Mendoza tiene ahora una causa provincial que une a todos y cierra la grieta. La primera en años. Portezuelo del Viento es la razón por la que, aseguran, lucharán juntos el oficialismo provincial liderado por el radicalismo y la oposición peronista.
Una causa en la que todos se alinean discursivamente. Aunque con diferencias: el Gobierno ve en la Nación y La Pampa a potenciales enemigos; el peronismo cree que el diálogo puede solucionarlo todo.
Por eso, detrás de ese acuerdo hay intereses opuestos y desconfianzas mutuas disimulados por las urgencias de unos y otros. La grieta, más que cerrada, parece apenas zurcida y sin mucha habilidad.
La decisión de pedir un nuevo laudo presidencial para que Alberto Fernández defina de una vez si hay que hacer otro estudio de impacto ambiental fue el resultado de la primera reunión institucional en casi dos años del Gobierno con los referentes del PJ.
La definición llegó casi un mes después de que el ministro del Interior, Wado de Pedro, dejara en shock al oficialismo provincial al decir que nunca se había completado el pedido de laudo que acá se daba por presentado desde junio de 2020.
Desde entonces, el debate pasó por si se cumplió o no con las formalidades. Suárez y su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, hasta hoy insisten en que se hizo todo bien. El peronismo, y en particular la influyente senadora K Anabel Fernández Sagasti, retruca que no se completó la presentación como correspondía.
Esas diferencias afloraron en la reunión del viernes. Fernández Sagasti fue quien propuso pedir nuevamente el laudo para no quedar entrampados en una discusión que lleva a ningún lado. Si el que debe definir dice que no hay trámite, es en vano tratar de demostrar que se tiene la razón.
Suárez accedió. Al fin de cuentas, el peronismo le obsequió una salida elegante: no tiene que admitir errores en la solicitud y puede insistir con Portezuelo como estandarte de su gestión, tras el vacío que ha dejado el fin del coronavirus como una amenaza de grandes proporciones.
Con las grandes transformaciones que imaginó truncadas y la pandemia en retirada, el Gobierno provincial ha quedado desnudo y obligado a buscar un rumbo hasta diciembre de 2023. Un rumbo que aún no se percibe.
Ese deambular queda en evidencia en una decisión sobreactuada: se anticipó una semana el inicio de las clases y llegada la fecha hay un centenar de escuelas que necesitan reparaciones importantes sin las obras iniciadas, otras 12 sin gas y casi 30 a las que YPF no les cargará los tanques hasta que arreglen la red interna.
Cada cual atiende su juego
La represa malargüina aparece como la única opción que tiene el Gobernador de estampar su sello en un hecho trascendente antes de irse, aunque sea poniendo la piedra inaugural. Pero sigue dando vueltas en las cabezas oficialistas el “plan B” para invertir los 1.023 millones de dólares que paga la Nación en cuotas.
Ese plan, que el propio oficialismo salió a promover como una alternativa más conveniente que el dique en el río Grande, no es más que un listado de obras con presupuesto estimado. No hay ni un solo paso dado para licitar alguna de ellas y el inicio de su ejecución seguramente recaería en la próxima gestión gubernamental. A Suárez no le sirve.
Pese a eso, el tema surgió en la reunión y fue la causa del cruce más fuerte entre unos y otros. El Gobierno nunca admitirá que sigue en pie. El PJ se comprometió a no contar que se había hablado sobre eso. La reacción malargüina a principios de enero activó las alarmas y en el oficialismo no quieren ni oír hablar de protestas.
Al peronismo Portezuelo también lo ayuda con sus propias urgencias. Ponerse del lado de la obra ahora (aunque nunca la impulsó cuando fue gobierno) y ofrecer su apoyo le permite mostrar cierta independencia de la Casa Rosada. Así, cree, empezaría a congraciarse con el electorado.
