El ala peronista de la Corte quiere revisar la actuación de la Justicia local durante la dictadura

Palermo y Adaro, dos de los integrantes de la Suprema Corte local que proponen una comisión de transparencia. Foto: José Gutierrez / Los Andes.
Palermo y Adaro, dos de los integrantes de la Suprema Corte local que proponen una comisión de transparencia. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

Los jueces Palermo, Adaro y Gómez proponen que se investigue el papel del Poder Judicial de la Provincia entre 1974 y 1982.

En un hecho inédito en el país y que sería histórico para la provincia de Mendoza, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia presentarán hoy un proyecto que tiene como objetivo revisar cómo actuó y qué papel jugó el propio Poder Judicial de la Provincia en los años de la última dictadura cívico-militar.

El anuncio se dio ayer durante la puesta en valor del Cuadro 33 del cementerio de la Ciudad (lugar donde se encontraron enterradas víctimas del Proceso) y se enmarca en la semana de la Memoria, Verdad y Justicia, teniendo en cuenta que mañana se cumplirán 45 años del golpe militar. Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez, enrolados en la denominada “ala peronista” son quienes impulsan esta iniciativa que, según descuentan, tendrá un amplio apoyo del resto del máximo tribunal.

Precisamente la idea de los jueces es la creación de una “Comisión de estudio interdisciplinaria por la Memoria y Transparencia de los actos y prácticas del Poder Judicial de Mendoza” que tendrá como responsables a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, cuya directora es Milagros Noli.

Según los fundamentos del proyecto, una de las acciones pendiente en todo el trabajo realizado hasta el momento es “la revisión de las actuaciones y prácticas del Poder Judicial provincial durante la etapa en la que, a lo largo de todo el territorio nacional, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las consumadas entre los años 1974 y 1982”.

Se plantea que la Comisión se encargue principalmente de investigar los hechos históricos prácticas institucionales en ese contexto “que aporte transparencia a las actuaciones del pasado reciente” pero que también “contribuya a la determinación de las responsabilidades que, de ser el caso, pudieran surgir a partir de lo indagado en el desarrollo de su tarea”.

Aquí podría entrar la acción u omisión de magistrados que se desempeñaron en esa época, en momentos en los que la Legislatura estaba disuelta y eran designados mediante un simple decreto provincial.

En diálogo con Los Andes, Palermo consideró que este trabajo es un “ejercicio de memoria, de verdad y de justicia. El Poder Judicial necesita de la verdad y no tiene que renunciar a esa búsqueda”, marcó, pero explicitó que se trata de lograr “justicia para las víctimas de la dictadura, para quienes sufrieron la persecución del terrorismo de Estado y sus familiares”.

En tanto, Adaro sumó que buscará “evaluar el rol de la Justicia provincial en la dictadura” y alentó a que se sumen las organizaciones de la sociedad civil. “Se ha hablado de la Justicia Federal pero no de la local, y más teniendo en cuenta el rol de la Policía provincial como base logística y en la participación en esta época del terror”, consideró.

“En la Justicia local es un capítulo no tocado ni referenciado. La Justicia debe haber tenido planteos de Habeas Corpus, u otras acciones. ¿Qué rol tuvo se tuvo? ¿Hubo expedientes? ¿Qué papel se jugó?”, se preguntó, y agregó que esta iniciativa trata de “desempolvar qué pasó, sin ánimo de revancha sino de memoria”.

Entre los pasos a seguir luego de la presentación del proyecto, en primer lugar se analizará en pleno en la Corte, para luego firmar una acordada en caso de estar de acuerdo. No obstante, tanto Palermo como Adaro se mostraron optimistas: “El Presidente (por Dalmiro Garay) ha mostrado su compromiso con la memoria, verdad y justicia”.

Los Andes intentó comunicarse con el presidente de la Corte, pero el magistrado evitó opinar al respecto y esperarán a la presentación del proyecto.

Complicidad judicial

Palermo, quien en su paso por la Justicia Federal fue uno de los que denunció a los ex magistrados Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra por delitos cometidos durante la última dictadura e impulsó los juicios por violaciones a los derechos humanos, destacó la importancia de este trabajo de revisionismo porque “los hechos de la dictadura contaron con la complicidad del Poder Judicial” y explicó que el objetivo es replicar todo el trabajo hecho en la Justicia Federal, en la provincial, a través de una “política de Estado” en la que se incluya a los organismos de Derechos Humanos (DDHH).

El magistrado aseguró que es necesaria una “revisión de las prácticas del Poder Judicial” para conocer si se adaptó o no a la dictadura y determinar si hay hechos de los cuales puedan surgir responsabilidades. “Es inédito porque ningún Poder Judicial provincial controló su propia actuación en la dictadura”, marcó.

En relación a por qué ha pasado tanto tiempo para avanzar en esta línea destacó que, primero, se ha buscado “la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales” (desde la Justicia Federal), luego se pasó a la complicidad judicial, así como también a la empresaria, civil y eclesiástica. “Hay que analizar ahora cuál es el papel que tuvo el Poder Judicial provincial”, acotó.

Reconstruir legitimidad

Por otro lado, y en medio de la convulsionada situación que atraviesa la Corte, con la tan mencionada “grieta judicial”, Palermo dio su visión en relación a cómo está visto el Poder Judicial, y consideró que necesita “reconstruir la legitimidad hacia el futuro”, sobre todo teniendo en cuenta que los magistrados no son elegidos por el voto popular.

El magistrado dijo que esta propuesta de revisión de lo actuado por el Poder Judicial en la época de la dictadura ayudaría a garantizar también la “reconstrucción democrática” de este Poder, de los cuales son necesarios tres pilares: independencia frente al poder político de turno, al del propio poder interno de la Justicia, al del mercado y los medios de comunicación; establecer procedimientos que garanticen un mayor diálogo del Poder Judicial con la ciudadanía; y que éste Poder no sea neutral en el ámbito de las desigualdades sociales.

“En un contexto de una sociedad fragmentada política, social y económicamente, se encuentra un Poder Judicial que forma parte de esos desacuerdos, en lugar de situarse por encima de esas diferencias. Para evitar eso, es necesario reconstruir su legitimidad democrática”, expresó.

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