lunes 21 de septiembre de 2020

Los referentes de Juntos por el Cambio ratificaron su unidad. Entre los voceros del espacio están Cornejo y Bulrich, como presidentes de la UCR y el Pro. / Marcelo Rolland
Política

La reforma judicial podría debatirse en enero de 2021

Juntos por el Cambio definió que no tratarán la iniciativa de Fernández hasta que no haya sesiones presenciales en el Congreso. El oficialismo pide paciencia y diálogo para avanzar.

Los referentes de Juntos por el Cambio ratificaron su unidad. Entre los voceros del espacio están Cornejo y Bulrich, como presidentes de la UCR y el Pro. / Marcelo Rolland

Juntos por el Cambio, la principal fuerza política de la oposición, se plantó y ratificó ayer que no acompañará al Gobierno de Alberto Fernández en el debate de la reforma judicial en forma virtual, por lo que la resolución de esa iniciativa oficial podría pasar a 2021 cuando el Congreso retome el esquema de sesiones presenciales.

Desde Francia, Mauricio Macri dialogó en una videoconferencia con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Patricia Bullrich, y los diputados Mario Negri, Christian Ritondo, Maximiliano Ferraro (titular de la Coalición Cívica) y Alfredo Cornejo (presidente de la UCR), entre otros.

Durante una hora media, se tomaron varias decisiones. La primera tuvo que ver con salir a rechazar cualquier posibilidad de fractura de la Coalición y la decisión de mirar hacia 2021, cuando habrá elecciones legislativas, en unidad. En las reuniones de los lunes se comenzará a delinear una estrategia para ir levantando el perfil del frente ante lo que observan como un acaparamiento de la agenda política y mediática por parte del Gobierno.

Equipos técnico jurídicos de los tres partidos de la coalición (UCR, PRO y CC) más representantes del peronista Miguel Ángel Pichetto, vienen trabajando desde la semana pasada en un análisis pormenorizado del proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno.

La Corte y el Procurador

Al respecto, lo que más se mencionó en la reunión de ayer como preocupación del espacio es la eventual modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un tema sobre el que el Gobierno aún no ha decidido aún avanzar. Incluso para Fernández y para la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la cantidad actual de miembros (cinco) del máximo tribunal no está mal.

Otro punto que genera rechazo en Juntos por el Cambio es la intención del Gobierno de avanzar para desplazar al Procurador General interino, Eduardo Casal, y nombrar en su lugar al juez Daniel Rafecas. Para Bullrich, este es un objetivo específico de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para buscar su propia “impunidad” ante las acusaciones por corrupción.

Negri, en diálogo con este medio, dijo que Juntos por el Cambio no tiene inconvenientes en continuar con las sesiones virtuales para debatir y sancionar leyes que tengan que ver con la emergencia por la pandemia. Pero aclaró que no lo hará para la reforma judicial ni ningún otro tema con impacto en la vida institucional de la Argentina sin que exista antes un amplio consenso previo.

La postura del oficialismo

En el oficialismo sabían que Juntos por el Cambio iba a ratificar una decisión que se conoció ni bien el Gobierno presentó la reforma judicial y ya no descartan que la discusión comience este año pero que la ley termine siendo sancionada en sesiones extraordinarias durante el verano, cuando se puede volver a debates completamente presenciales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pide “paciencia” para ver cómo evolucionan las medidas que Fernández va tomando en tándem con Rodríguez Larreta y Áxel Kicillof sobre la cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque para esto, dice, es crucial el comportamiento de la pandemia. Él y Fernández de Kirchner aseguran que no quieren convocar a sesiones completamente presenciales para no exponer a los legisladores. Esta situación, confiaron fuentes del oficialismo, podría extenderse hasta octubre.

Al menos por ahora, Massa rechaza hablar de plazos para la reforma judicial. Y pide a la oposición, sí, que mantenga su compromiso de seguir sesionando para sancionar las leyes que el gobierno necesita para administrar las consecuencias de la pandemia. Una prueba de fuego será, reconocen en el oficialismo, la posición que tome la oposición ante la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 el 15 de septiembre.

En la Casa Rosada explican que la intención no es avanzar sin debate y dicen que quieren darle a la reforma judicial la mayor legitimidad de origen posible. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, envió ayer una señal a la oposición. “Buscamos un diálogo franco en el Poder Legislativo, que se incorporen las voces y las miradas de todas las fuerzas políticas. Ahora, negarse a un tratamiento sin haber leído el proyecto, lejos de fortalecer la democracia lo que hace es debilitarla”, dijo Cafiero. Y señaló que “si efectivamente surgen herramientas y propuestas para mejorar” (la iniciativa), el Gobierno “siempre ha sido parte de promover el diálogo democrático”.