A casi un año de su última actividad, no hay certezas sobre el futuro del CEAS

Uno de los proyectos que nació con bombos y platillos durante el gobierno de Rodolfo Suárez, parece haber encontrado su fin a la par de su gestión o al menos no tiene asegurada su continuidad hoy por hoy. El Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) que fue creado en el 2020 con el fin de discutir “políticas de Estado” entre diversos sectores de la Provincia, se mantiene inactivo desde hace casi un año y no hay perspectiva de que Alfredo Cornejo lo ponga en marcha nuevamente.

La última actividad que mantuvo el CEAS fue el 21 de abril de 2023, cuando el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, expuso el proyecto final de la reforma de la ley de administración financiera, que luego ingresó a la Legislatura y aún no logra despacho en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados para su tratamiento en el recinto.

Luego, en un año marcado por la campaña electoral, no se dio ni siquiera una instancia de balance para cerrar la primera gestión del órgano consultivo. Diario Los Andes se comunicó con el exministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quién presidía las sesiones del CEAS y sorpresivamente no quiso dar ningún detalle.

El actual jefe de asesores de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación se limitó a decir: “No corresponde que hable de algo que ya no está a mi cargo”.

En el seno del Ejecutivo la consulta también causó sorpresa. Desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a cargo de Natalio Mema, es decir quiénes tienen la potestad de activarlo, aseguraron que hasta el momento “están evaluando los proyectos y cómo continuar”.

Por su lado, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, que estuvo a cargo de la coordinación de la comisión de Agua y Saneamiento, puso en valor la elaboración del máster plan hídrico que fue enviado al Departamento General de Irrigación y dijo que “el CEAS fue una buena iniciativa de diálogo y consenso”, pero no se arriesgó a vaticinar qué sucederá. “El Gobierno está analizando cómo seguir, acorde al nuevo escenario político e institucional”, agregó en sintonía con lo expresado en la otra cartera.

A las voces que esquivan información precisa, se le suma que la página web se encuentra caída. Un signo de desinterés por el órgano creado por ley en el año 2020, con el fin de “constituir un canal de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socio-económica y ambiental de la Provincia de Mendoza”.

En su origen, se constituyó con un plenario de 40 integrantes de diferentes espacios de la sociedad civil, incluyendo empresarios, sindicatos, municipios y fuerzas políticas. Además de la participación de los exgobernadores que quisieran hacerlo.

Para la elaboración de proyectos y políticas públicas, se conformaron siete comisiones de trabajo: pobreza y hambre cero; calidad de educación; agua y saneamiento; crecimiento económico; infraestructura; ciudades sostenibles e igualdad de género.

Además del proyecto de reforma de ley de la responsabilidad fiscal, el cual fue ideado por el ministro Fayad y posteriormente puesto a consideración para observaciones de los consejeros, las siete comisiones aprobaron 8 iniciativas en el primer semestre de 2022 y luego las remitieron a las dependencias correspondientes.

El primero que se puso en marcha fue “Transparencia que Alimenta”, que impulsó la Comisión de Pobreza y Hambre Cero, con el fin de generar mecanismos de trazabilidad sobre las compras públicas de los alimentos. Se trató de una iniciativa ideada entre la Federación de entidades no gubernamentales de niñez y adolescencia de Mendoza (FEDEM), la Fundación Nuestra Mendoza y el Banco de Alimentos. Sin embargo no se llegó a implementar como tal, según sus impulsores.

Un integrante de esa comisión criticó que “se dieron pequeños avances pero no se implementó como estaba planteado. Se dieron algunos cambios como incorporación de beneficios extras a la hora de evaluar los puntajes de los proveedores de la economía solidaria, pero fue poco lo que se activó y se llevó adelante. Se planteaba una mayor trazabilidad con respecto a la compra de alimentos y tampoco se aplicó como se esperaba”.

Además del plan estratégico de Irrigación al que hizo referencia García Zalazar; se aprobaron también: la promoción de productos de Mujeres Rurales (propuesta legislativa aún sin aprobación); la elaboración de un circuito de Senderismo Mendoza; Simplificación de trámites; Foros para pensar la educación de Mendoza; Inventarios de gases de efecto invernadero para todos los municipios de Mendoza y elaboración de un plan local de acción climático, e Inversión pública con la visión económica, ambiental y social.

