Las complejidades del juicio por los abusos en el Próvolo que podrían derivar en el cambio de todos los jueces

En un contexto prácticamente inédito, el segundo de los juicios por los abusos en el instituto religioso Antonio Próvolo -que debería concluir con una sentencia sobre el caso de 36 jóvenes que fueron abusados sexualmente siendo menores de edad mientras dormían en los albergues del lugar- sigue sumando trabas. De hecho, en lo que se refiere concretamente al juicio en sí, el proceso no ha comenzado formalmente todavía; y ya cuenta con un juez que se inhibió a sí mismo de seguir al frente, el ex presidente del tribunal, Horacio Cadile (quien decidió apartarse el martes pasado) y otras particularidades.

Ahora fue el fiscal Alejandro Iturbide, quien representa al Ministerio Público Fiscal en el segundo juicio, quien solicitó que dos de las juezas sean recusadas y se aparten del Caso Próvolo. Se trata de las magistradas María Belén Salido (quien debería pasar a integrar el tribunal titular tras la inhibición de Cadile) y de su par María Belén Renna, quien ocuparía el puesto de vocal suplente en el debate con todos estos cambios.

El juicio contra las 9 imputadas como autoras y partícipes de los abusos (entre ellas, la monja japonesa Kumiko Kosaka, con 7 acusaciones) debería reanudarse el lunes 31 de mayo. Pero antes, el tribunal tendrá que resolver sobre este pedido presentado por el fiscal Iturbide esta mañana.

Más allá de que se haga lugar o no al pedido para que se aparten las magistradas, el tema de fondo es lo que hay detrás de este pedido; es decir, las intenciones de las partes. Una simple lectura permite evidenciar que la estrategia del Ministerio Público Fiscal con esta presentación es que el tribunal que encabece el juicio vuelva a conformarse desde cero, manteniendo la elevación a juicio vigente. En pocas palabras, lo que se presume que pretende Iturbide es que el juicio se retrotraiga al momento en que las imputadas debieron identificadas en la primera de las audiencias, previo a leer las imputaciones con que llegan al debate; y manteniendo las graves acusaciones contra las mujeres (además de Kosaka, hay otra monja, la ex representante legal, 4 ex directoras, una psicóloga y una ex cocinera).

Pero la estrategia de la defensa parece ser más ambiciosa todavía; y beneficiosa para las acusadas en las denuncias: que la totalidad del procedimiento sea declarado nulo; incluyendo la elevación a juicio donde se detallan los tristes y graves episodios que atravesaron los chicos, por los que las imputadas llegaron a juicio y por los que ya fueron condenados dos curas y dos ex empleados.

El pedido del fiscal

Mediante un escrito, Iturbide solicitó este jueves la recusación de las juezas Salido y Renna. Respecto a la primera de las magistradas, el fiscal planteó “una posible sospecha” de parcialidad, o falta de imparcialidad. Y lo hizo en base a una resolución que Salido tuvo a su cargo, dentro del Caso Próvolo y en la instancia previa al inicio de este segundo juicio.

En diciembre del 2020, la mencionada jueza Salido debió resolver el pedido de recusación interpuesto por los abogados de la monja Kosaka contra una de las conjuezas que había sido designada en la causa, Mariana Martín. Los abogados Carlos Varela Álvarez y Valeria Corbacho habían formulado este pedido considerando que en calidad de interina –es decir, al no haber sido designada oficialmente como jueza todavía- “comporta para sus representadas (NdA: la monja Kosaka y su compañera, Asunción Martínez, también imputada en la causa) una sospecha legítima de parcialidad, por no tener la magistrada garantizada su independencia e imparcialidad”.

A lo largo de los fundamentos en los que Salido se explaya para explicar por qué hace lugar al pedido los abogados y aparta a la conjueza Martín, hace referencia a los “intereses políticos” del Caso Próvolo. Y sostiene que la causa se inició con una denuncia impulsada por la senadora de la UCR, Daniela García, en 2016; y que fue la legisladora quien mayor impulso le dio al caso al inicio. En ese sentido, Salido explicó que García pertenece “a la misma fracción política” que el gobernador, “quien tiene la potestad de proponer el pliego de la magistrada al Honorable Senado”.

“Los intereses que giran en torno al caso, su repercusión social y el involucramiento político evidenciado a partir de la actuación de la senadora García, proveen sobrada justificación al temor de dependencia y de parcialidad”, argumentó Salido.

“Alrededor del denominado caso ‘Próvolo’ hay sin dudas también intereses políticos, no sólo aquellos que implican una derivación de los sociales, sino uno que se observa como originario de la plataforma política. No olvidemos que quien impulsó la investigación del caso Próvolo fue una senadora de la provincia de Mendoza, la senadora Daniela García, quien en el mes de noviembre de 2016 recibió la novedad sobre estos hechos y comenzó a impulsar la actuación de la justicia, prestando incluso testimonio en la causa y dando entrevistas periodísticas sobre su gestión en el caso. La senadora forma o formó parte del cuerpo que debe prestar el acuerdo a la señora conjueza (NdA: por Mariana Martín) y pertenece a la misma fracción política que el señor gobernador, quien tiene la potestad de proponer el pliego de la magistrada al Honorable Senado”, sintetizó oportunamente Salido, en su escrito del 2020.

