Denuncia de abusos en el Cristo Orante: dos jueces consideran que las pruebas contra los monjes no son sólidas

El caso por los presuntos abusos sexuales y de autoridad en el Monasterio del Cristo Orante (Gualtallary, Tupungato), por los que están imputados dos monjes desde fines de 2018, sumó algunas novedades durante los últimos días. Y es que luego de que la fiscal Eugenia Gómez oficializara en junio la solicitud de elevación a juicio para determinar la responsabilidad penal de los monjes (Diego Roqué Moreno y Oscar Portillo), el abogado de los religiosos planteó su oposición a este requerimiento. Y lo hizo basándose en lo que, según considera, se desprende de distintas testimoniales, pruebas documentales y peritajes que -sostiene-han permitido comprobar que no existió abuso.

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Con el pedido de la fiscal (parte acusatoria, acompañada por la abogada del ex aspirante a monje que denunció a Roqué y Portillo) para que comience el juicio penal por un lado, y la oposición del abogado de los monjes por el otro, fue el juez de Instrucción Fernando Ugarte quien, en primera instancia, dictó el sobreseimiento de los imputados. Lo hizo el 29 de septiembre, al considerar que las pruebas existentes no son suficientes para vincular y llevar a juicio penal a los religiosos.

Ante este panorama, la fiscal Gómez y la abogada del denunciante, Viviana Crespillo, apelaron la resolución del juez Ugarte. Y este lunes, el juez de Cámara, Diego Lusverti confirmó la sentencia de sobreseimiento dictada por Ugarte. En pocas palabras, tanto Ugarte como Lusverti consideran que no hay pruebas contundentes o vinculantes en lo penal para llevar a juicio a los monjes Roqué y Portillo.

Ahora, a la fiscal y a la abogada querellante (quien acompaña al denunciante, hoy de 31 años) les queda como última instancia recurrir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con un recurso de casación para insistir en que se inicie el juicio penal contra los monjes. Si no lo hacen, o si optan por hacerlo y la resolución del máximo tribunal es en sintonía con lo ya resuelto por los primeros dos jueces, el caso no llegará a juicio penal.

“Todavía no hemos hablado con la fiscal para presentar el recurso de casación a la Corte, tenemos plazo hasta febrero, teniendo en cuenta que comienza la feria ahora. Pero si la Corte provincial no coincide con los dos jueces en estas primeras instancias, el caso va a volver y se va a hacer el juicio”, destacó Crespillo a Los Andes. Y resaltó que durante toda la instrucción penal de la causa, salió a la luz una gran cantidad de información, material y pruebas que son claves para la causa civil (va en paralelo a la penal).

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“No está firme el sobreseimiento”, insistió Crespillo.

En tanto, el abogado de Roqué y Portillo, Eduardo De Oro, confirmó las dos resoluciones judiciales existentes hasta ahora, aunque prefirió no referirse públicamente a lo ya resuelto ni a lo que podría suceder más adelante.

El consentimiento, la clave de la causa

A fines de diciembre de 2018 salieron a la luz los primeros detalles de una dura denuncia en la que un joven (de 27 años por aquel entonces) acusaba ante la Justicia a los dos monjes del Monasterio del Cristo Orante de haberlo abusado sexualmente y de manera sistemática en reiteradas oportunidades mientras estuvo viviendo en el lugar (más de 5 años). Con el correr de la causa, y a raíz de distintas pericias, se comenzó a evidenciar también un supuesto abuso de consciencia y a través del cual el joven también daba indicios de haberse visto obligado a someterse ante la autoridad de los denunciados (y hoy imputados).

Luego de 3 años y medio desde el inicio de la causa y de instrucción (Investigación Procesal Penal), en junio la fiscal Gómez hizo el pedido para que Roqué y Moreno sean juzgados por los reiterados abusos que el denunciante acusó haber sufrido.

Según la denuncia de Nicolás Bustos -aquella de fines de 2018, y ampliada en declaraciones posteriores-, él comenzó a frecuentar el monasterio cuando tenía 17 años y en ese momento comenzó a vincularse con Roqué y con Portillo. De acuerdo a sus palabras, durante los 5 años y medio que estuvo en el lugar vivió “una pesadilla”.

