La guerra silenciosa y silenciada

“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: la paz”.

Albert Einstein

La experiencia de ser observadores y testigos inertes de la destrucción de Ucrania por parte del “capricho” geopolítico por parte de Rusia, no deja lugar a dudas del sufrimiento irreversible que reviste un conflicto armado.

En medio de la pérdida de indefensas víctimas civiles, el desplazamiento de población y los inconmensurables daños en infraestructura, la guerra causa considerable destrucción y degradación del medio ambiente y, en algunos casos, daños irreparables para los ecosistemas y el patrimonio cultural mundial. Los conflictos armados provocan daños a la salud, a la disponibilidad de agua y de alimentos, y a la integridad de las personas; como así como al medio ambiente, cuyos efectos persisten aún mucho después del final del conflicto.

A comienzos de la década de 1970, ocurrieron dos acontecimientos importantes: la comunidad internacional comenzó a ocuparse de la protección del medio ambiente y se llevaron a cabo los primeros intentos serios por subsanar las deficiencias de la protección jurídica de las víctimas de conflictos armados. Ambos procesos fueron consecuencia de la opinión pública, provocada por una serie de hechos de gran importancia: las consecuencias medioambientales y sanitarias de la defoliación causada por el uso de herbicidas durante la guerra de Vietnam, y los lamentables derrames de petróleo provocados durante las dos guerras del Golfo.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convinieron las “leyes de la guerra” a través de los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Dichos Convenios son tratados universalmente aceptados que protegen a los heridos y los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra y las personas civiles. Protegen, asimismo, a la misión médica y al personal, las unidades, las instalaciones y los transportes sanitarios. En el afán de ampliar la protección de los Convenios a otros ámbitos importantes como el de la conducción de las hostilidades y la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades, se aprobaron en 1977 dos Protocolos complementarios.

El Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales trata específicamente de la protección del medio ambiente en período de conflicto armado internacional. Se establece la prohibición general de emplear “métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”. Asimismo, se dispone que “en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”.

El citado Protocolo también protege los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, estipulando la prohibición, como método de guerra, de hacer padecer hambre a las personas civiles; y protege las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, definiendo que las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques.

En la misma línea, los conflictos armados también amenazan a los bienes culturales. El patrimonio suele ser objeto de ataques intencionados. La destrucción masiva infligida durante la Segunda Guerra Mundial fecundó el primer instrumento internacional con vocación universal centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural: la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954. La misma prohíbe la utilización de bienes culturales para fines que puedan exponerlos a la destrucción o el deterioro. También exige que los beligerantes se abstengan de cualquier acto hostil hacia esos bienes. Además, pide que se inculque en las fuerzas armadas un espíritu de respeto por los bienes culturales de todos los pueblos.

La Convención es reforzada con dos protocolos, impidiendo la exportación de bienes culturales desde un territorio ocupado; solicitando la criminalización de la destrucción deliberada de cualquier bien cultural; y estableciendo un fondo especial para ayudar a los Estados a proteger sus bienes culturales.

La actual guerra de Ucrania expone la violación a principios consagrados del Derecho Internacional Público tales como el principio de la igualdad soberana de los Estados; de abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; de no intervención en los asuntos internos de los Estados; de cooperación pacífica; de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos; de respeto de derechos humanos. En este mismo sentido, el conflicto actual denota la violación a la protección del medio ambiente natural y cultural.

Si bien los hechos demuestran que las convenciones internacionales no suelen ser suficientes para proteger el medio ambiente y el patrimonio, como tampoco la población civil; es fundamental que la comunidad internacional y las instituciones que la representan, respeten, apliquen y fortalezcan las normas de Derecho Internacional Humanitario y llevar a los responsables de la destrucción ante la justicia y obtener reparaciones.

Tanto los recursos naturales como los culturales son vitales para restablecer y mantener de la paz después de un conflicto, promoviendo la recuperación económica e identitaria, y permitiendo que la sociedad retorne a su modo de vida “normal”.

*La autora es del Grupo de Historia Ambiental. IANIGLA-CONICET.