiempos en todas las causas.

-Cornejo supo decir que con lo de Las Heras se demoraban mucho.

-Bueno, ahí tiene, lo ha dicho públicamente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se han respetado los tiempos, son cosas muy complejas, hay pericias y contra pericias, hay un querellante y una defensa que se bombardean, ofrecen nulidades, hacen 30 audiencias impugnando esto y lo otro. Y todo esto demora, porque cada vez que hay una audiencia, parte el expediente para allá o o se suspende todo. Entonces no se pueden hacer las cosas más rápidas en esto. Hacemos lo posible nada más.

-¿Hasta cuándo piensa seguir siendo Procurador?

-Estoy cómodo con 45 años de servicio (ndR: en la Justicia provincial). Me gusta lo que hago, me apasiona y siempre me acuerdo de una película que vi, Notting Hill. Cuando le preguntan a la chica hasta cuándo se va a quedar acá, dice: “indefinido”.

FELIZ CON EL LABORATORIO DE GENÉTICA

El procurador Gullé está orgulloso de los aportes del laboratorio de genética de la provincia y se ocupa de hacerlo constar.

“Nos está dando unas satisfacciones increíbles. Esto es un plus que tenemos. Hemos tenido 101 matchs positivos, es decir, hemos esclarecido 101 causas merced a la genética. Ya tenemos casi 1.000 matchs logrados. Cuando se tiene un match positivo, es una condena”, explicó Gullé.

Resaltó también un convenio con la Procuración de La Pampa para hacer comparaciones de bases de perfiles genéticos, debido a que esa provincia tiene el mismo software que Mendoza, que ha sido provisto por el FBI.

“Hicimos comparaciones entre la base de La Pampa con la base nuestra y logramos detectar 19 personas que componen dos bandas que delinquen en La Pampa y acá, con lo cual les avisamos a los fiscales. Esto es la primera vez que ocurre en el país”, afirmó Gullé. “Imagínese si todas las provincias tuviéramos esta misma posibilidad”, expresó.

-Sorprende que sean sólo dos provincias.

-Porque son las únicas que hemos firmado este convenio. No son las únicas que tienen laboratorios, también Córdoba lo tiene pero el problema es que ellos tienen una ley que es muy acotada. El registro de huellas lo usan nada más que para violadores con sentencia firme y eso es gravísimo porque para que quede un un tipo acusado de violación condenado por sentencia firme pueden pasar 10 años y ya no sirve el registro. Ahora se ha presentado un proyecto de ley en la Nación para ver si amplían una ley igual a la nuestra.

Otra novedad es que las huellas analizadas ya no tienen que ser del supuesto autor de un delito. “Estamos haciendo búsquedas indirectas en genética utilizando marcadores de cromosoma Y, que es el que va por vía paterna, con lo cual si nosotros le hacemos a usted un análisis del perfil genético y no es el autor, podemos detectar con la evidencia si es algún pariente suyo. Esto es único en el país, no lo hace nadie, es espectacular. Son búsquedas con pedigree”, explicó.