Cristina Kirchner tiene todas las de ganar en el Senado. Miguel Pichetto, jefe del bloque del PJ, confirmó que rechazarán el pedido judicial de desafuero de la ex presidenta por considerarlo improcedente.
Cristina Kirchner tiene todas las de ganar en el Senado. Miguel Pichetto, jefe del bloque del PJ, confirmó que rechazarán el pedido judicial de desafuero de la ex presidenta por considerarlo improcedente.
Y en Cambiemos hay diferencias entre quienes quieren tratarlo y quienes no, porque afirman que la prioridad es aprobar las reformas económicas pedidas por el presidente Mauricio Macri.
Es decir que la líder de Unidad Ciudadana no irá a la cárcel, porque desde que fue electa senadora por la provincia de Buenos Aires, el 22 de octubre, tiene fueros parlamentarios de opinión y arresto. Y nada parece indicar que los vaya a perder.
Para el desafuero de un senador o un diputado de la Nación se requieren los dos tercios de los votos de los presentes en el recinto. Cambiemos tiene 24 de los 72 senadores. Si estuvieran todos presentes, se necesitarían 48 votos a favor de la quita de inmunidades. Ese número es imposible de conseguir para este tema.
Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, que integran 25 de los 72 senadores, sostuvo que “no hay ningún impedimento para que la Justicia avance” en la investigación de este supuesto plan de encubrimiento del ataque terrorista y que, por lo tanto, “la gran mayoría” de los integrantes de esta bancada no kirchnerista “considera que no procede el desafuero”.
“El desafuero de un senador procede ante una sentencia firme, como lo ha sentado la Corte en el fallo de Carlos Menem”, dijo Pichetto ante periodistas acreditados del Congreso y destacó que Cristina, que no está condenada en ninguna causa judicial, “estuvo siempre cumpliendo los requisitos de la Justicia, acaba de asumir su banca y no hay riesgo de fuga”.
Sin el visto bueno de Pichetto, en el Senado no se aprueba nada.
Si hasta el lunes 7 de mayo de 2018 el Senado no se pronuncia, caerá el pedido de desafuero de Bonadio. Esto surge de la Ley de Fueros, vigente desde hace 17 años.
El artículo 2 de esta norma establece un plazo de 6 meses para que un pedido de desafuero sea tratado en el recinto y de 60 días para ser dictaminado por la comisión de Asuntos Constitucionales.
Sin fecha de tratamiento
El pedido de Bonadio llega con el período de sesiones ordinarias finalizado y en pleno recambio de bancas. Por lo tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales no tiene aún integrantes ni autoridades. Las comisiones se constituyen tradicionalmente a fines de febrero.
Aunque el presidente del interbloque Cambiemos, el radical Luis Petcoff Naidenoff, dijo que la semana que viene constituirían la comisión de
Asuntos Constitucionales para tratar el pedido del juez, otros senadores oficialistas, como la macrista Laura Rodríguez Machado, afirmaron que “no se va a tratar de manera inmediata”.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, también del Pro, se pronunció en el mismo sentido: “Corresponde estudiar el pedido de desafuero con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional”.
Y Pichetto directamente lo descartó: “No hay posibilidad de que el Senado se aboque ahora porque estamos fuera del período ordinario de sesiones”.
Entre el PJ anticipando su rechazo al desafuero y Cambiemos desalentando su tratamiento se cuentan 50 de los 72 senadores. Cristina podrá quedarse tranquila.
Por su lado, el senador chubutense, Mario Pais, dijo que cree que “la comisión de Asuntos Constitucionales debe constituirse y dictaminar y tratar” el pedido de desafuero “dentro de los 60 días” para cerrar el asunto.
Al kirchnerismo le conviene políticamente que el rechazo al desafuero sea formal, en lugar de que quede dando vueltas en el Senado sin tratamiento.
El lunes, después del fin de semana largo, se publicaría en el Boletín Oficial el decreto presidencial de convocatoria a sesiones extraordinarias.
Entonces se conocerá el plan de trabajo hasta el próximo viernes 29 y si el pedido de desafuero se mueve o duerme el sueño de los justos.
El juez Rafecas se defendió por desestimar denuncia de Nisman
El juez federal Daniel Rafecas aseguró que su resolución de desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán “no fue una excepción sino la regla”, al defenderse ayer ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.
El juez mencionó otros casos en los que tomó la misma decisión de desestimar la denuncia y no pedir pruebas, entre los que citó presentaciones contra Mauricio Macri, Elisa Carrió, Claudio Avruj, Federico Sturzenegger y Julio Cobos.
“De ser cierta la acusación en mi contra, deberían investigarme por estas otras causas”, evaluó. Rafecas concurrió al Consejo para defenderse de la acusación por mal desempeño que lleva adelante el cuerpo y que podría derivar en un pedido de juicio político.
Su presentación coincidió con las detenciones y procesamientos decididas por el juez Claudio Bonadio a partir de la denuncia de Nisman que él había desestimado por inexistencia de delito.
La investigación del desempeño de Rafecas se inició por denuncias, entre otros, de los diputados nacionales Elisa Carrió y Waldo Wolff.
La citación al juez federal se decidió el 23 de noviembre, como resultado de una votación en la que se requería una mayoría simple de 5 votos. El llamado a Rafecas obtuvo 6.
CFK: "Una cortina de humo, una persecución"
Cristina Kirchner dijo ayer en su conferencia de prensa en el Congreso que nunca pensó que un juez de la Nación “iba a sostener semejante disparate”, al referirse al procesamiento y pedido de detención.
“La aprobación del memorando con Irán fue una cuestión de política exterior. Es una cuestión no judiciable. Para que haya una acusación de traición a la patria debe darse una situación de guerra y este magistrado considera que los atentados de la AMIA y la embajada lo son”, señaló.
La ex presidenta denunció una “persecución política sin precedente”, y calificó como una “gran cortina de humo” a su procesamiento. “Es una orquestación política que tiene “un responsable: el presidente Mauricio Macri”. La senadora nacional por Buenos Aires adelantó que podría recurrir esta medida judicial ante instancias internacionales, y aseguró que en la Cámara alta representa “una única voz” en condiciones de sumar “otras voluntades”.