La autonomía de Cornejo, la ley que no se toca y otra chance para la minería

Alfredo Cornejo camina sobre territorio desconocido. La negociación política, tal como la ha ejercido desde hace cuatro décadas, cuando ya despuntaba como referente de Franja Morada, ha muerto en la era Milei. Todo ahora es prueba y error. El derrotero de la fracasada “ley ómnibus” que pretendía el Gobierno nacional lo demuestra. El Presidente no hace concesiones. Prefiere perder a ceder.

“Todo es muy raro, tienen un gran quilombo”, se sinceró hace unos días el Gobernador ante uno de sus funcionarios más cercanos. Esto explica su decisión no anunciada, pero sí notoria, de tomar distancia de la gestión nacional. Los intendentes con los que se reunió hace más de dos semanas ya intuyeron ese cambio de postura.

Para Cornejo, pasó el tiempo de intentar acercarse a Milei para ofrecer colaboración. No hubo respuestas del otro lado, ni siquiera interlocutores válidos. Por eso, su objetivo será cada vez menos aquel de tener influencia nacional (enunciado una y otra vez) y cada vez más lograr autonomía para Mendoza. “Que él se ocupe de ordenar la macro que yo me voy a ocupar de que todos los servicios públicos funcionen mejor”, asume en privado, dando por cerrada una etapa.

Hay también ejemplos que le han servido para asumir esa postura más distante. El cordobés Llaryora se acercó demasiado al círculo de fuego presidencial y salió quemado al grito de “traidor”. Tampoco les va mejor a los mandatarios del Pro, el partido más alineado con Milei. Jorge Macri no logra aún que le restituyan los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que Alberto Fernández destinó a la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof.

El gobernador mendocino, igual, mantendrá su apoyo a la “batalla cultural” que da el Presidente y que está alineada con muchas de sus ideas. Ese “trabajo sucio” nacional sirve incluso para justificar decisiones locales.

Hay por supuesto, además del desaire político, una razón económica detrás de ese distanciamiento: la Nación metió la mano en la caja provincial. Y ese parece haber sido un límite. Era sabido que los fondos discrecionales desaparecerían. Pero nadie esperaba la quita de fondos no discrecionales, como el incentivo docente y el subsidio al transporte.

Son dos golpes directos a las finanzas de Mendoza, que en diciembre y enero perdió el 10% de los ingresos respecto de un año antes por la caída en la coparticipación nacional (explicada por Ganancias y merma de IVA) y la menor recaudación provincial.

El desaire de Milei, el cortoplacismo al poder y la nueva versión de Cornejo

Ese 10% de reducción de los ingresos es “tolerable” aún. En el Gobierno aceptan también que ni la quita del incentivo docente ni la del subsidio al transporte por si solas “te dan vuelta”. Pero la preocupación está puesta en una caída mayor de la actividad económica por la devaluación y la inflación y su efecto en la recaudación.

La Provincia decidió hacerse cargo por ahora de pagar el incentivo docente (una suma fija que representa en el mejor de los casos el 10% del salario). Pero en abril volverá a analizar la situación. “Si la Nación sigue sin transferirlo, puede que dejemos de pagarlo”, aceptan. Será, seguramente, el eje de la próxima paritaria. La tanda actual cerró con acuerdos con casi todos los gremios estatales.

Más compleja es la situación del subsidio al transporte. Ese dinero se volcaba, a través de la SUBE, a los descuentos para viajeros frecuentes o el pasaje gratis para los docentes, por ejemplo. Sin el aporte nacional, o se eliminan esos beneficios o la Provincia los financia por su cuenta.

La del transporte público de pasajeros es una de las reformas que se hizo durante su primer gobierno que más enorgullece a Cornejo y difícilmente la sacrifique. Hay un número que repiten en la Casa de Gobierno con asombro: durante este mes, sin clases y con muchos usuarios de vacaciones, ha habido 800 mil transacciones diarias en el Gran Mendoza.

En este contexto, saben ineludible la decisión de aumentar el boleto otra vez. Desde el 1 de febrero cuesta 200 pesos y podría subir a entre 400 y 500 pesos, según algunas estimaciones iniciales. Nunca se llegaría al nivel de Córdoba, que lo duplicó y lo llevó a $700.

