Así es el plan para controlar la compraventa de cobre y frenar los robos en Mendoza

Mendoza tiene todo listo para dar batalla a un flagelo que ha ido in crescendo en los últimos años: el robo de artículos con cobre y el mercado ilegal de la compraventa, que deja sin servicios a miles de usuarios y genera pérdidas millonarias. Para ello, en poco más de un mes, implementará un sistema que permitirá catalogar e inventariar el cobre de las empresas proveedoras y a quienes tengan autorización para comprar, vender y transportar metales, tan codiciados por los delincuentes.

Ayer el Ejecutivo provincial presentó el que denominó “el plan integral para controlar la compraventa de metales no ferrosos”. Como ya se hizo con un registro de quienes están autorizados a comprar, vender y transportar precursores químicos para controlar la elaboración de estupefacientes, o con la identificación de autopartes y el inventario en desarmaderos para desalentar el robo automotor, un flamante catálogo permitirá controlar el circuito del cobre en la provincia.

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En concreto, lo que se realizará será la reglamentación de la Ley 9447, sancionada a fines de 2022, que establece un régimen preventivo y de control de actividades de metales como cobre y aluminio. “Esto apunta contra la víctima indirecta, que es ese ciudadano consumidor de energía eléctrica, de la telefonía celular, de la conectividad de internet. La víctima directa son las empresas proveedoras de esos servicios como Claro, Movistar, YPF, Edemsa y las cooperativas eléctricas del resto de la provincia”, detalló en diálogo con Los Andes la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus.

Además de los altos costos para reponer los materiales robados o vandalizados, las empresas sufren sanciones monetarias importantes por no proporcionar el servicio o por la discontinuidad del mismo.

La funcionaria admitió que “hay un mercado ilegal del cobre en la provincia que está fortalecido”, cuya modalidad de robo ha ido mutando. Inicialmente el blanco de los ladrones eran los transformadores, de los que se puede obtener hasta 100 kilos de metal en cada uno. Pero la sustracción de cobre de esos aparatos implica una mayor logística, sortear áreas con seguridad y un gran riesgo para la integridad física del delincuente.

“Hemos detectado que hay cobre que se sustrae fácilmente. Al delincuente no le cuesta mucho obtenerlo, por ejemplo, de una acometida, que es el cable que va de una casa particular al poste de luz. Es muy rápido de obtener: basta un cuchillo Tramontina para cortar ese cable, con menor riesgo que lo que implica un transformador y de forma más rápida”, detalló Rus.

Si se tiene en cuenta que el valor del kilo de cobre en el mercado negro es de 4.500 pesos y que se puede obtener de manera relativamente sencilla, el negocio se vuelve tentador para los amigos de lo ajeno. “Esto deja rápidamente sin servicio a este ciudadano pero, además, a las empresas les cuesta mucho poder reponer este cable para poder volver a otorgar la conectividad o el servicio que abastecía a esa familia”, apuntó la ministra, quien fue autora de la norma cuando era senadora provincial.

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Existen departamentos donde el robo de cableado pega más fuerte. “Las Heras es uno de los municipios que más acometidas tiene. Hemos visto un pico muy alto allí, así que eso es un punto de especial atención”, admitió Rus. Pero también hay zonas del Este provincial y del Valle de Uco, además de Maipú y Lavalle, donde este delito es moneda corriente, sobre todo en áreas semirurales.

Sistema informático made in Mendoza

Para regular y controlar la compraventa de metales fue necesario crear un software que incluye un registro y un catálogo de los tipos de metales. El sistema informático fue desarrollado en el Ministerio de Seguridad y Justicia en tiempo récord, según destacó la ministra, y está listo para ser implementado ni bien la normativa entre en vigencia operativa.

“El sistema informático va a permitir controlar a quienes comercian con cobre en Mendoza porque sabemos que, si se roba cobre, quiere decir que hay un mercado ilegal que está recibiendo ese metal robado y que lo está revendiendo o transportando”, explicó la funcionaria. Detalló que la ley va no sólo contra aquellas personas humanas y jurídicas que se dedican a vender metales no ferrosos, sino también contra el transporte. Por ello exigirá además un certificado, que estará digitalizado.

