Un diputado provincial propone cárcel para quienes reivindiquen a la dictadura

Martínez Guerra es diputado del Partido Intransigente.
Martínez Guerra es diputado del Partido Intransigente.

Tras la polémica por los dichos de la diputada Hebe Casado, su colega Eduardo Martínez Guerra, del Partido Intransigente, propone modificar el Código de Faltas para sancionar el “negacionismo de delitos de lesa humanidad”. Y dice que la libertad de expresión “tiene límites”.

El diputado provincial Eduardo Martínez Guerra, del Partido Intransigente, propone encerrar en la cárcel a aquellos que reivindiquen a la dictadura. La propuesta llega en el medio de la polémica que se armó en la Legislatura por los dichos de la diputada del Pro Hebe Casado, quien comparó a los muertos por el Covid con los desaparecidos. Ayer, Casado fue “salvada” por el oficialismo tras el pedido del peronismo de suspenderla de su banca.

Ahora, Martínez Guerra -un aliado del Frente de Todos en la cámara baja- volvió a la carga y sin medias tintas pide prisión para quienes defiendan lo ocurrido durante los años de la última dictadura militar, una propuesta que para muchos puede significar avanzar sobre derechos como la libertad de expresión.

El legislador del Partido Intransigente pide concretamente agregar el artículo 81 bis al Código Contravencional de Mendoza (Ley N° 9099) para castigar el “negacionismo de delitos de lesa humanidad". Y propone sancionar “con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto, al que públicamente de manera verbal negare, minimizare, justificare o reivindicare, la comisión de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983″.

En la misma sanción incurrirán los que por medio de entrega de folletería, publicaciones en redes sociales, medios digitales o tradicionales, inscripciones en carteles o en su vestimenta, promuevan la contravención prevista en el párrafo primero.

”En caso de que el contraventor sea funcionario público, sufrirá además sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años”, reza un fragmento de la propuesta.

Martínez Guerra llegó a una banca en la Legislatura como parte de su alianza con Protectora, cuando le “prestó” el sello del PI a Ramón y Vadillo para las elecciones de 2017. Hoy, ya lejos de los fundadores de Protectora (que además están peleados entre sí), se muestra muy cercano al kirchnerismo.

Límites a la libertad de expresión

Para Martínez Guerra la idea nace más allá de la negación y los argumentos internacionales sobre el tema , parte de la protección a la víctima . “A ese remover el dolor que contiene esa dosis de agresión continua. A una educación a la sociedad, explicando que gran parte de esos argumentos son los que usaron quienes infligieron el dolor, el daño. Por ejemplo Jorge Rafael Videla explica que son 8 mil, ese es el argumento del q ejerciendo el poder del estado, generó los desaparecidos, entonces usarlo como argumento te lleva a estar en el lado del perpetrador. Además todo eso conlleva a q la sociedad no cicatrice y con el fin de agredir a otro muchas veces se usen esos argumentos”, remarcó el diputado.

Para el legislador, la libertad de expresión “tiene límites, no es absoluta y no todas las opiniones son respetables ni dan lo mismo. Bajo esta línea, existe un interés social relevante a proteger: la memoria y el reconocimiento de las víctimas; la protección de colectivos vulnerables; la búsqueda de la verdad histórica en los sistemas democráticos y la no repetición de las aberraciones del pasado".

Y argumenta que "diversos países sancionan la apología y minimización de crímenes de lesa humanidad, los mismos realizan leyes acordes a los pedidos de organizaciones como la OEA, UNICEF y la Unión Europea entre otras. Cuentan con penas que van de un año a 15 de prisión o hasta 20 ( Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia, y EEUU o Perú , ellos poseen algún tipo de ley al respecto)”.

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