Luis Petri, el diputado mendocino que otra vez “milita” la baja en la edad de imputabilidad

A partir del asesinato del ciudadano armenio que fue asesinado por un joven de 15 años cuando andaba en bicicleta en Retiro, se reflotó el debate de la baja en la edad de imputabilidad. Uno de sus grandes defensores es el diputado mendocino, Luis Petri, quien tiene una amplia trayectoria defendiendo este tipo de iniciativas.

Al respecto, el legislador nacional dialogó con La Nación + y aseguró que el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil vigente “es de la época de la dictadura” y establece la imputabilidad apartir de los 16 años. “Después de 40 años, al menor (de edad) el sistema penal recién lo termina de ajusticiar cuando comete un delito aberrante pero no se encienden alarmas tempranas para que no escale criminalmente”, agregó Petri.

En comunicación con Radio CNN Mendoza, Luis Petri recalcó que no sólo se busca bajar la edad de imputabilidad, sino también discutir “los establecimientos donde se cumplirán las condenas, las penas diferenciales, las medidas punitivas”. A su vez, sostuvo que se trata de “una de las deudas de la democracia”.

En su cuenta oficial de Twitter, el diputado radical apuntó contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y la acusó de defender delincuentes. “Tenemos una Ministra de Seguridad que siempre defiende al delincuente, lo hizo con los usurpadores y lo vuelve hacer ahora. Cuando va a ponerse en el lugar de las víctimas?”, expresó en esta red social.

También arremetió contra el presidente Alberto Fernández, solicitando que se habilite el tratamiento en sesiones extraordinarias del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. “como profesor sabe que es una de las deudas de la democracia, con una ley de la dictadura que ya tiene 40 años”, agregó Petri en Twitter.

Cabe destacar que Luis Petri fue el principal impulsor de la Ley 27.375 o más conocida como “Ley Petri”. Así fue como en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso promulgó esta iniciativa que tenía como principal objetivo limitar las excarcelaciones o salidas anticipadas para los condenados por violaciones, muertes por torturas, robos con armas, trata de personas, o narcotráfico.