“El problema en el proceso lo tenemos con el asunto del consentimiento o no de parte de Nicolás, así como en lo que es la violencia psicológica o la manipulación. Nadie niega la posible existencia de esa manipulación, de esa conducta nepótica, arbitraria y de asimetría. Pero en materia penal, el legislador no contempla la violencia psicológica y la manipulación como modo comitivo de atentado a lo personal. El aprovechamiento existió”, destacó la abogada del denunciante, Viviana Crespillo.

En su denuncia y luego en las distintas ampliaciones, Bustos denunció que ambos monjes abusaron sexualmente de él en distintas oportunidades. Incluso, en algunos mails que están en manos del Ministerio Público Fiscal queda en evidencia que la relación entre el denunciante y el monje Roqué comenzó cuando el entonces adolescente tenía todavía 17 años y era menor de edad.

En esos correos se puede leer como ambos -Bustos y Roqué- confesaban amarse mutuamente e, incluso, el monje (que firmaba como “Diego de Jesús”) trataba al adolescente de “bebé”, “mi amor” y “amor de mi alma”. Por entonces, Bustos no había ingresado aún al monasterio para iniciar su camino como aspirante a monje y -según se desprende del intercambio de correspondencia electrónica- Roqué viajaba a la Ciudad de Mendoza para encontrarse con Bustos.

El abogado Carlos Lombardi, quien también representa al denunciante, destacó que, dentro de la causa penal, el sobreseimiento está fundado en tecnicismos propios de esa disciplina. “Es muy llamativa la liviandad en cómo se trataron las Convenciones internacionales en materia de abuso sexual. Se contradice con el proceso penal canónico”, destacó Lombardi.

Además, el abogado consideró que es “muy llamativa” la última pericia practicada por funcionarios del Cuerpo Médico Forense. En ese sentido, indicó que la querella detectó graves irregularidades, aunque fueron desechadas por el juez penal.

“El denunciante fue sometido a un destrato. Además, uno de los peritos oficiales, una vez jubilado, ha sido propuesto por el Arzobispado de Mendoza para que actúe como perito de parte en otras causas donde esa institución está demandada. Es tan grave la situación que, incluso, podría generar responsabilidad al Estado mendocino, ya que ese perito vulneró lisa y llanamente Convenciones internacionales al realizar el último informe pericial”, acusó Lombardi.

La otra causa, la civil

Si bien los dos monjes están imputados por la denuncia penal de Nicolás Bustos y la instrucción y el pedido de elevación a juicio se han hecho en este mismo fuero, en paralelo hay una causa civil por los daños que denuncia haber sufrido el denunciante.

“La esfera civil es diferente a la penal. Lo penal tiene influencia en lo civil, pero no encuadra. Muchos elementos que salieron a la luz en la investigación penal sirven para lo civil, como son las cartas y mails. No necesariamente una absolución en materia penal implica lo mismo en la Justicia civil, aunque es cierto que una condena penal es muy contundente en lo civil. Pero el daño psicológico que ha sufrido Nicolás es increíble. Y es un daño cometido a partir del trato arbitrario y manipulador de parte de los monjes”, resaltó Crespillo.

En lo referido a la causa civil, Lombardi indicó que se están produciendo las pruebas admitidas por el Tribunal. “Ya se presentaron los oficios para que (Marcelo) Colombo y (Marcelo) Mazzitelli (del Arzobispado de Mendoza) declaren por escrito, anacrónico privilegio legal concedido por el Código Procesal a los obispos católicos”, agregó el abogado.

Los monjes denunciados están en libertad, aunque continúan imputados por los abusos.

El caso Cristo Orante

Roqué y Portillo fueron denunciados por Nicolás Bustos, además de en la Justicia, en el Arzobispado de Mendoza por abuso sexual y de consciencia. La primera presentación la hizo ante las autoridades de la Iglesia de Mendoza en 2015; mientras que luego hizo una presentación por escrito al Arzobispado a mediados de 2018.

