La Justicia Federal procesó a Carlos Valcarcel y Laura Domíguez -ex funcionarios de PAMI Mendoza - quienes no le habrían prestado atención a una paciente que fue diagnosticada con un tumor en la mandíbula y que, a raíz de la demora en ser tratada, finalmente murió en 2019.
Recientemente el Juzgado Federal a cargo del juez Walter Bento procesó por los delitos de homicidio culposo y por violación de los deberes de funcionario público al cardiólogo de 65 años que fuera director ejecutivo de PAMI delegación Mendoza y actual gerente de OSEP delegación Luján y médico personal de ex gobernador Alfredo Cornejo.
Por los mismos delitos y en la misma causa también fue procesada la doctora Laura Elizabeth Domínguez, quien se desempeña como coordinadora médica de la obra social de jubilados actualmente y al momento del hecho. Ambos fueron procesados sin prisión preventiva pero con un embargo de $200.000.
Para la Justicia, ambos habrían sido responsables del fatal desenlace ya que “no ejecutaron las normas cuyo cumplimiento les correspondía, retrasando el diagnóstico, tratamiento médico e intervención quirúrgica que debía recibir la afiliada (María del Carmen Bassaill), quien padeció un tumor- precisamente osteosarcoma de mandíbula- y falleció en el hospital Central el 28 de noviembre de 2019, sin intervención alguna de personal médico de ese Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados”.
Según un profesional que la atendió, la paciente tenía “un tumor gigante de más de 10 centímetros en la rama horizontal de la mandíbula, con invasión al piso de la boca”. Y la Justicia cree que los 10 meses que se habría demorado PAMI en diagnosticarla y tratarla, habrían sido la causa de la muerte.
“Volví a atender a la paciente el lunes pasado con aumento del tamaño tumoral, nuevos estudios de extensión y me comuniqué personalmente con administrativos de PAMI, quienes no habían resuelto nada sobre el tratamiento de la paciente. La cirugía no se realizó por cuestiones administrativas del PAMI, nunca autorizaron la cirugía en tiempo y forma como se solicitó”, declaró un médico que la trató en el hospital Central.
Una demora de 10 meses
Siempre según el expediente, en enero de 2019 la paciente realizó una interconsulta con un neurólogo porque sentía un adormecimiento de su rostro en el lado derecho y el médico la derivó a un dentista, quien le recomendó que fuera a ver a un especialista ya que podía enfrentar una cirugía ambulatoria.
La paciente entonces fue derivada al doctor Julio Arias, prestador del PAMI y especialista en cirugía maxilofacial, que le dio un turno para fines de abril, es decir, casi tres meses después.
Frente a la demora, María del Carmen pidió que la derivaran a otro profesional. La respuesta fue que no se podía ya que Arias era el único prestador de esa especialidad con que contaba PAMI.
Como el cuadro se agravaba fue al hospital Central, donde le dijeron que debía someterse urgentemente a una operación porque tenía un tumor maxilar. Con ese diagnóstico tuvo que esperar a ser atendida por Arias al regreso de su licencia, quien le solicitó una biopsia y el 21 de mayo la derivó a un especialista de cuello y cabeza de apellido Ayala. Este, a su vez, le solicitó una nueva biopsia y la derivó a otro especialista, el doctor Valerio.
Este médico le dijo, coincidiendo con doctores del hospital Central, que debía operarse de urgencia y le dio un presupuesto para que se lo autorizara PAMI, pero la orden no fue autorizada.
La mujer entonces se presentó en la Justicia y denunció a las autoridades de PAMI presentando testigos y otras pruebas, por lo que se inició una causa por abandono de persona. Luego de que el abogado Raúl López se constituyera en representante legal de la mujer, la causa cambió de carátula ya que el 28 de noviembre María del Carmen falleció en el Central.
“Yo la conocí a la señora a fines de septiembre del año 2019. Fue muchísima la demora que hubo para que PAMI autorizara los estudios antes de que llegara al hospital Central. PAMI no puede tener un solo prestador para este tipo de patologías. El diagnóstico fue tardío, la atención fue tardía, y en cuanto al tratamiento, puedo decir que no tuvo. Llegó sin tratamiento con un tumor avanzado. A mi criterio, nunca nada estuvo acorde a las reglas de curar. El diagnóstico se demoró algo así de 10 meses”, declaró uno de los especialistas del Central que trató a la paciente.
En relación a que si la causa de muerte tuvo que ver con esas demora, dijo: “Indudablemente, porque el pronóstico de vida depende del estadio de la enfermedad. A mayor estadio el pronóstico es más desfavorable. Si el PAMI hubiera autorizado las cosas como corresponde, a los dos o tres meses, era una cirugía mucho más simple y con muy buen pronóstico”.