El desencanto en el oficialismo mendocino con Milei apunta a que hasta ahora la motosierra tan mentada ni la ha arrancado: el ajuste se está dando sólo por las transferencias a las provincias y la licuación de gastos por la alta inflación. Pero no ha habido ni un despido en el Estado nacional.

En guerra

La caída de ingresos parece haber puesto más nerviosos a los intendentes que a Cornejo, pese a que la gran mayoría de ellos cuentan con ahorros que llegan a cinco o seis nóminas salariales. El disparador fueron los cambios en la distribución de recursos por los datos del último censo, una caída que en el peor de los casos ronda el 3% del presupuesto que tienen para este año. O sea menos que el 10% que ya han bajado sus ingresos por la menor recaudación.

Tres municipios gobernados por radicales cornejistas que están debutando en el cargo son justamente los más afectados: Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, en ese orden.

De todos ellos, el más ruidoso es el godoicruceño Diego Costarelli, que armó un tándem con el lasherino Francisco Lo Presti para reclamar al Ministerio de Hacienda que se vuelva al antiguo reparto de fondos, sin tener en cuenta el último censo. Dicen que el guaymallino Marcos Calvente también fue invitado a sumarse y al parecer prefirió evitar un conflicto con su jefe político, quizás sabiendo que ese pedido no prosperará.

La contracara de ellos son dos opositores: el lujanino Esteban Allasino y el maipucino Matías Stevanato, que conducen los departamentos que tuvieron mayor crecimiento poblacional. Allasino ha encabezado la defensa mediática para no perder su beneficio (recibirá unos 3.000 millones de pesos más este año) apuntando directo a Godoy Cruz y Las Heras y las ventajas que tuvieron durante 28 años.

Entre los intendentes radicales admiten que el objetivo es instalar la necesidad de una nueva ley de coparticipación municipal. Entre los opositores sostienen precisamente lo mismo: que el oficialismo quiere una nueva ley para favorecer a los municipios que gobierna, así como Arturo Lafalla hizo en 1996 con los del PJ.

La preocupación de los que pierden ingresos pasa también porque el reparto actual se mantendrá hasta el próximo censo y la brecha se profundizará cada año: el presupuesto toma la proyección de población y ésta favorecerá a Luján y Maipú.

Unos y otros parecen ignorar una decisión de Cornejo: por ahora, la ley de coparticipación municipal no se toca. “No es el momento, no están dadas las condiciones”, ha dicho a los suyos. No lo descarta en dos años, si la economía y la recaudación se estabilizan. Pero a la vez lanza una advertencia: “No voy a ceder un peso de la Provincia a los municipios. Ya Jaque les subió la parte que se llevan de los impuestos del 14 al 18%”.

Una ministra que quedó de los dos lados del mostrador

Sí podría haber en las próximas semanas una propuesta para modificar el reparto del fondo estabilizador, que representa el 10% de la coparticipación, para compensar a los municipios que perdieron ingresos.

La autonomía que Cornejo pretende, ya vista la dificultad de negociar con Milei obras o fondos, necesita de ingresos extra para la Provincia. El viernes, dio un primer paso en ese sentido: firmó el decreto para el llamado a licitación de 12 áreas petroleras.

Esto se suma a las 14 áreas ahora en poder de YPF que el Gobierno pretende potenciar traspasándolas a empresas más chicas. Este plan coincide con el de la petrolera estatal, que quiere desprenderse de los negocios menos rentables.

Una clave en la negociación con las potenciales interesadas, dicen, es que YPF aumente el valor que paga por el crudo que se extrae en Mendoza y va a su refinería. Este reclamo ya fue hecho por el gobierno anterior y debe resolverlo el directorio de la petrolera, que tiene sentada allí como representante de Mendoza a la ministra de Energía, Jimena Latorre, en un doble rol de límites difusos.

Energía concentra buena parte de los proyectos que potencialmente pueden mejorar la economía provincial. En el Gobierno apuntan fundamentalmente a Potasio Río Colorado, adjudicado a José Luis Manzano, que aún debe resolver cómo transportar el mineral. Pero en Malargüe también están avanzando Cerro Amarillo e Hierro Indio, otros dos proyectos mineros.

Justamente por allí pasa una apuesta que en uno o dos meses se haría pública: potenciar a Malargüe como polo minero provincial, el proyecto en el que trabajaba Cornejo antes de terminar su primer mandato y que Rodolfo Suárez decidió ampliar a toda la provincia cuando asumió, con el final que ya todos conocemos.