Luego de la primera exposición verbal ante las autoridades del Arzobispado en 2015 -y ante el obispo Carlos María Franzini-, en 2018 el ex aspirante a monje que denunciaba haber sido abusado por dos monjes en Tupungato hizo una presentación por escrito. Ese mismo año el joven (de 27 años por entonces) se presentó ante los Tribunales de Mendoza para que la causa penal comenzara por fuera del fuero eclesiástico.

En la Justicia canónica se inició una investigación contra los dos monjes y que derivó en conclusiones contundentes: un informe fechado en agosto de 2018 concluyó en que Portillo había reconocido a los investigadores eclesiásticos Mario Panetta y Ricardo Poblete haber tenido relaciones sexuales con el denunciante, aunque sostuvo que fue el joven quien lo acosaba.

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“Nos cuesta entender como personas adultas como son los dos sacerdotes (...) se dejen acosar por un joven de 18 años”, destacaron oportunamente Panetta y Poblete en el informe preliminar de la primera parte de la investigación, que luego fue trasladada a un tribunal eclesiástico de Buenos Aires. Asimismo, al cierre de las conclusiones, los investigadores sugirieron “que se puede dar crédito a la denuncia de Nicolás, y se debería proseguir con la investigación”. En ese sentido, consideraron que se investigue “este patrón de conducta manipulador de las conciencias”.

En septiembre de 2021, a través de una sentencia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, el monje Diego Roqué Moreno fue suspendido por ocho años como cura.

La sanción se sustentaba en el hecho de que el monje fue encontrado “culpable del delito que se desprende de la obligación de castidad para los clérigos”. No obstante, en la misma sentencia se aclaró que “se determinó que no consta el delito de abuso de potestad”.

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“Se le impuso como pena justa la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por ocho años (canon 1.336 1, 3°), en cualquiera de sus dimensiones, inclusiva impartir sacramentales o el ministerio de la palabra, también en modalidad virtual”, estableció la notificación sobre la sentencia eclesiástica.

Si bien esta sanción contra Roqué confirmó que el monje mantuvo relaciones sexuales con el denunciante –por ello se lo sanciona por incumplir el canon de castidad-, no confirma que Nicolás Bustos haya sido abusado.

En tanto, por fuera de la esa sentencia eclesiástica contra Roqué, anteriormente el Arzobispado de Mendoza ya había sancionado a Portillo en dos oportunidades. La primera fue una sanción administrativa impuesta por Franzini por una denuncia –por abuso de conciencia- realizada por otro joven que también estuvo en el monasterio del Cristo Orante.

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Oportunamente, Franzini suspendió a Portillo quitándole el rango de máxima autoridad en el monasterio (priorato) y trasladándolo a San Luis. Además, el arzobispo actual Marcelo Colombo le impuso otro castigo a Portillo en su momento.

“Si bien el monje Roqué fue sancionado, las normas que se aplicaron no corresponden a las indicadas en la investigación preliminar. Solapadamente, se lo sancionó por incumplir deberes de “castidad”. Las preguntas son varias: ¿cuáles deberes? ¿sobre qué hechos? ¿qué hizo el monje? Nada se sabe porque el procedimiento canónico es ilegal por donde se lo mire, contrario al derecho internacional de los Derechos Humanos y violatorio de garantías procesales. Es más, a la víctima ni siquiera se le brindo copias simples de las actuaciones. La explicación que da el clero da vergüenza ajena: prevalece el derecho de quienes declararon o aportaron elementos a la causa, sobre el derecho de la víctima/denunciante. Incumple la Iglesia, nuevamente, normas del Estado Constitucional de Derecho, una orden judicial y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza plasmada en el leading case ‘Iván González’”, manifestó el abogado Carlos Lombardi sobre la causa canónica.

“En este escenario está pendiente de resolución la denuncia contra seis obispos (Colombo, Mazzitelli, Braida, Ojea, Malfa y Poli) y tres curas (Medina, Poblete y Panetta), para que se investiguen si son responsables de obstaculizar la investigación contra el monje Portillo, presentada ante la Nunciatura Apostólica, en formato papel, y el Vaticano en sus correos electrónicos oficiales. Hasta la fecha, nada se sabe porque no existe el derecho a la información y a conocer la verdad dentro de la iglesia, según surge de no pocas contestaciones de demandas”, concluyó Lombardi.