Semana clave para Zona Fría, la ley que une a Ramón con los K

Ramón y Fernández Sagasti junto al ministro Matías Kulfas. El vínculo entre ambos legisladores mendocinos es cada vez más estrecho.
Ramón y Fernández Sagasti junto al ministro Matías Kulfas. El vínculo entre ambos legisladores mendocinos es cada vez más estrecho.

El proyecto, que lleva la firma de Máximo Kirchner, es militado por el legislador de Protectora y rechazado por la oposición. Propone reducir 50% el costo del gas para los mendocinos.

Después de más de tres semanas de tratativas silenciosas y de evaluación de aspectos técnicos, el kirchnerismo pone un pie en el acelerador y buscará avanzar esta semana en un trámite veloz con un proyecto que lo une, una vez más, con José Luis Ramón. Se trata de la rebaja de las tarifas de gas para más de tres millones de usuarios de “zonas frías”, entre ellas la provincia de Mendoza, iniciativa que lleva la firma del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que hizo suya el mismo Ramón y que es promocionada activamente por el PJ mendocino, que ayer salió a militarla en las calles.

Según la hoja de ruta oficialista, la iniciativa comenzará a ser tratada el lunes a las 15 en una reunión informativa de las comisiones de Energía y Presupuesto con la participación del interventor del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Federico Bernal, para firmar dictamen el miércoles y, al día siguiente, votar el proyecto en el recinto.

Con vistas a la proximidad del invierno, dos de los promotores de la ley, el mendocino Ramón (que lidera el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo) y el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal) intensificaron la presión ante Kirchner, encargado de reunir los votos que faltan ante las dudas que hay en Juntos por el Cambio.

En este escenario, el Frente de Todos sortearía la votación con ayuda de los interbloques de Ramón y de Eduardo “Bali” Bucca, sumados a algunos otros diputados de fuerzas minoritarias. Una vez en el Senado, el oficialismo no tendrá inconvenientes en alzarse con la ley, con votos propios y el empuje de la vicejefa del bloque, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

La iniciativa para las denominadas “zonas frías” establece una tarifa diferencial de gas para 3.022.224 usuarios de toda la provincia de Mendoza, 54 de los 135 municipios bonaerenses, 18 departamentos de San Juan, seis de Salta y uno de San Luis.

Se propone una reducción del 50% en la factura para sectores vulnerables, como jubilados y pensionados, receptores de la Asignación Universal por Hijo, electrodependientes y trabajadores con un sueldo bruto menor o igual a cuatro SMVM. Para el resto de los usuarios residenciales, la rebaja será del 30%.

“Los hogares de zonas frías consumen más gas y necesitan un descuento en sus facturas. Queremos poner un poco de equidad, porque hace 20 años que las ciudades con bajas temperaturas pagan el adicional y no reciben el subsidio que sí reciben la Patagonia, Malargüe y la Puna”, explicó el lavagnista Rodríguez, oriundo de Tandil, una de las localidades que se verán beneficiadas.

“Gracias por estar bancando los trapos en esta nueva epopeya por la tarifa de gas en nuestra provincia”, tuiteó por su parte Ramón luego de compartir un conversatorio con la diputada kirchnerista mendocina Marisa Uceda, que funciona como representante, en la Cámara de Diputados, de Fernández Sagasti.

Las dudas de Juntos por el Cambio

En el principal bloque de la oposición todavía no hubo una definición y se avecina una votación dividida geográficamente. Los mendocinos del interbloque están a favor de subsidiar a la provincia e incluso tienen proyectos presentados en ese sentido, pero la inclusión de buena parte del territorio bonaerense genera resistencia y suspicacias.

Según los autores del texto, la medida no tendrá impacto presupuestario porque se financiará a través del recargo que pagan todos los usuarios del país en sus facturas desde 2002, cuando se creó, en el Presupuesto sancionado para ese año, un fondo fiduciario. Sin embargo, en Juntos por el Cambio hay dudas.

“Este proyecto dista bastante de lo que era, en su origen, esta tarifa diferenciada: quedaría contemplada en la tarifa patagónica más de la mitad de la República Argentina y el tema es quién paga esto”, advirtió la radical cornejista Jimena Latorre a Los Andes, al observar que “en un fondo fiduciario donde los que aportan son menos de los que se benefician, obviamente hay un desequilibrio en la balanza”.

A pesar de que el recargo que pagan todos los usuarios subirá del 4,5% al 5,2%, Latorre considera que inevitablemente “habrá un aumento en la cuenta de subsidios que tendrá que aportar el Tesoro Nacional”. “Lo peor -señala- es que los que van a aportar al fondo fiduciario son todo el resto de los usuarios que no están comprendidos en ese beneficio, como por ejemplo las industrias”, incluyendo a las generadoras eléctricas.

En el mismo sentido se expresó otra mendocina, la senadora radical Pamela Verasay: “En materia energética, habiéndose absorbido los subsidios previstos en el Presupuesto, el presidente Alberto Fernández debería ser más serio y responsable, no sólo por el impacto fiscal sino también para dar previsibilidad a los distintos sectores del consumo”.

El diputado Omar De Marchi (Pro) fue más duro y alertó que el proyecto “está cargado de improvisación electoral, porque no han hecho un estudio técnico sobre las zonas frías a los efectos de aplicar el subsidio”. “En lugar de tomar las temperaturas climáticas, han tomado las temperaturas electorales. Incluyen casi 50 partidos de Buenos Aires… han hecho un mapeo electoralista y demagógico”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Energía a este medio.

La ley tendrá un fuerte impacto, por ejemplo, en Mar del Plata y Bahía Blanca, cuyos intendentes (Héctor Gay y Guillermo Montenegro, ambos de Juntos por el Cambio) apoyan la medida. El propio Gay se reunió en los últimos días con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para expresarle su respaldo.

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