Se remitió al Congreso una separata del presupuesto donde se registran exenciones fiscales que no estaban detalladas históricamente y que se propone eliminarlas para llegar al superávit fiscal. Antes de las elecciones, se dispusieron disminuciones de impuestos y aumentos de gastos. En el proyecto de presupuesto 2024 ya se evaluaba que el 2023 cerraría con un déficit fiscal primario de -2,4% del PBI. Para esto, se precisará profundizar el ajuste inflacionario. En otras palabras, dejar que la inflación diluya gastos. El ajuste permitirá mostrar menos descontrol de las finanzas públicas.
Aunque, para el 2024, se demanda una baja de la inflación. En línea con ello, se presupuestó una reducción del déficit (-0,9% del PBI). Después, se revisaron las metas y ahora se plantea un superávit de un 1% del PBI. Y para ello, se le pidió al Congreso que discuta una separata que exhibe exenciones fiscales. Lo que se manifiesta es que eliminándolas es factible lograr el superávit.
Según información publicada por el Ministerio de Economía, se puede ver que en los últimos 20 años, el gasto tributario fluctuó en el 2,9% del PBI. En el proyecto de presupuesto 2024, se evaluó que alcanzarían al 2,3% del PBI. En la separata del presupuesto, se registran exenciones por el equivalente a otros 2,4% del PBI. Ante el desborde inflacionario, derivado de los desequilibrios fiscales, se informa un superávit primario de un 1% del PBI. Para conseguirlo, se plantea eliminar tratamientos impositivos especiales. De los 15 ítems que se presentan en la separata como nuevo gasto tributario, para 8 no se estima sus costos.
Los gastos tributarios están asociados al desorden del Estado y, en algunos casos, son privilegios que logran sectores con poder. U operan como una compensación parcial de las consecuencias de las malas políticas públicas. En sí, terminan siendo un cúmulo de distorsiones. Eliminar gastos tributarios no es algo que se va a llegar a concretar porque no es viable si no se da en el marco de un ordenamiento integral del sistema tributario. La mejor herramienta es un subsidio directo. Esto genera transparencia, certezas de costos fiscales y facilita evaluar sus impactos.
En resumen, pedirle al Congreso que elimine privilegios tributarios se hace para mostrar una reacción ante la inflación, pero son bajas las probabilidades que se generen ahorros en la magnitud que se necesitan. Plantear un ordenamiento integral del Estado y, en lo particular, simplificar el sistema tributario sería más adecuado. En este escenario, es realizable excluir los tratamientos tributarios especiales y establecer subsidios directos cuando existan fundamentos.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA
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