Por un error en la Legislatura, el Gobierno vetará un artículo del presupuesto 2023

Debate del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados

Foto: Orlando Pelichotti
Debate del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados Foto: Orlando Pelichotti

Se trata de una modificación a un artículo de la Ley de Administración Financiera que había sido mal transcripta. Ahora ambas cámaras deberán revalidar el veto con dos tercios de los votos.

El Ejecutivo provincial descubrió un insólito error en el Presupuesto 2023, que pasó desapercibido en la Legislatura tanto por el oficialismo como la oposición. De esta manera la “ley de leyes” será promulgada de forma parcial, a excepción de un artículo observado.

El Gobierno ya remitió las actuaciones a Legislatura, para que las dos cámaras ratifiquen el veto del gobernador Rodolfo Suárez, con el voto de los dos tercios de ambas cámaras.

Se trata del Artículo 66, que no formaba parte del proyecto original de la Ley 9.433 y que fue agregado en la Cámara de Diputados. Contemplaba una modificación al Artículo 113 de la Ley de Administración Financiera 8706, referida a la rendición de los organismos públicos al Tribunal de Cuentas.

El cambio que habían redactado era para deslindar a los entes reguladores que no perciben fondos del presupuesto provincial de los mismos estados demostrativos que se les pide en la Cuenta General del Ejercicio a los organismos descentralizados, autárquicos, fondos fiduciarios, el Departamento General de Irrigación y los entes reguladores que reciben fondos del presupuesto.

Sin embargo, a la hora de copiar el resto del texto, lo hicieron solamente con los dos primeros ítems del inciso B, de los siete que tenía originalmente el artículo.

De esta manera quedó seriamente afectada la información que deberían presentar no solo los organismos mencionados, sino también las jurisdicciones y unidades organizativas de la Administración Central.

El gobernador Rodolfo Suárez le envió este viernes a la Legislatura una nota para informar que el Presupuesto será promulgado a excepción del Artículo 66, que fue “observado en su totalidad” y así iniciar el debate legislativo para ratificar el veto.

En sus argumentos, el Ejecutivo explicó que “el texto modificatorio del Artículo 113 previsto por el Artículo 66 de la Sanción NO 9. 433, conlleva una disminución considerable de la información a presentar por los distintos organismos que componen el Sector Público Provincial en cabeza de las autoridades allí descriptas, - asimismo, se advierte falta de claridad sobre el alcance de los párrafos segundo y tercero de la modificación pretendida, lo que dificulta su implementación”.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Ángela Floridia (UCR), explicó que “ese artículo tiene siete incisos y la idea era modificarlo para que los entes reguladores que tienen presupuesto propio, ellos mismos propusieran la forma de control frente al Tribunal. No que se omitiera información, sino que se salieran de ese esquema porque el presupuesto de ellos es diferente”.

“Queríamos modificar solo esa parte, es solo una oración. El tema es que cuando han transcripto, en lugar de poner que se modificaban el inciso A y B del 113 y que el resto quedaba igual, eso no lo hicieron. No transcribieron. Y cuando hacés eso en una ley por técnica legislativa, se entiende que el resto de los incisos desaparece y esa no era la idea”, añadió la legisladora.

Y aclaró que “la idea no era disminuir eso, ni eliminar los incisos. Simplemente ha sido un error técnico cuando han hecho la transcripción de la modificación”.

La senadora dijo que “no recuerda” que haya pasado algo así anteriormente. “En el momento de la transcripción puede suceder. Esto se propone, pasa por la comisión, ahí se vuelve a redactar y se arma un despacho… El presupuesto tiene un recorrido muy largo y se va modificando permanentemente. Puede ocurrir, somos seres humanos”, dijo.

En ese sentido, destacó el rol del gobierno provincial: “Lo importante es el control que se ha hecho en el Ejecutivo y segundo, que está clara la intención de no omitir información al Tribunal de Cuentas en relación al gasto del presupuesto. Si no que la idea es continuar haciendo lo que hacemos, con la mayor transparencia posible”.