“No hay excusa para los sujetos obligados para completar esos requerimientos, si están dentro del marco de la ley, porque es un sistema muy empático que se puede descargar también, en caso de que alguien no tenga conectividad en algún punto de la provincia. Tiene un código QR y tecnología de punta para evitar que sea una complicación”, apuntó Rus.

Según los registros del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, entre el año 2022 y el 2023 se realizaron 123 allanamientos donde se logró el secuestro de más de 40.000 kilos de cobre. Los sabuesos de la Dirección General de Investigaciones también lograron la detención de 76 personas involucradas en ese mercado negro, que incluye hasta el robo de placas en cementerios y de medidores de agua.

“El sistema es muy empático, es muy fácil de operar. No es complejo porque quisimos que no fuera burocrático. Es todo absolutamente digital”, sumó la ministra. “Va a incluir un catálogo de tipos de cobre. Es innovador a nivel nacional porque no existe en otras provincias. Permitirá que las empresas prestatarias de servicios puedan tener un recupero rápido del cobre cuando se secuestra. Por las características que estarán incorporadas ese catálogo, sabremos que determinado material sólo puede pertenecer a determinada empresa”, añadió.

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Para nutrir ese catálogo las empresas prestadoras de servicios deberán subir al sistema el detalle de los bienes y denunciar si fueron sustraídos. Así, si se secuestran esos elementos que tienen una impresión particular, se cotejará con el catálogo y permitirá un recupero más veloz.

Pero también permitirá a los fiscales imputar más rápido el delito ya que posibilitará identificar si una chacarita tenía a la venta un producto robado. Esto porque las prestadoras de servicios públicos no pueden vender cobre, salvo en un kilaje mínimo determinado en la reglamentación.

“Ese catálogo va a estar a la vista, no sólo del Ministerio Público Fiscal, sino del público en general. Las chacaritas y las personas humanas y físicas que reciban material que se corresponda con ese catálogo van a estar fuera de la ley”, sentenció Rus.

En manos de dos fiscales

La reglamentación de la Ley 9447 contempla que las investigaciones por el robo de estos metales queda en la órbita de dos fiscales de Delitos no Especializados: Martín Lucero, en la Primera Circunscripción Judicial, y Martín Scattareggi en el Este provincial. “Llegamos a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de que un solo fiscal trabaje estos temas. Concentrará no sólo la temática, sino también el conocimiento de las modalidades delictivas, de quiénes son las chacaritas y personas jurídicas en infracción a la ley. Que lo maneje un solo fiscal hace a la efectividad de un proceso y una investigación”, explicó la ministra Rus.

“En la mayor parte de los casos, es muy difícil determinar, por ejemplo en una chacarita, el autor del robo, pero se puede determinar que eventualmente está siendo autor de un encubrimiento agravado porque está recibiendo un producto que es no habido legalmente, que es producto de un delito, y lo está haciendo para revenderlo con ánimo de lucro”, completó la funcionaria.

En caso de que el autor del robo fuera capturado infraganti, sería imputado por robo ya que las acometidas siempre implican un daño.

Expectativas

“Con la operatividad plena de la ley esto tendría que mejorar exponencialmente. No sólo vamos a tener una reglamentación y el sistema que permite que se pueda controlar lo que la ley manda, sino además, una coordinación con el Ministerio Público Fiscal que antes no se tenía ya que estaba dispersado en distintas fiscalías. Esperamos obtener muchos mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahora”, se esperanzó la ministra Mercedes Rus.

Estimó que en un plazo de un mes y medio aproximadamente la ley entraría en vigencia plena. Aunque antes existirá una fase de concientización. “Investigaciones van a ir a hacer una tarea educativa las chacaritas, en las personas que se dedican a manipular este tipo de elementos para informarles y enseñarles cómo subir al sistema y acreditarse para que después no haya excusas”, concluyó.

Desde Edemsa, una de las empresas más afectadas por estos robos, confiaron a este diario que están satisfechos con la iniciativa y expectantes por su puesta en marcha.