La generación política nacida al calor del consenso democrático de 1983 se apresta, en el ocaso de su protagonismo, a enfrentar una de las operaciones más difíciles de su extensa historia. Debe intentar desactivar, en cuestión de horas, la situación explosiva que engendró con el mayor de sus fracasos: nunca pudo armonizar de manera sostenida la gobernabilidad democrática con la estabilidad económica.
Los actores centrales de ese desafío son los mismos que antes quedaron envueltos en algunas de las crisis cíclicas que sin solución de continuidad vienen azotando al país desde antes de la restauración democrática. Sin embargo, serán ellos, o algunos de sus austrias menores, los que otra vez están, alicate en mano, eligiendo el color del cable decisivo que deben cortar.
El rostro atávico del desafío parece repetirse: estrangulamiento por deuda en el frente externo, detonación incesante de los precios, inquietud social creciente, impugnación generalizada a los referentes políticos de la representación.
La responsabilidad principal recae en un gobierno fragmentado y débil, al que el FMI (y la geopolítica que lo sostiene) parece estarle ofreciendo un camino de salida que los principales dirigentes del oficialismo local son incapaces de construir.
Kristalina Georgieva habla en los términos reflexivos que los gobernantes eluden. Intenta señalar que la Argentina ya está en el torbellino de una inflación descontrolada cuya profundidad sus gobernantes aún niegan; busca persuadir a la Casa Blanca de que es en vano pedirle a este gobierno corroído por dentro y deslegitimado en las urnas la capacidad de acción política para encarar reformas estructurales imprescindibles. En cambio, puede ser más eficiente acordar objetivos mínimos de contención fiscal y monetaria que eviten un estallido antes de la transición hacia 2023.
Su principal interlocutor en Argentina es el ministro Martín Guzmán. Guzmán entró al remolino que habita con ínfulas de aleccionar al mundo sobre una receta mágica para solucionar definitivamente los entuertos de las deudas soberanas. Después de deambular dos años entre esa aspiración personal y las visitas en condición de cortesano para obtener el visado de Cristina Kirchner, ahora se allana al imperio de la realidad. Impulsa el mismo acuerdo liviano, transicional y de emergencia que le ofrece Georgieva.
El valedor clave del ministro Guzmán es el presidente Alberto Fernández. La ayuda que le provee es más bien angosta. Su astroso periplo diplomático por Rusia y China tuvo que ser enmendado en la emergencia por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.
El joven canciller Santiago Cafiero entró en default antes que la deuda.Fernández regresó también a las andadas en el frente interno. Aconsejado por la diputada Victoria Tolosa Paz anduvo ofreciendo espectáculos circenses de segunda categoría en las playas de la costa bonaerense. Y por iniciativa propia encaró de manera presencial la comparecencia en juicio en una causa en la que Cristina lo había embretado como testigo en los tiempos en que, revistando él en la oposición, ella lo repudiaba por razones apenas menos intrincadas que las actuales.
El testimonio de Alberto Fernández operó como una metáfora de los nudos fundacionales de la coalición gobernante.
El Presidente compareció para contradecirse en todo lo que siempre dijo sobre el connubio comercial entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Intentó licuar la responsabilidad de la expresidenta en la doctrina de la no judiciabilidad de los actos políticos. Un testimonio riesgoso para él. Porque Cristina en aquellos tiempos de encono lo ofreció como testigo en su condición de exjefe de Gabinete. Suscriptor por antonomasia de decisiones administrativas. Judiciables por definición.
Que a menos de dos años de concluir el gobierno el objetivo central de Cristina -su reivindicación definitiva en la Justicia- permanezca estancado en ese testimonio de Alberto que ella alguna vez pidió por venganza, es toda una fotografía del descalabro en el que ha entrado el pacto fundacional que a ambos les permitió regresar al poder.
La mesa judicial de Cristina Kirchner tampoco pudo evitar la confirmación del procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas. De modo que la expresidenta ve a su gobierno entrar a la curva de salida habiendo alcanzado objetivos modestos en su intención de obtener una reivindicación clara y contundente de su alegada inocencia.
Pero en la transición hacia 2023, la judicial puede ser una complicación menos riesgosa para la vicepresidenta que la crisis de su gobierno.
El tiempo de alentar en privado un acuerdo con el FMI y denostarlo en público para eludir sus costos se ha terminado. Su gobierno firmará lo que le entreguen porque desde su jefatura política jamás surgió una idea -ni viable, ni alternativa- para impulsar en la negociación.
En la carpa de la emergencia se cuelan incluso los disparates más insólitos de algunos empleados puestos a destratar la administración: una empresa nacional de alimentos.
En 10 meses los gobernadores comenzarán a resolver si abandonan el barco desdoblando elecciones. Axel Kicillof lo evalúa, pero Cristina acaso necesite nuevos fueros. Apurada por el Presidente, la vice debe decidir ahora entre la deserción o el ajuste. El país asiste como convidado de piedra a los reproches de esa boda roja.