“Si el gobernador no hubiera vetado ese artículo, estaríamos modificando erróneamente la Ley de Administración Financiera y eso hubiera sido un problema serio. Hoy la ley está como está. No es algo de extrema gravedad porque se puede subsanar. Esa modificación se incorporará el año que viene”, cerró Floridia.

EL PRESUPUESTO 2023

El Presupuesto 2023, aprobado en la Legislatura con votos del oficialismo y rechazo de la oposición, prevé erogaciones por un total de 925.690 millones de pesos, entre gastos corrientes (719.009 millones) y de capital (206.680 millones); una variación real del PBI del 2%, interanual del IPC del 60%, y un tipo de cambio nominal al cierre del ejercicio 2023, de 269,9 ARS/USD.

Lo que sí acompañó el Frente de Todos fue el financiamiento para la doble vía Rivadavia-Junín-Rivadavia; la ampliación del Metrotranvía; el plan hídrico para el Gran Mendoza y el Acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta:

  • Doble Vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín: sobre este proyecto, se podrá tomar hasta una suma de $5.937 millones, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir) u otros organismos de financiamiento.
  • Acueducto Ganadero Monte Comán – La Horqueta: sobre esta obra, el crédito será de hasta $ 4.048 millones, también financiado por el Fffir u otros organismos de financiamiento.
  • Metrotranvía de Mendoza: el Gobierno podrá hacer uso del crédito para emisión y colocación de un título de deuda de tipo Social, Verde y Sustentable (SVS), por hasta la suma de $8.070 millones, con destino al avance de la Etapa III (desde Pellegrini hasta Parador Pueyrredón en Luján de Cuyo), Etapa IV (desde Parador Avellaneda en Las Heras hasta Estación Aeropuerto) y obras complementarias requeridas para el ordenamiento de toda la traza.

Los montos autorizados en estos artículos serán actualizados por el Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), al momento en que se realicen las operaciones de uso del crédito.

  • Financiamiento Sistema de Agua Potable y Saneamiento: se dispone la ampliación del plazo y del monto previstos por el artículo 5 de la Ley 8.270 hasta el año 2027 y por la suma de U$S 130 o su equivalente en otras monedas. Se incorpora al objeto del financiamiento, a la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Pedemonte (este último solicitado por Luján), entre otros, a ejecutar por el operador Aysam.

Siguiendo con este crédito, se podrán tomar otros U$S 20 millones a destinar a la obra de mejora operativa para riego irrestricto – Planta Depuradora Campo Espejo y obras de revestimiento Canal Principal.

En tanto, otros U$S 70,275 millones también se podrán tomar como crédito para destinar a obras de saneamiento de operadores municipales de los departamentos de Maipú y Lujan de Cuyo. La distribución de los fondos mencionados será la siguiente: a Maipú U$S 35,275 millones, y a Luján de Cuyo U$S 35 millones, con destino a la financiación de las siguientes obras: a-Aducción agua cruda; b-Ampliación de plantas potabilizadoras; c-Ampliación de reservas de almacenamiento; d-Acueductos de distribución; y e-Telemedición (micromedición, macromedición y sistema scada).

Por otro lado, el Poder Ejecutivo “deberá resguardar en un Fideicomiso los fondos que se obtengan con motivo de la presente autorización de uso del crédito, debiendo informar a la Legislatura cada seis meses, el estado y avance de las obras financiadas por el mismo”.

Por último, también el Gobierno deberá, dentro de los 60 días previos a la efectiva obtención del financiamiento, “suscribir convenios específicos con los Departamentos de Lujan de Cuyo y Maipú a los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo previsto”. El mismo debe comprometerse a ejecutar estas autorizaciones en forma proporcional a los montos establecidos para el financiamiento del Sistema de Agua Potable de Aysam y los municipios respectivos cuando las condiciones del crédito así lo permitan.

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