¿Alcanza con una ley de financiamiento educativo?

“Para el futuro de la Argentina, para derrotar la pobreza, y para incorporarla al siglo XXI, hay que invertir en educación con la nueva tecnología”, aseguraba el ministro-candidato Sergio Massa hace 14 días cuando presentaba el nuevo proyecto de financiamiento educativo. Mientras, el ministro de Educación nacional Jaime Perczyk indicaba: “Con este proyecto estamos planteando que la Argentina necesita un financiamiento continuo, seguro y suficiente para sostener y mejorar el sistema”.

1918: una elección provincial histórica

Las expectativas son tan altas como cuando hace 18 años se sancionó la normativa vigente (26.075 de 2005) que establecía el incremento del presupuesto destinado a educación hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en 2010. La ley era muy esperada, dado que desde los ‘90 cuando las provincias se hicieron cargo de los servicios educativos transferidos por la Nación no tenían garantizadas las partidas para las cargas asumidas.

Si bien la 26.075 sirvió para “ordenar la responsabilidad del financiamiento de cada nivel del Estado y asegurar la equidad de recursos para las provincias con menos posibilidades”, vastos informes coinciden en que el 6% sólo se alcanzó en tres ocasiones.

Pero vamos por parte… ¿Qué dice el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional en el Congreso? Básicamente, aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI; establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza, y modifica la norma 25.864 para fijar un piso de 190 días efectivos de clases para todo el país.

Además, la iniciativa anunciada por Massa y Perczyk pretende:

• crear una Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa;
• jerarquizar la carrera docente “con el fin de mejorar la calidad de la formación docente inicial y continua, incentivando a los formadores de formadores a realizar estudios de posgrado, fortalecer el equipamiento de los institutos de formación docente y promover mecanismos que establezcan un sistema de evaluación, monitoreo y mejoramiento de dicha formación”;
• acordar un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente.
• fijar criterios de asignación tendientes a garantizar la vigencia, fines y objetivos del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
• disponer la implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), con el fin de contar de forma regular y sistemática con información nominalizada sobre las trayectorias educativas (matrícula, asistencia, calificaciones, pases, certificaciones y titulaciones) de los estudiantes de la educación obligatoria y de la educación especial.

Sobre lo más difundido, el proyecto dice que “regula la inversión pública en la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria, la educación superior no universitaria y la educación universitaria, con el fin de promover las condiciones necesarias para un aumento progresivo y sostenido del financiamiento público, y garantizar el efectivo ejercicio del derecho de enseñar y aprender...”

Luego señala: “El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concurrente y concertada, aumentarán la inversión en educación entre los años 2024 y 2030, y mejorarán la eficacia en el uso de los recursos, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación, la permanencia escolar y el egreso en todos los niveles y modalidades, en condiciones de igualdad de oportunidades, ejecutando políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, reafirmando el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y sociocultural del país…”.

En tanto en el artículo 4 da los detalles de la inversión: “El gasto consolidado del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2030, una participación del 8 %, como mínimo, en el Producto Bruto Interno (PBI). Dicho monto se distribuirá con una participación del 6,5 % en el PBI para la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y del 1,5% en el PBI para las instituciones de la educación universitaria”.

¿Todo esto es suficiente para garantizar más inversión en el sistema educativo? Como decíamos, hay informes de especialistas que indican que no (más allá de que quienes están en las aulas saben que deben estirar los recursos para que rindan lo más posible).

Desde Argentinos por la Educación, en el documento que lanzaron en febrero de este 2023 -con datos de hasta 2020- concluyen que a lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación en Argentina no ha alcanzado el 6% salvo para los años 2009, 2013 (tres años después de lo establecido e incluyendo ciencia y tecnología) y 2015. Y calculan que “al no alcanzar las metas propuestas por la Ley de Financiamiento Educativo en 12 de los 15 los años de la serie, se generó una deuda educativa equivalente al 5% del PBI del 2020. Si el Estado Argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en el año 2020 debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias (llevándolo al 11% del PIB en ese año)”.

Esta deuda se traduce, por ejemplo, en el déficit que reflejan las estadísticas del spot de Educar 2050 “Egresados incompletos”: “En Argentina 55% de los jóvenes no logra terminar la secundaria cuando corresponde; 82% de los que llegan al último año no alcanza niveles mínimos en Matemática; 43% tiene serios problemas de comprensión lectora”.

Sufragio, democracia y república, en crisis

A nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil se han propuesto instalar la Educación en la agenda de candidatas y candidatos a la presidencia. Piden que, más allá de discursos demagógicos, detallen el plan concreto que ejecutarán si llegan al sillón de Rivadavia y nos invitan para que hagamos lo mismo porque el sólo enunciado de una ley no garantiza la ejecución.