Precisamente esta lectura subjetiva donde percibe como una causa “política” a lo que ha sido el mayor caso de abuso eclesiástico público en la historia de Mendoza es lo que llevó a Iturbide a solicitar la recusación de Salido; ya que -considera- que esta lectura es la misma que mantienen los abogados de las monjas; y que la jueza ha “preopinado”.

“Se estima que estas ‘meras sospechas’ (NdA: de imparcialidad por parte de Salido) son ‘legítimas’ para el Ministerio Público Fiscal, para víctimas, constituidas en querellantes o no, actores civiles en el caso, y sus representantes, de momento que una de las personas que debe juzgar el caso ha sostenido previamente en otra causa con vinculación a la presente, que hay interés político detrás de la resolución del llamado caso Próvolo, interés demostrado por el partido gobernante, facción a la que pertenece el señor gobernador y una testigo (NdA: Daniela García) que aún no ha depuesto en el debate. Y reitero, posición que se identifica con la sostenida en las presentes causas por la defensa técnica de las imputadas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y esbozada en dos ocasiones parar requerir la recusación del presidente, doctor Horacio Cadile”, se explayó Iturbide.

Sobre el pedido de recusación a Renna, tiene que ver con cuestiones formales y de plazos judiciales. Y es que, según detalló Iturbide, el segundo juicio por los abusos en el Próvolo se extendería -al menos- hasta pasado el mes noviembre de este año, mientras que Renna se desempeña como conjueza y la vigencia de su examen aprobado para tal cargo -mientras aguarda que se la designe oficialmente como jueza, o no- vence el 17 de septiembre. Es decir, que -independientemente de que su pliego sea aprobado o no en el Senado de Mendoza en los próximos tres meses y esto la valide para ser nombrada oficialmente como jueza-, su desempeño como jueza tiene fecha de caducidad; y esta es anterior a la duración estimada del juicio.

Por esto mismo es que Iturbide solicitó que se disponga el apartamiento de Renna “para un nuevo sorteo de magistrados para el presente debate”.

De hecho, para Iturbide, ni siquiera la posibilidad de que el Senado apruebe el pliego de María Belén Renna antes del 17 de septiembre es algo que podría favorecer al desarrollo normal del juicio (tal como ha sido previsto al menos inicialmente). Y es que el fiscal considera que este desenlace podría volver a poner a la situación dentro de una “intencionalidad política de constituir el tribunal para el juicio”. En pocas palabras, con su pedido Iturbide pretende adelantarse para evitar que Renna sea cuestionada por la defensa de Kosaka como ya lo hicieron con la jueza Martín (y por el mismo motivo).

Denuncia e inhibición

Al comienzo de esta semana, los abogados de la monja Kosaka presentaron una denuncia en la que figuraban capturas de un grupo de chat privado integrado por el entonces presidente del tribunal, Horacio Cadile y algunos fiscales del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según se lee en las capturas, el propio Cadile habría respondido a uno de los mensajes -en lo que intentó ser tono de broma- “Kumiko y yo somos amantes”.

Con esta documentación, los abogados de Kosaka solicitaron la recusación e inhibición del magistrado; y el propio Cadile optó por inhibirse a sí mismo. “Debo aclarar que las expresiones contenidas en el mencionado grupo de WhatsApp corresponden a un ámbito absolutamente privado y conformado por un grupo de personas consideradas amigas y que en ese contexto deben ser tales expresiones interpretadas. No obstante ello, y en modo alguno, el suscripto ha pretendido, con un comentario desafortunado, ofender la dignidad de la encartada (NdA: por la monja Kosaka) ni de ninguna otra persona, toda vez que los mismos fueron vertidos en tono de broma”, se explayó Cadile.

“Puedo comprender que tales expresiones, vuelvo a reiterar, desafortunadas, hayan caído mal a la persona de la encartada Kosaka, pero también debe tenerse en cuenta que las mismas pertenecen a un fuero íntimo de privacidad – violentado, por cierto-, como podría haberlo sido una charla de café entre amigos y que ello de ninguna manera ha significado tener una opinión sobre la responsabilidad penal de la encartada por los hechos por los que ha sido traída a juicio”, se explayó el, hasta el martes, presidente del tribunal.

“Deseo dejar bien claro que nunca he pretendido ofender a nadie y que simplemente tales expresiones-se reitera-, han sido exteriorizadas en un ámbito de confianza”, agregó.

Al final de su presentación, y antes de oficializar su inhibición, el magistrado destacó que durante la etapa preliminar de las causas que derivaron en este segundo juicio por los aberrantes abusos sexuales en el Próvolo mendocino fue “absolutamente objetivo e imparcial en la adopción de las distintas resoluciones, encontrándose las mismas debidamente fundadas en derecho”.

“Ello no puede ser motivo alguno de cuestionamiento y considero que lo acontecido no impacta en la imparcialidad demostrada. Sin embargo, estimo que sí puede ponerse en crisis la credibilidad del Tribunal si continúo integrándolo, por lo que resulta prudente inhibirme en los presentes obrados y que la causa continúe con una nueva integración, según su estado”, concluyó el juez.

A raíz de esta situación, la jueza Gabriela Urciuolo pasó a presidir el tribunal, mientras que la ya mencionada Salido “subió” al tribunal para acompañar al juez Rafael Escot. Y en esta movida es que, de acuerdo a lo planificado, Renna debería pasar a ocupar el puesto de vocal suplente en el juicio.