Inda Mariela Peñarrieta, la esposa del narco ecuatoriano prófugo José Adolfo Macías, y sus tres hijos fueron liberados a última hora de ayer, ocho horas más tarde de haber llegado deportada desde Argentina, porque no tenían órdenes de detención en Ecuador.
Peñarrieta, sus cuatro hijos y los tres acompañantes que fueron detenidos en la noche del jueves en Córdoba y fueron deportados en pocas horas y llevados hasta Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, se retiraron de la base aérea Simón Bolívar, al culminar la tarde de este viernes, a bordo de vehículos blindados que los llevaron a su domicilio, informó Teleamazonas, citada por el diario Primicias.
Sobre el estatus legal de la comitiva, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó a NTN24 de Colombia que se daban diligencias respecto a una indagación previa que se mantiene bajo reserva.
“Estamos realizando las respectivas diligencias para tomar una decisión sobre la situación jurídica de la señora Peñarrieta”, agregó la funcionaria.
Peñarrieta, de enfermera a “exitosa” empresaria
Desde hace al menos siete años las autoridades de Ecuador sospechan de Peñarrieta e investigan su vertiginoso paso de enfermera a acaudalada empresaria. El primer caso empezó el 29 de junio de 2017. El fiscal César Suárez -asesinado esta semana en Guayaquil- formuló cargos por presunta delincuencia organizada en contra de 21 personas, entre las que se encontraba Adolfo Macías, alias ‘Fito’, que ya por entonces estaba preso, al igual que otros siete procesados del caso.
Sin embargo, desde prisión, estas personas -en complicidad con otras afuera de la prisión- encabezaban una estructura dedicada al robo de vehículos, sicariato y extorsión, en Manta.
El fiscal, quien en esa época se desempeñaba como fiscal de Manta, había interceptado varias llamadas de los procesados. Por eso, pidió que se hiciera el reconocimiento pericial de la voz de varios sospechosos. En la lista estaba Mariela Peñarrieta, esposa de ‘Fito’.
Sobre la base de esos indicios, el 4 de octubre de 2017, Suárez pidió la vinculación de Peñarrieta y otras 16 personas. En total, ya había 38 procesados en esa causa. Entre los elementos presentados por Suárez para vincular a Peñarrieta estaban las llamadas y mensajes que había mantenido con ‘Fito’.
Pero, además, un reporte de análisis financiero, en el que la mujer tuvo ingresos USD 1,1 millones y egresos por USD 108.000.
Pero, el 11 de noviembre de 2017, el fiscal Suárez se abstuvo de acusar a Peñarrieta, por lo que el juez de la causa la sobreseyó y liberó de la presunta responsabilidad en este caso, según la información que reconstruye Primicias.
Según el archivo del caso, Suárez presentó el dictamen abstentivo un día antes de la audiencia en la que se debía definir si los procesados eran llamados a juicio.
Además de Mariela Peñarrieta, por el dictamen abstentivo del fiscal Suárez, se beneficiaron Jorge y Julio Peñarrieta Tuárez, hermanos de la mujer y cuñados de ‘Fito’.
En marzo de 2018, ‘Fito’ aceptó el delito y se sometió a un procedimiento abreviado. Por esta razón, recibió una sentencia reducida de 28 meses de cárcel.
Inocente de enriquecimiento no justificado
La siguiente alerta sobre Peñarrieta saltó en 2020, la Fiscalía inició una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a ‘Fito’.
Con informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a Mariela Peñarrieta, Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda Mariela, antes sobreseídos también en el caso por delincuencia organizada), Ronald Macías Villamar (hermano de ‘Fito’) y Ramón Macías Intriago (primo de ‘Fito’).
En las cuentas de Peñarrieta, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019.
Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí.
Tres meses después, en noviembre de 2020, el juez Juan Espinosa acogió varios argumentos de la defensa y sobreseyó a todos los procesados.
La Fiscalía apeló y la Corte Provincial de Manabí revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021. Pero en julio de 2022 el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los procesados.
La expulsión de Argentina
Tal vez en atención a este historial, las autoridades argentinas consideraron que la permanencia de los familiares de alias ‘Fito’ era una “situación de enorme peligro para el país”, y decidieron su expulsión.
Todos los integrantes del grupo cercano a alias ‘Fito’ ingresaron legalmente a Argentina el 5 de enero y se alojaron en una lujosa casa country en la provincia de Córdoba en donde fueron detenidos, una propiedad que aparentemente pagaron en efectivo en noviembre de 2023.
Llegaron un par de días antes de que se conociera la fuga de Fito y no pesaba ninguna alerta sobre ellos. Por ello, para lograr la deportación, Migraciones -dependiente del Ministerio del Interior de Argentina- debió cancelar la residencia transitoria de estas personas.
