Cruces políticos y más de mil personas en la mira de la Justicia por el “festejo” del Tomba

La Justicia lleva adelante una investigación para tratar que no queden impunes las violaciones a las restricciones que ocurrieron este martes en la caótica celebración del centenario del club Godoy Cruz, en el cual más de 5.000 personas violaron las medidas decretadas a nivel provincial y nacional dispuestas para la mitigación de la pandemia del coronavirus.

La llamativa multa que le labró la Municipalidad de Godoy Cruz al Tomba

Hasta ayer se había identificado a unas 1.000 personas a través de cámaras de seguridad y se los citará a declarar. Según la información oficial, hubo 21 detenidos cuando se iniciaba la desconcentración quienes ya fueron imputados por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece de 6 meses a 2 años de prisión para quienes infrinjan disposiciones para evitar la propagación de una pandemia. La mayoría quedó en libertad.

El fiscal Correccional, Tomás Guevara, analiza las cámaras de seguridad del Municipio, el club y la Provincia, para seguir ubicando a quienes estuvieron en los festejos. En las próximas horas se citará a declarar a 63 personas a la Fiscalía 3 y se hará lo mismo con el resto de los identificados. Todos quedarían imputados.

Por otro lado, se tomaron las patentes de más de 70 vehículos de personas que participaron en la movilización y se citará a sus propietarios. “Si no fueron ellos al lugar, deberán decir quién manejaba y también se imputará”, marcó a Los Andes el procurador de la Corte, Alejandro Gullé.

Los desmanes ocurridos tuvieron trascendencia nacional, en momentos en que la provincia y el país viven, según el propio presidente, Alberto Fernández, “el peor momento” de la pandemia, con camas de terapia intensiva a 90% de ocupación, alrededor de mil casos diarios en Mendoza y más de 20 fallecidos por día. El gobernador, Rodolfo Suárez, indignado por los hechos advirtió que “no van a quedar impunes” y que investigarán hasta las últimas consecuencias.

Cuestionamientos cruzados

Desde el PJ apuntaron contra el Ejecutivo provincial al señalar que hubo una “zona liberada” en las inmediaciones de la plaza Godoy Cruz y el estadio Feliciano Gambarte y volvieron a cargar contra dos funcionarios a quienes vienen criticando desde hace meses: el jefe de la Policía, Roberto Munives, y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino. Ambos eran esperados ayer en el lanzamiento de un programa de seguridad de la Municipalidad de Capital pero la espera fue inútil. Estuvo el jefe de la distrital Capital, Eduardo Muñoz, mientras Levrino y Munives pegaron el faltazo y argumentaron que estaban trabajando en la detección de los involucrados en los festejos.

En el Ministerio de Seguridad, en tanto, se defendieron al indicar que mayor presencia policial en la zona podría haber traído consecuencias graves, como enfrentamientos con la gente, y lo justificaron en que en la zona de la plaza y el estadio había “muchas mujeres y niños, lo que complicó el accionar policial”.

Ayer, Munives se limitó a marcar a Los Andes que se ha avanzado en la identificación de los responsables y partícipes y que el operativo contó con 400 efectivos, 25 móviles y el helicóptero policial. Si bien no quiso hacer una valoración sobre el operativo montado, puso en relieve que no hubo heridos y que se trató de evitar enfrentamientos que podrían haber complicado más la situación.

Lo cierto es que desde el propio club, el municipio de Godoy Cruz, el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal sabían con antelación que podría ocurrir un evento de este tipo y que las consecuencias de una concentraron de miles de personas sin distanciamiento ni cumplir ningún protocolo para evitar contagios, se conocerán dentro de cinco o diez días, con el parte de casos de coronavirus.

Al respecto, la Comuna emitió un comunicado significativo: “desde el Municipio se solicitó con antelación a la Policía de la Provincia y al Ministerio Público Fiscal que se abocaran a intervenir en los eventos en cuestión”, dijeron desde Godoy Cruz.

Rastrillaje judicial

“No me parece que el fanatismo por un club nos pueda llevar a hacer este tipo de cosas”, consideró Gullé. En este sentido, expresó que ha estado en permanente comunicación con el Gobernador y coincidió en “caer con todo el peso de la ley” contra aquellos que transgredieron las normas sanitarias. Para el procurador, será importante lo que pueda avanzar el fiscal Guevara con las cámaras de seguridad, por lo que la cantidad de imputaciones variará a medida que se pueda determinar quiénes estaban en los festejos.

Por otro lado, si bien dijo que el trabajo de la fiscalía no es el de prevención, consideró que la policía evitó que haya desmanes y enfrentamientos y que se hacía “dificultosa” la posibilidad de frenar la cantidad de gente, teniendo en cuenta que había muchos menores de edad.

También será importante determinar si el estadio estaba cerrado o no al momento que llegaron los hinchas. “Todo está en investigación. Yo me comuniqué el mismo martes con el presidente del club (José Mansur) y les pregunté si habían trabado las puertas. Me dijo que sí, pero evidentemente rompieron los candados”, marcó.

El PJ insiste contra Levrino y Munives

El titular de la comisión bicameral de Seguridad, Rafael Moyano (PJ), opinó que el accionar del Gobierno fue “completamente nulo” y que hubo “una zona despejada” por parte de la Policía, para que la gente se concentrara de esa manera e ingresaran al estadio. “Como mínimo se deberían haber hecho varios perímetros de seguridad para que la gente no se amontonara como se hizo, pero hubo un acompañamiento de las acciones”, consideró el diputado.

Moyano adelantó que iniciarán nuevamente un camino legislativo para que Munives y Levrino den explicaciones sobre el operativo e intentarán citar también al procurador Gullé “para que explique cómo se ha resuelto la investigación”. El legislador peronista marcó que notaron “una desaparición de la presencia policial” y que los argumentos d el Gobierno “son malas excusas. Es el Poder Ejecutivo el que tiene las herramientas para tomar decisiones. Se tenía que impedir que haya concentración de gente. Pero pareciera que nadie se hace responsable de nada”, finalizó.