Desde la Fundación Nuestra Mendoza, el director ejecutivo Facundo Heras, puntualizó en diálogo con este medio los errores que tuvo el CEAS en su funcionamiento. Dijo que propusieron renunciar al puesto que ocupaba el por entonces titular de esa ONG, Rafael Kemelmajer, como referente ambiental para darle espacio a otras organizaciones pero ni siquiera recibieron respuesta.

“Nuestra Mendoza renunció a su participación en el CEAS porque creíamos que era necesaria la rotación de personas en esta mesa de diálogo y propusimos otras organizaciones para que participaran, pero tampoco tuvimos respuestas. Nunca más se reunió para mantener un eje de trabajo y las comunicaciones se perdieron absolutamente”, esgrimió.

Como mencionamos, durante el año 2023 la actividad del CEAS fue prácticamente nula y se debió a que estaba atada a la agenda política del ministro Ibáñez, en pleno período electoral.

“El CEAS quedó totalmente inactivo. Las reuniones eran convocadas directamente por el ministro de Gobierno, por lo que estaban atadas a su agenda y se dio que muchas veces se caían las convocatorias. No había una agenda clara, hubo un gran desgranamiento en el último tiempo. Nosotros preguntábamos quiénes participaban y tampoco había precisiones. Esta falta de coordinación llevó a que cada una de las diferentes áreas trabajaban sí tenían ganas”, apuntó otra fuente a Los Andes.

La dirigente peronista Patricia Fadel integró el CEAS como representante de esa fuerza y fue lapidaria con su funcionamiento: “Fue una puesta en escena, no había manera de que funcionara porque había muchísima gente y en las comisiones primaban las propuestas que traían los coordinadores. Fue más para la vidriera que otra cosa”.

“El Gobierno no tuvo la intención de poner en marcha algo serio, se llegó a algunos proyectos pero no tuvieron ningún resultado. Intentaron mostrar unidad entre distintos sectores, pero no había forma. Era todo tendencioso, no llegó a ningún lado”, agregó.

En tanto, Heras comentó: “Me parece que la forma en que se implementó no ha servido. Siempre los espacios de participación son válidos y dan aportes a las mejoras de las políticas públicas, pero creo que hay que repensar cuál es el funcionamiento y hay que tener realmente la decisión de que sean espacios que empoderen a los diferentes sectores para que puedan modificar el status quo”.

“Impulsar espacios de participación para la tribuna no hacen otra cosa más que desgastar las instancias y afectan la credibilidad de la ciudadanía. De la forma en que se desarrolló, está más que claro que no funcionó”, completó el director ejecutivo de Nuestra Mendoza.

La última actividad

Como mencionamos, la última actividad del CEAS propiamente dicha fue la exposición del ministro Fayad el 21 de abril de 2023, cuando le presentó a los consejeros el proyecto final de actualización de la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal.

En ese momento, el ministro aseguró que la participación del consejo fue importante para la redacción final: “Después de muchos meses de trabajo, no sólo del equipo del Ministerio de Hacienda, sino también de manera interconsulta con el Consejo Económico, Ambiental y Social, con distintos legisladores, con el honorable Tribunal de Cuentas y con el resto de los Ministerios, hemos llegado a la versión final de un proyecto de ley que estaremos enviando a la Legislatura cuando el Gobernador lo disponga, de responsabilidad fiscal”.

Fayad explicó que “la norma vigente en la provincia data de 2005, y este proyecto lo que busca es actualizar y agregar algunos parámetros”.

Entonces indicó que “hay ciertas cosas que una administración saliente no puede hacer, sobre todo para no complicar la administración entrante, y con dos novedades importantes: una es la redefinición del fondo anticíclico, que es un rol indelegable que tienen los gobiernos, que es el de suavizar los ciclos económicos y de contar con fondos para paliar las crisis, crisis en las que habitualmente cae la recaudación y aumenta la demanda por servicios públicos. La idea es tener un fondo anticíclico para poder paliar estas crisis”.

El proyecto fue enviado a la Legislatura ese mismo mes pero no logró avances en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, ya que en medio de la campaña electoral el peronismo pidió tiempo para debatirlo y encontró férreas objeciones, sobre todo en la constitución de un fondo anticíclico obligatorio. Por el momento, desde Cambia Mendoza ratifican su intención de abrir la discusión nuevamente, a la espera también de un paquete de leyes fiscales del ministro Fayad que podría enviar en breve y la incluiría con otras modificaciones.