La revisión del esquema de subsidios energéticos y la presentación de la Canasta Básica Energética (CBE) son los focos de atención en una audiencia pública que tendrá lugar esta semana. El propósito central es abordar la superposición e incoherencia de los beneficios, que, según el Gobierno, han generado desigualdades e ineficiencias en el gasto público a lo largo de los años.
Este evento, programado para el jueves a partir de las 10 de la mañana, se centrará en la reestructuración de los subsidios vigentes, con el objetivo de determinar quiénes podrán acceder al consumo básico y esencial de electricidad y gas natural, incluyendo a los beneficiarios del Programa Hogar para la garrafa de GLP.
El nuevo esquema propuesto incorpora criterios de exclusión para aquellos hogares que posean ciertos activos patrimoniales, como aeronaves, embarcaciones, propiedades inmuebles y automóviles de menos de 5 años de antigüedad.
Para los hogares que no sean excluidos por este primer filtro, el acceso al subsidio se basará en una comparación de los ingresos declarados por los miembros del hogar, utilizando información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Este criterio se cruzará con la Canasta Básica Energética, que establece los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diversos grupos familiares en diferentes regiones y meses del año, considerando distintos tipos de suministro.
La Secretaría de Energía busca resolver las incongruencias generadas por la acumulación de esquemas de subsidios vigentes que se superponen en una misma factura. Según estudios realizados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), esta superposición ha conducido a consumos excesivos debido a la falta de una señal de precios que refleje los costos reales de la energía.
Se han identificado casos donde usuarios en situación de vulnerabilidad pueden estar recibiendo múltiples beneficios simultáneamente, lo que aumenta la complejidad del sistema y distorsiona la percepción del costo real de los servicios. Además, se ha observado que algunos criterios de inclusión, como la posesión de un Certificado Único de Discapacidad o una Pensión como Veterano de Guerra, no necesariamente reflejan la necesidad de ayuda económica de un hogar.
En relación con la segmentación tarifaria establecida por el decreto 332/2022, se señala la falta de un tope en el consumo de energía subsidiada para la categoría de ingresos bajos (N2), lo que ha contribuido a un aumento constante del monto de los subsidios financiados por el Tesoro Nacional. Además, se han detectado errores en la metodología de ingreso al Registro Único Especial de Zona Fría, lo que ha llevado a la asignación de subsidios a puntos de suministro sin una solicitud específica. / Fuente Télam