Javier tiene Síndrome de Down y es uno de los tantos mendocinos afectados por los recortes en discapacidad

Javier Lescano tiene 17 años, nació con Síndrome de Down y es pura energía y felicidad: ama la música, adora a su escuela, toca la batería, practica natación y, por supuesto, concurre a todas las terapias que necesita, como psicopedagoga, fonaudióloga, psicóloga y docente de apoyo. Estas últimas prestaciones son contempladas por su cobertura médica.

Sin embargo Javier, que vive en Guaymallén, representa uno de los tantos casos de personas con discapacidad afectadas por el recorte que sufren los prestadores a raíz de un conflicto entre la Superintendencia de Salud y las obras sociales.

“Si no fuera por la buena voluntad de los profesionales que acompañan a mi hijo, podría perder el año en la escuela. De hecho, continúan trabajando porque existe una promesa de regularizar la situación, aunque, insisto: es buena voluntad”, dijo a Los Andes Leticia Guerriero, su mamá.

Javier es el primer hijo de Leticia y Federico y tiene un hermano menor, Tiziano.

“Su escuela le provoca felicidad y es parte de su vida porque concurre desde muy pequeño con un proyecto de inclusión a cargo de un docente de apoyo. Se levanta contento y jamás se queja, está perfectamente integrado”, señala Leticia.

Protesta de personas con discapacidad, familiares y prestadores médicos por la falta de pago

Un sábado a la noche de principios de agosto, Leticia recibió un mensaje de la directora del instituto que coordina la integración de su hijo en el colegio Andino. El mensaje la puso en alerta.

“Me hablaron sobre la crítica situación que se atraviesa. La superintendencia no gira el dinero de los prestadores. En definitiva, el ajuste está afectando a mi hijo y a miles de personas de todo el país”, apunta.

El docente de apoyo de Javier, perteneciente al Centro Educativo Aequalitas y fundamental en su aprendizaje, no percibe su sueldo desde marzo, mientras que la misma suerte corren su fonaudióloga, Mónica González; psicóloga, Carla Arenas y psicopedagoga, María Eugenia Landoni.

“Es injusto y corre riesgo la calidad de vida de Javier y de otras tantas personas con discapacidad en situaciones similares. Insisto, trabajan bajo una promesa de pago, pero a partir de la buena voluntad”, remarca.

Debido a una situación similar sucedida en 2011, la familia de Javier presentó un recurso de amparo y buscó asesoramiento con un profesional de Buenos Aires ya que, al igual que hoy, se trataba de un conflicto a nivel nacional.

“El amparo es un precedente y sigue firme. En esta ocasión, al principio pensé que éramos los únicos afectados, que era un tema de nuestra obra social. Sin embargo, luego vimos que todos estaban en la misma situación, por eso las marchas y los reclamos son cada vez más multitudinarios”, señala.

Desde marzo -algunos profesionales- y desde mayo otros, la Superintendencia de Salud no gira los fondos a las obras sociales. “Una vergüenza. Al día de hoy, 6 de septiembre, siguen sin cobrar”, reclama.

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo en Casa de Gobierno la primera manifestación, aunque no resultó tan numerosa, posiblemente por desconocimiento.

“La verdadera movida de familias y prestadores comenzó un poco después. Es muchísima la gente afectada: kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, docentes de apoyo, transportistas y centros de día, entre otros”, enumera.

Sorpresa, aprendizaje y alegría

Profesora de inglés, Leticia cuenta que el Síndrome de Down de Javier resultó una sorpresa. Si bien el embarazo había sido de riesgo, ningún estudio hizo suponer aquella condición.

Lo cierto es que llegó al mundo de manera prematura el 26 de julio de 2005 y, debido a su bajo peso, de 2 kilogramos, permaneció un mes en Neonatología.

“Fue inesperado y uno piensa por qué. Sin embargo ¿por qué no?”, cuestiona.

“Su peso era muy bajo, pero se recuperó y a los dos meses de vida comenzamos con estimulación temprana en CEDDEC, a cargo de Lulila Ferrín, de quien siempre estaré agradecida”, recuerda.

“No tenía problemas de salud y eso fue una tranquilidad. La estimulación duró un tiempo y de allí en adelante siempre fue un chico muy ocupado y jamás se quejó de todas las terapias a las que debía concurrir. Es muy sociable, se despierta contento y con mucha energía”, relata.

Desde sala de 3, Javier asiste al Colegio Andino, “su lugar en el mundo”, define Leticia, quien a las 7.45 lo deja en la puerta “con una energía desbordante”.

Sin embargo, el mundo de Javier es mucho más amplio: es fanático de las tortas de cumpleaños, disfruta mucho cada 26 de julio y toca la batería desde 2017.

En agosto se lució en una muestra realizada en el Teatro Plaza donde participó de un ensamble junto a otros chicos músicos.

“¡Cero vergüenza!”, define Leticia, riendo. Dice que le encanta actuar y, sobre todo, los preparativos. Tiempo atrás también fue a clases de teatro, siempre con entusiasmo.

Los sábados concurre al Club del Ocio, que ofrece múltiples actividades para personas con discapacidad; desde viajes hasta tareas artísticas y microemprendimientos.

Lo cierto es que si Javier representa una verdadera muestra de integración en la sociedad, mucho se le debe a sus terapias, que le ofrecen gran calidad de vida. Las mismas terapias que hoy, al decir de los padres, están siendo “bastardeadas” por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que debe regular y controlar a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga para garantizar los derechos de las personas.