lunes 1 de marzo de 2021

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La provincia deberá pagar $210millones por juicios contra el estado
Política

La Provincia deberá pagar $210 millones por juicios contra el Estado

Dato inédito: por primera vez en años, el monto será menor al del año pasado, a pesar del impacto inflacionario en el cálculo de las reparaciones.

La provincia deberá pagar $210millones por juicios contra el estado
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Año tras año, Mendoza debe pagar juicios millonarios por demandas perdidas que han sido iniciadas contra el Estado por personas o empresas. No obstante, por primera vez el monto anual será menor que el año anterior, a pesar del impacto inflacionario.

Desde Fiscalía de Estado valoraron el trabajo realizado para defender a la provincia, pero también la rapidez y agilidad con la que se vienen regularizando dichos pagos, evitando que se sigan sumando intereses, que en la mayoría de los casos superan por tres el monto inicial a saldar.

Según datos de Fiscalía de Estado, comandada por el ex senador PJ Fernando Simón, Mendoza tendrá que afrontar el pago de aproximadamente $210 millones este año, en base a 227 juicios que se perdieron y que tuvieron sentencia entre el 1 de septiembre del 2019 y el 31 de agosto del 2020.

Lo curioso es que en 2019 se registraron juicios perdidos con montos cercanos a los $230 millones (con 155 demandas perdidas), un monto mayor no sólo de manera nominal, sino que a eso se le debería calcular naturalmente la inflación anual en la que transitamos. En tanto, en el período 2018 se debieron saldar $129 millones.

Pablo Frigolé, director de Administración de Fiscalía de Estado, sostuvo a Los Andes que en los últimos años se viene notando una baja progresiva de la cantidad de demandas que recibe el Estado, pero que también viene acompañado de una resolución más ágil y rápida por parte de la Justicia, sobre todo por la oralidad y digitalización, lo que termina incidiendo en los intereses y montos que se deben pagar.

No obstante, un número importante de las causas llevan igualmente varios años en el ámbito judicial, lo que termina repercutiendo en el monto, no sólo por la complejidad del caso o la “reparación” del daño, sino también por los intereses.

De los 227 juicios perdidos, los que tienen montos más grandes rondan entre los $2 y los $5 millones sólo en concepto de capital (hay que agregar intereses). Ante esto, Frigolé expresó que la provincia tiene que pagar de capital $74,6 millones, y que la cifra termina rondando los $210 millones por los intereses restantes.

Mendoza al día

Frigolé destacó que este 2021, a pesar que estamos en un momento de crisis económica producto de la cuarentena por el coronavirus, comenzará “al día” en el pago de sentencias. Esto responde a que el Ministerio de Hacienda envió a fines del 2020 un “refuerzo” destinado al pago de sentencias, ya que durante todos estos años Fiscalía de Estado queda con “saldos” sin pagar, y que debe ir regularizando mes a mes.

Sobre este punto, el funcionario destacó que en el Presupuesto 2020 habían pedido desde Fiscalía de Estado $250 millones sólo en concepto de pago de juicios, pero se votó un monto de $148 millones. No obstante, luego enviaron $135 millones más, lo que bastó para quedar sin saldos.

Para este año, se votó un Presupuesto en este concepto de $195 millones, por lo que estiman que el monto restante llegará en los próximos meses.

Sin reglamentación

El fiscal de Estado pidió al Gobierno la reglamentación de la ley 9.234, que podría implicar un ahorro considerable para la Provincia en el pago de juicios. La norma, aprobada en julio del 2020, fija la posibilidad de realizar acuerdos transaccionales, judiciales o prejudiciales.

Según la visión de Simón, ante la evidencia de casos en los que se pueda saber de antemano que la Provincia tiene amplias chances de perderlos, los acuerdos extrajudiciales podrían, por un lado, evitar que el Estado deba pagar luego los honorarios de abogados y los intereses de las causas; sino que también aliviaría los juzgados provinciales.

“Esto le daría más agilidad al proceso judicial e implicaría un ahorro para el Estado porque disminuiría los montos de cancelación de honorarios, intereses y peritos”, remarcó el fiscal de Estado.

Sobre esta ley, el Poder Ejecutivo debe reglamentarla y nombrar quiénes serán los encargados de calcular el monto de cada demanda. La misma deberá estar integrada por un representante del demandado, uno de Contaduría y uno del Ministerio de Hacienda.

Las causas por las que el Estado siempre paga

La mayoría de las causas perdidas se agrupan en mala praxis en los hospitales públicos, accidentes de tránsito (con calles en mal estado o mal señalizadas), reclamos salariales y accidentes en las escuelas, entre otros.

Uno de los juicios perdidos por la provincia es el del caso de Matías Tello, un joven que estaba preso en Almafuerte y que murió en 2012 en circunstancias poco claras; la principal hipótesis fue que recibió torturas. En diciembre del 2020 sobreseyeron a penitenciarios y médicos (imputados por homicidio culposo, y vejaciones) por el beneficio de la duda.

Por daños y perjuicios se debe resarcir a la familia con $1,3 millón de pesos (de capital, no están contemplados los intereses) a la familia de la víctima, y lo importante, según Frigolé, es que las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH “son en dólares”, por lo que la actualización de la moneda estadounidense termina complicando las arcas locales.

Otro caso relevante es el de Abraham Isaac Corbera, quien en una noche de marzo del 2015 recibió un balazo de goma durante un operativo policial en el barrio Pablo VI de Godoy Cruz, lo que le ocasionó pérdida de visión en uno de sus ojos. Corbera, a quien además se le cortó su carrera como boxeador, inició un juicio por daños y perjuicios y deberá recibir un resarcimiento de $1,9 millón sólo de capital.

Otra demanda millonaria fue la de un empleado estatal que ganó un juicio contra la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil por diferencias entre lo que cobraba y lo que debía percibir mes a mes. La causa inició en 2016 y finalmente se determinó que debe percibir $4,7 millones (tampoco están contemplados los intereses).

También hay varios casos con demandas por daños y perjuicios en el ámbito de la Salud, por casos de mala praxis. Los más relevantes son malos desempeños profesionales hacia mujeres embarazadas, con complicaciones que incluso han desembocado en el fallecimiento de sus bebés.


Por las redes