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A siete meses de haberse sancionado la tan reclamada ley de Ética Pública, ayer el gobernador Alfredo Cornejo dio a conocer quién será su postulante para la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, encargada de controlar las declaraciones juradas de los funcionarios y su evolución patrimonial, entre otros aspectos.
El candidato es el actual diputado radical Gabriel Balsells Miró, un abogado que se despide de su banca el 24 de abril pero que, para entonces, podría tener un nuevo cargo. La postulación de Cornejo causó sorpresa y cargó las tintas en la oposición, que salió a calificar de "despropósito" el hecho de poner a un radical a controlar al Gobierno.
"En el debate de la ley nosotros reclamábamos que fuera un técnico o alguien de la oposición al gobierno de turno. Esta oficina debería ser controlada por alguien externo", señaló la presidente del bloque del PJ en el Senado, Patricia Fadel. La justicialista volvió a apuntar: "Esto hace a la suma de poder público que quiere Cornejo".
Las fechas clave en el camino legislativo que seguirá el pliego son el 11 y 17 de abril. El primer miércoles se realizará la Audiencia Pública en la que se escucharán los apoyos e impugnaciones, opiniones que no son vinculantes a la decisión final.
Al martes siguiente, la Cámara de Senadores decidirá, con voto secreto, si ratifica o no el cargo. Para que pase este último filtro, Balsells Miró necesita la mayoría simple de los votos, es decir, con la mayoría que tiene el frente Cambia Mendoza alcanza.
“Lo ha enviado ahora, antes de que terminen el mandato sus legisladores, porque en la próxima composición (asume el 1° de mayo) vamos a quedar empatados entre la oposición y el oficialismo”, interpretó Fadel las fechas.
Por su parte, en la Fiscalía de Estado aseguraron que el nombre del postulado "causó sorpresa" por tratarse de un radical. En lo que viene, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (dirigida por Javier Fernández) se trasladará al ámbito de la Legislatura, aspecto que también fue cuestionado en el debate del proyecto. Es que algunos apuntaban a que el control debe hacerse fuera de los poderes del Estado.
Consultado por Los Andes, Balsells Miró dijo que no va a hablar hasta que sea ratificado por el Senado. El radical, en su trayectoria política, fue concejal de Capital, asesor en varias oportunidades y llegó ser subsecretario de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno de Julio Cobos. Actualmente es diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura.
Contra la corrupción
Para que la ley de Ética Pública estuviera en funcionamiento restaba este último paso que dio Cornejo ayer: proponer al auditor. El Presupuesto 2018 ya contempla la estructura de la oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que funcionará en el ámbito del Senado pero con autonomía de la Legislatura, según establece la ley.
El cargo de auditor durará 5 años. La ley de Ética Pública obliga a todos aquellos vinculados al manejo del Estado a declarar sus bienes muebles e inmuebles al inicio y fin de la gestión y cada vez que haya una variación en el patrimonio.
De esta manera, se podrá comprobar la evolución del patrimonio de los políticos y aquellos vinculados con el Estado, para así detectar si alguien se benefició de la función pública fuera de su salario.
Así, deberán presentar sus declaraciones juradas los funcionarios de los tres poderes del Estado, los intendentes y sus funcionarios, los concejales, el fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, los organismos descentralizados y el personal jerárquico de la Policía.
También se incluye a los sindicatos y a aquellos que perciban el pago de su licencia gremial por parte del Estado; los proveedores y contratistas.
La ley también establece un régimen de incompatibilidades y prevé una sanción económica y un sumario administrativo a los incumplidores.
Una mujer al EPRE
A través de otro pliego, Cornejo propuso a Jimena Latorre como candidata al cargo de director del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reemplazo del justicialista Elián Japaz, quien asume como concejal de Maipú.
La candidata, que también deberá ser ratificada por el Senado, es una abogada que actualmente se desempeña como coordinadora de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos. Su nombre surgió de un listado de seis postulantes que rindieron un concurso para cubrir el cargo y quedaron preseleccionados. Fue el Gobernador quien eligió a Latorre para estar en el Ente.