La pelea política sobre las restricciones ante la segunda ola se trasladó al Congreso

La Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario dio dictamen a los DNU 235 y 241, sólo con apoyo del oficialismo. Juntos por el Cambio dijo que esas decisiones presidenciales son “inválidas”.

Oficialismo y oposición aún no logran un acuerdo en cuanto a las restricciones por el avance de la pandemia. / Ignacio Blanco
Oficialismo y oposición aún no logran un acuerdo en cuanto a las restricciones por el avance de la pandemia. / Ignacio Blanco

La batalla política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en torno a si hacen falta o no medidas restrictivas que bajen la circulación ante la segunda ola de Covid-19 se trasladó al Congreso este viernes y, como viene sucediendo, no hubo acuerdo posible.

Durante varias horas, la Bicameral de Trámite Legislativo discutió en torno a los decretos 235 y 241/21. Finalmente, hubo aval sólo del oficialismo. Juntos por el Cambio dijo que los DNU del presidente Alberto Fernández “son inválidos”.

Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud en Diputados, justificó los DNU emitidos por el Gobierno debido a la situación “inédita y gravísima” por la pandemia y afirmó que Alberto Fernández no está ejerciendo ningún tipo de especulación política con las decisiones que toma.

“El Presidente toma decisiones muy importantes sin especular políticamente con este tema”, dijo Yedlin y señaló que Fernández tiene claro que él se está cargando con todo el costo político de las medidas que son impopulares.

Yedlin advirtió que al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y principalmente en la Capital Federal se está registrando una cantidad de casos que está “fuera de los márgenes de cualquier recomendación internacional de sostener las clases presenciales”.

Señaló que si bien no se han dado situaciones de contagios masivos dentro de las aulas o las escuelas cuando la curva general de casos es baja, ocurre lo contrario cuando la curva se torna exponencial, como ha sucedido en países como Reino Unido e Israel.

Pablo Tonelli, diputado del PRO, afirmó que ambos DNU “son inválidos” y dijo: “Más allá del beneficio que puedan haber traído en la lucha contra la pandemia, han generado consecuencias extremadamente graves para muchos argentinos”.

A eso, agregó: “Esto requería y exigía que dichas restricciones fueran debatidas, discutidas y, eventualmente, dispuestas por el Congreso, y no imponerse por la sola y exclusiva voluntad del Poder Ejecutivo”.

“A partir de que el Congreso encontró los medios para funcionar de manera regular, entendimos que desaparecía la posibilidad de que se continuara usando esa herramienta tan excepcional y restrictiva que le asigna la Constitución, no sólo porque el parlamento estaba en condiciones de sesionar, sino porque la cuarentena y el distanciamiento constituyen severas restricciones a los derechos individuales de los argentinos, que sólo podrían ser dispuestas por una ley”, remarcó el legislador del PRO.

Tonelli dijo que suspender las clases “es un ejercicio de poder de policía, que no es una atribución que las provincias hayan delegado al Gobierno nacional, ni al Congreso, y no pueden ser reguladas por un DNU”.

El mendocino Omar De Marchi advirtió que los diputados y senadores presentes podían discutir y fundamentar los decretos planteados, pero “no dictaminar de forma virtual este viernes por el formato mismo de la citación”.

Enseguida contestó la oficialista Carolina Gaillard: “Tenemos que dictaminar. Nuestra comisión tiene un reglamento propio y se acordó que podía dictaminar de manera remota y con firma digital. Es importante atenernos al espíritu de esta comisión, que no tiene receso”.

Ahora, el dictamen podrá debatirse en el recinto del Senado de la Nación. Para que un DNU sea ratificado por el parlamento es necesaria la aprobación de una de las Cámaras; en cambio, para su rechazo el decreto debería ser apoyado por Diputados y la Cámara alta.

A través de ambos decretos el Gobierno nacional dispuso una serie de medidas y restricciones en el AMBA (la zona urbana que conforma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires) con el objetivo de frenar los contagios de Covid-19.

El decreto 241/21 establece, entre otras cuestiones, la limitación para circular entre las 20 y las 6 horas del día siguiente; la restricción en el ámbito educativo, donde se suspenden las clases presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive; los locales gastronómicos deberán permanecer cerrados entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente; y la suspensión de diversas actividades.

En tanto, el DNU 235/21, que es previo al 241/21, por el cual el Gobierno fomentaba el teletrabajo, para quienes puedan adoptar dicha modalidad; suspendía las reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez personas, los viajes de egresados; entre otros temas.

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