La Justicia mendocina aceleró los procesos y ahora dicta condenas en menos de dos meses

Una vez que una persona cae presa, la obligación del sistema penal es que los jueces dicten lo más rápido posible una condena que defina su culpabilidad o inocencia y fije el tiempo de reclusión.

En Mendoza, desde hace tiempo, se han comenzado a reducir significativamente los tiempos de este proceso. Al punto que el promedio que aparece en el informe más reciente de la Justicia provincial sobre el tema indica que un preso accede a la condena, en promedio, en menos de dos meses, cuando en 2017, la definición tardaba casi un año.

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La rapidez con la que se dictan los fallos ha cambiado también la relación entre presos procesados y condenados. En otros tiempos, menos de la mitad de los internos de las cárceles no tenía sentencia. En cambio, hoy, el 70 por ciento de la población carcelaria está cumpliendo su condena.

Los informes judiciales señalan que también se aceleró en Mendoza el dictado de la prisión preventiva. En 2020, la Justicia ya aplicaba esta medida tres veces más rápido que en 2018.

Hace cuatro años, la prisión preventiva se dictaminaba en promedio a los 60 días del ingreso de la persona a la cárcel. En 2020, en cambio, el juez definía esta situación en apenas 20 días.

AVANCES

Las mejoras en la Justicia penal mendocina en cuanto a su celeridad se observan en los datos elaborados por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Esta dirección de la Justicia provincial, que depende del ministro de la Corte Omar Palermo, señaló en su último informe sobre la población privada de libertad que, entre 2017 y 2020, los tiempos procesales se acortaron considerablemente.

“El periodo de tiempo transcurrido desde que una persona ingresa a un establecimiento penitenciario y el dictamen de su sentencia fue 7 veces más rápido”, dice una de las conclusiones del trabajo estadístico.

En concreto, en 2020, el tiempo promedio de los procesos penales fue de 52 días. En cambio, en 2017, la condena llegaba recién a los 363 días, mientras que hace 10 años, en 2012, el sistema demoraba mucho más todavía: 648 días en total, es decir, poco menos de dos años.

Consultada sobre las razones de esta aceleración, la subdirectora de Ejecución penal de la Dirección de Derechos Humanos, Romina Cuchi, afirmó que se debió a “dos cosas principalmente, las reformas procesales y el uso extendido del juicio abreviado”.

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“Los procesos son más cortos y se resuelven en su gran mayoría por juicio abreviado”, indicó la funcionaria judicial, en cuya oficina están terminando de sistematizar los datos del 2021 para actualizar el panorama.

El juicio abreviado ya existía antes de las reformas procesales que se aplicaron durante el gobierno de Alfredo Cornejo. Sin embargo, a juicio del subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, “fue más fácil de aplicar” con las leyes que se sancionaron en la anterior gestión radical y fundamentalmente con la introducción de la “oralidad” en los procesos.

Aquel ciclo comenzó con la ley que endureció las condiciones para acceder a la prisión preventiva. Aunque esa sea la norma más conocida, luego se sancionó la ley 9040, que también fue muy importante porque creó los juzgados plurales, y separó la función jurisdiccional de la administrativa en los juzgados.

Este cambio buscó que los jueces se concentraran exclusivamente en el expediente y depositó la tarea administrativa en oficinas llamadas OGAP. Entre otros objetivos, las OGAP distribuyen las causas y evitan que alguna se frene por ausencia de algún juez.

La aplicación de estas reformas es hoy controlada por el ministro de la Corte José Valerio. Básicamente, el conjunto de leyes consistió en introducir la oralidad en todas las etapas del proceso, incluida la investigación penal preparatoria.

Las causas ahora se tramitan en audiencias orales y presenciales, en la que el juez se encuentra con el acusado, el fiscal y los abogados. En consecuencia, el proceso ha dejado de ser escrito, con lo cual se acelera todo.

Algunas audiencias incluso se realizan en forma virtual y se permite también la participación de ayudantes fiscales.

Este paquete de cambios fue lo que permitió, según el Gobierno provincial, cambiar la relación entre presos procesados e internos condenados en los penales. Antes el 65% revestía esa condición, mientras que hoy, apenas el 30% está preso sin condena.

PRISIONES DOMICILIARIAS

Al cierre de esta nota, en las cárceles mendocinas había 5436 presos en total. Cerca de 500 más que las plazas con las que cuentan las 23 unidades penales de la provincia: 4.981.

Dentro de ese universo, la modalidad de la prisión domiciliaria alcanzaba a 758 personas en total. Se trata de 567 internos bajo competencia provincial y 191 bajo competencia federal.

Este número es variable y los informes judiciales señalan que sólo existió un pico importante durante las etapas más duras de la pandemia, cuando se ordenó a nivel nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Entonces, la Suprema Corte de Justicia impulsó un acuerdo para descomprimir las cárceles y evitar contagios de coronavirus que derivó en más prisiones domiciliarias.

Como consecuencia, entre presos provinciales y de la Justicia Federal, en aquellos primeros meses de 2020, las domiciliarias se elevaron por encima de los 1.000 casos. Por ejemplo, en abril de 2020, se otorgó el permiso a 885 internos provinciales y y 326 federales (1.211 en total).

La prisión domiciliaria ha provocado fricciones políticas importantes. En este sentido, Cornejo criticó la semana pasada el pedido de la Oficina de Derechos Humanos a favor de un preso que está internado en el Hospital Central, en grave estado.

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Desde esa oficina le respondieron a Cornejo con un informe en el que señalan que durante el aislamiento de la pandemia “Mendoza en particular flexibilizó medidas antes que el gobierno nacional” y en el que destacan también que las cifras actuales de prisiones domiciliarias “son asimilables a la del periodo febrero/abril del 2020, es decir, previo a la pandemia y al impacto de las medidas tomadas en tal contexto”.

DE DÓNDE VIENEN LOS PRESOS

De acuerdo con el último informe de personas privadas de la libertad, el porcentaje más alto de internos de las cárceles de Mendoza pertenece a jóvenes de entre 25 y 34 años. El 42% tenía hacia fines de 2020 esta edad, en tanto que el 23,8% tenía entre 35 y 44 años y 11.9%, entre 22 y 24.

En conjunto, el 85% de los presos tiene 45 años o menos.

El informe indicó también que la mayoría de los internos de las cárceles de Mendoza residía en el área metropolitana (62.9%), con preponderancia de personas con domicilio en Guaymallén y Las Heras.

Por otro lado, las mujeres representan en el universo un porcentaje muy minoritario (3.58% del total).