El Gobierno prorrogó hoy las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos de la ley “Bases”, con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.
Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció esta noche la prórroga del período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.
Además, esta prórroga de extraordinarias también habilita a que el Senado tanga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de LLA que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.
Prórroga oficial de las sesiones extraordinarias
Pedido de legisladores
Si bien la negociación con la oposición dialoguista avanzó esta semana en Diputados y todo se encamina a lograr la media sanción en una sesión maratónica entre jueves y viernes de la semana que viene, por reglamento el dictamen se debe firmar diez días antes de la sesión.
Entre los legisladores que habían pedido la prórroga están el mendocino Julio Cobos y el de provincia de Buenos Aires, Facundo Manes.
Anoche, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.
El consenso al que se llegó anoche está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.
Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.
Los cambios a los que accedió el Gobierno
El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.
Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.
En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio “dos o tres alternativas” para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una” de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a ‘generar la actualización por algún índice’”, como por caso por inflación.
Los avances fueron destacadas esta mañana por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien puso de relieve el apoyo de “un sector de la oposición” al proyectoenviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al igual que empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Me gustaría destacar el trabajo en la Cámara de Diputados, especialmente con un sector de la oposición que de manera razonable no sólo están acompañando sino que nos han alcanzado un sinfín de mejoras para hacerle a la ley que hemos recibido con mucho agrado”, expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Por su parte, y en declaraciones radiales, el diputado nacional Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), calificó de “cordial” la reunión que ese espacio político mantuvo con funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza para buscar un acuerdo sobre la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y señaló que se explicaron las discrepancias “con altura y sustancia”.
De este modo, el diputado se refirió al encuentro realizado ayer entre el ministro del Interior, Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo con los bloques opositores que están dispuestos a apoyar, si se realizan modificaciones, el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.
Hoy, en tanto, desde la oposición, el jefe de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los acuerdos entre legisladores del oficialismo y la oposición considerada dialoguista para avanzar en la ley y afirmó que “están por abrir la puerta al poder absoluto” en manos del presidente Javier Milei, al afirmar que “lo hacen en una negociación a espaldas del Congreso”.
Según Martínez, con esas modificaciones “algunos bloques le van a permitir que pasen núcleos fundamentales sobre el que se basa el plan económico y político de MIlei”.
En declaraciones a Futurock, el jefe de la principal bancada opositora dijo seguir “por los medios” las alternativas de esas negociaciones con los bloques más dialoguistas y el oficialismo y recordó “cuando a principios de semana dijimos que había dos ámbitos de negociaciones: uno formal en las comisiones donde recibimos a entidades y referentes sectoriales, con voces del 85 por ciento en contra y enfrente en el primer piso del despacho del presidente Martín Menem se llevaba adelante una negociación sobre el núcleo neurálgico del proyecto”.
A esos cuestionamientos, se sumó un grupo de 10 de los 34 diputados nacionales que integran el bloque de la UCR, que se diferenció del resto de la bancada y le solicitó anoche al Poder Ejecutivo por vía de la Presidencia de la Cámara extienda las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de febrero para “dar el debido y adecuado tratamiento” al proyecto de ley “Bases”.
Encabezado por el bonaerense Facundo Manes, el mendocino Julio Cobos y el formoseño Fernando Carbajal, este grupo se debate entre “no claudicar ante la inflexibilidad” del Poder Ejecutivo y “no quedar votando junto al kirchnerismo”, mientras miran con recelo “el silencio sobre las definiciones del sector de Martín Lousteau”
En cuanto al escenario de cara a una posible sesión, La Libertad Avanza parte de sus 38 diputados propios y puede sumar con los aliados a Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, siete apoyos con lo que alcanzaría 45 votos, por lo cual requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal para alcanzar los 129 del quórum y de la mayoría para las votaciones
Así, desde LLA miran atentamente a la UCR que suma 34; el PRO, 37; Hacemos e Innovación, 32 y Ser Santa Cruz, 2; en un mapa en el cual Unión por la Patria con 102 votos y la izquierda con 5 que rechazan de plano la iniciativa.
En caso de lograr el acuerdo con los bloques dialoguistas, el oficialismo conseguiría un dictamen con 68 firmas y superarían a Unión por la Patria y la Izquierda, con el rechazo a la ley, que totalizarían 47, sobre las 115 totales que componen el plenario.
