Temer no se irá y anunció más ajuste

El presidente brasileño inició una carrera a contrarreloj para frenar las perspectivas negativas de crecimiento y reactivar de alguna manera la alicaída economía del gigante sudamericano. Nueva reforma a las leyes laborales.

El presidente brasileño Michel Temer anunció ayer nuevas medidas para frenar el deterioro de las perspectivas de crecimiento y descartó renunciar, pese a su impopularidad y a los escándalos que cercan a su gobierno.

“¿Si voy a renunciar? Confieso que no he pensado en eso”, dijo entre risas el mandatario durante un desayuno de fin de año con periodistas en el Palacio de Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en Brasilia.

En profunda recesión y con una perspectiva de recuperación más lenta de lo esperado, el gobierno agregó este jueves a su rosario de reformas nuevas medidas microeconómicas para reducir el endeudamiento de las familias, así como una reforma de las leyes laborales que fue presentada junto a empresarios y sindicalistas.

“Son medidas que de hecho permiten a las personas trabajar más productivamente y a las empresas también producir con mayor eficacia”, dijo el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, artífice del gran ajuste fiscal que el gobierno Temer lleva adelante.

“Ya estamos dentro de una ruta firme de recuperación”, añadió. Sin embargo, los datos siguen siendo decepcionantes.

El Banco Central de Brasil (BCB) redujo el jueves sus proyecciones de crecimiento y pronosticó que el PBI brasileño, que en 2015 se contrajo un 3,8%, caerá este año un 3,4%, una décima menos que en sus previsiones de septiembre.

En 2017, la mayor economía latinoamericana volverá a crecer, pero el avance será de un exiguo 0,8%, cinco décimas menos que en las previsiones del informe anterior (+1,3%).

Los datos del BCB no sorprendieron “ni un poco” al mercado, que tiene proyecciones incluso más pesimistas, dijo Silvio Campos, analista de la consultora Tendencias.

Temer asumió el cargo este año tras el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente.

En los siete meses que lleva en el poder, perdió a varios de sus ministros sospechosos de corrupción, y él mismo aparece salpicado por el escándalo de desvíos en Petrobras.

Un exejecutivo de la constructora Odebrecht declaró recientemente a la fiscalía que legisladores del partido de centroderecha PMDB, al que pertenece Temer, recibían sumas astronómicas para ganar licitaciones en Petrobras y para obtener la aprobación de leyes y decretos favorables para la empresa, de acuerdo con el testimonio publicado por medios locales.

Temer fue acusado de pedir en 2014 diez millones de reales (4,2 millones de dólares al cambio medio de ese año) para financiar campañas electorales, algo que el mandatario niega tajantemente.

En Brasil, “si un delator menciona el nombre de alguien, éste pasa a ser definitivamente condenado”, cuando en realidad es preciso un largo proceso para investigar los hechos denunciados, se defendió Temer ante decenas de periodistas.

No tengo nada contra la (operación) 'Lava Jato' -la investigación sobre el caso Petrobras-, pero la filtración constante de delaciones “crea un clima de inestabilidad”, admitió Temer, que pidió recientemente al fiscal de la nación acelerar las investigaciones para que todo salga a la luz de una vez.

Con la economía por el suelo y los escándalos de corrupción a las puertas del palacio presidencial, Temer cosecha apenas 10% de apoyo entre los brasileños, según reveló una encuesta reciente del instituto Datafolha.

Un 63% desea que renuncie antes de fin de año para que haya una elección presidencial directa. Nuevas denuncias pueden surgir de la delación de 77 exejecutivos de Odebrecht que acordaron colaborar con la justicia.

Esa tormenta en el horizonte “dificulta el trabajo del gobierno, especialmente en un momento en el que todavía tiene una cierta fragilidad en virtud de los malos números económicos y porque también precisará de apoyo político en el primer semestre para aprobar la reforma del sistema de pensiones”, apuntó Campos.

Esta reforma, que busca endurecer las condiciones del sistema jubilatorio y otros beneficios, es la próxima prioridad del gobierno, que ya consiguió aprobar la congelación del gasto público por 20 años y flexibilizó las reglas para que empresas privadas puedan participar de la explotación de los campos petrolíferos en aguas profundas.

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