Sospechado de alinearse con las decisiones nacionales por sobre los intereses de Mendoza desde la gestión de Celso Jaque, el PJ ha sido castigado una y otra vez en las urnas.
Si acompañan a Suárez a la audiencia con Fernández, seguramente los peronistas no van a entrar golpeando puertas. Pero la foto pidiendo por Mendoza les sirve y mucho para cambiar la percepción ciudadana.
Más allá de apoyar la estrategia oficial y sugerir el pedido de un nuevo laudo, el PJ (como también el aliado del Gobierno Omar de Marchi) cree que se puede adjudicar la obra sin esperar la decisión. “Los estudios geológicos previos demoran ocho meses”, acotan. Ese intervalo daría tiempo a que se expida la Nación, dicen.
Ese convencimiento a favor de Portezuelo tiene un trasfondo: quieren apurar la concreción de la megaobra para neutralizar el “plan B”, detrás del cual ven la mano del ex gobernador Alfredo Cornejo.
“Si ahora empezamos recién a discutir qué queremos hacer con ese dinero es como pegarnos un tiro en el pie”, dice una de las autoridades partidarias. Y arremete: “Si no adjudican e insisten con el laudo es porque quieren culpar a Fernández de que la obra se cayó y así no hacerse cargo de contarle a la gente que cambiaron de idea”.
Amarga espera
El Gobierno se niega a avanzar con la adjudicación, aunque el año pasado insistía que lo haría, porque dice temer consecuencias legales para Suárez. “Rody no tiene vocación de procesado”, deslizan en su entorno. Pero aun con un laudo favorable podría haber una demanda que frene la obra.
El alerta roja que desactivó aquella intención fueron las declaraciones de Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, a fines de 2021. La funcionaria nacional dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. “Anticipó una decisión presidencial, así era imposible adjudicar”, explican ahora.
Para quitarle trascendencia a las demoras, aclaran que igual el proceso licitatorio tiene por delante cuatro o cinco meses de trámites antes de llegar a proclamar el ganador de un concurso con un solo competidor. Esos meses bastarían para conocer la opinión presidencial y así avanzar.
El nuevo planteo para que laude Fernández incluirá explícitamente la solicitud de que se resuelva en 30 días hábiles. “Un tiempo prudencial”, consideran. Difícil fijarle plazos a un presidente con el que nunca hubo un diálogo fluido y que de hecho aún no responde el pedido de audiencia que hizo Suárez hace 20 días.
Hay otro factor que juega en contra de ese apuro provincial: los plazos fijados en el reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) estiran hasta a seis meses los tiempos de resolución de un laudo.
La semana próxima, Ibáñez y su equipo se pondrán a trabajar en ese pedido, aunque no se sabe cuándo estará listo. El ministro es el funcionario en el que más confía Suárez y por el que pasan todos los temas clave. Además de Portezuelo están en sus manos el proyecto de boleta única y las paritarias estatales. Y hacia él apuntan las críticas del PJ por las dilaciones e infortunios de los últimos tiempos en el caso de la represa.
El peronismo se dice dispuesto a interceder para acelerar la audiencia. La causa provincial manda. Pero hay una frase de Fernández Sagasti que marca hasta dónde llegará ese apoyo: ellos van “a acompañar”. El camino debe fijarlo el Gobierno. No serán la senadora ni sus compañeros quienes negociarán con la Nación.
“Suárez nunca dialogó con los gobernadores del Coirco y por eso terminaron del lado de La Pampa. A Kicillof le puede interesar tanto como a Mendoza que se haga Portezuelo pero nunca lo llamó. Y el apoyo de Buenos Aires sería clave para torcer cualquier decisión nacional a nuestro favor”, dice un peronista influyente.
En la Casa de Gobierno tienen algo decidido: hasta que no haya una resolución a favor o en contra no se va a avanzar. Ni con la adjudicación ni con el “plan B”. La última palabra se la dejan al Presidente.
