Multaron a un reconocido banco por realizar cobros indebidos a beneficiarios de planes sociales

Los usuarios se vieron damnificados cundo intentaron cobrar diferentes planes de ayuda social. Imagen ilustrativa - Orlando Pelichotti / Los Andes
Los usuarios se vieron damnificados cundo intentaron cobrar diferentes planes de ayuda social. Imagen ilustrativa - Orlando Pelichotti / Los Andes

Desde la entidad cobraban para entregar el IFE y otros programas de ayuda económica. Ahora deberán afrontar una multa de $ 4 millones.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores (SSADC) de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación sancionó al Banco Patagonia por realizar cobros indebidos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros programas de ayuda económica, con una multa de $4 millones.

Esa sanción fue determinada luego de comprobar que la entidad había debitado, de forma unilateral, discrecional y arbitraria, severas sumas de dinero de las cajas de ahorro de sus clientes bajo el concepto de “Fondos de Reserva Alimentaria”, según informó la dependencia oficial a través de un comunicado.

Esta “conducta sistemática” se produjo, en la mayoría de los casos, en cuentas bancarias que tenían depositadas transferencias del Estado Nacional, como el IFE y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Esta acción por parte del Banco Patagonia representa infracciones a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor ya que las y los usuarios no fueron informados debidamente de estas sustracciones y no se respetaron las condiciones de contratación del servicio convenidas en primera instancia.

La entidad financiera fue notificada de la imputación el 6 de julio pasado, y a partir de entonces se inició el proceso sancionatorio que le permitió realizar su descargo frente a las autoridades.

La actuación de la SSADC se enmarca en la política de protección específica de los consumidores hipervulnerables, ya que el hecho de que las cuentas afectadas fueran depositarias del IFE, evidencia que los denunciantes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias sociales y económicas, en el contexto de una pandemia.

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