viernes 4 de diciembre de 2020

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Marcha contra la reforma judicial.
Política

La Corte analiza hoy el traslado de jueces que investigan a CFK

Bruglia, Bertuzzi y Castelli pidieron un “per saltum” al Máximo tribunal de la Nación, para saltearse todos los pasos previos del procedimiento judicial y llegar a la solución final del caso.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación tratará hoy la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes presentaron amparos en otras instancias judiciales para permanecer en los cargos. El titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, convocó a una reunión extraordinaria a sus pares Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti para abordar la controversia que enfrenta al oficialismo con la opositora Juntos por el Cambio.

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados por decreto presidencial en 2018 a la Cámara Federal, órgano judicial clave puesto que revisa las investigaciones que llevan adelante los juzgados federales de Comodoro Py. Ese traslado fue convalidado por la acordada número 7 de la Corte. ¿Ahora mantendrán el criterio que esgrimieron en 2018?

Semanas atrás, después de que el Consejo de la Magistratura ordenara revisar aquellos traslados, el Senado de la Nación no aprobó los pliegos de los jueces Bruglia y Bertuzzi, por lo que deberán volver a los tribunales desde donde habían sido trasladados hace dos años.

Bruglia, Betuzzi, y también Castelli, apelaron las resoluciones adoptadas en la Magistratura y en el Senado de la Nación, después refrendadas por un decreto del presidente Fernández.

Ayer, el fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, rechazó la acción de amparo de Bertuzzi y Bruglia. Hoy, poco antes de que se reúna la Corte Suprema, esa Cámara podría darle la razón al fiscal o aceptar el amparo.

La Corte Suprema sesionará en medio un contexto de fuerte tensión política. Anteayer, una caravana de autos escrachó al juez Lorenzetti en su casa de Rafaela, Santa Fe. El presidente Alberto Fernández comparó la manifestación con acciones “propias del nazismo”. Mauricio Macri, en tuit publicado el domingo, dijo que “la Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones”.

Los integrantes de la Corte, primero, discutirán si aceptan tratar el caso por la vía extraordinaria del per saltum (tal como lo solicitaron los jueces) o aguardan que el caso transite todas las instancias previas de apelación, aun no agotadas.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli argumentan que sus traslados cumplieron reglamentos vigentes y que una acordada de la Corte los respalda, además de afirmar que se vulnerarán “derechos adquiridos” si los hace regresar a sus tribunales de origen.

En el gobierno nacional, en cambio, sostienen que los traslados hechos por decreto presidencial en 2018 no cumplieron con los pasos previstos por la Constitución Nacional para la designación de jueces.

El Consejo de la Magistratura cuestionó diez traslados, entre ellos Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Luego fue el Senado Nacional quien convocó a una audiencia para tratar los pliegos.

“El Consejo se limitó a manifestar que el trámite constitucional que tales medias exigían no se completó debidamente”, dictaminó ayer el fiscal Cuesta, al rechazar el amparo de Bruglia y Bertuzzi. También dijo que los tribunales que integraban no tienen “idéntica competencia funcional” con la Cámara Federal a la que fueron trasladados en 2018 por decreto.

En su condición de camaristas, Bruglia y Bertuzzi convalidaron los procesamientos dictados en la llamada “causa de los cuadernos”, donde la vicepresidenta Cristina Fernández está acusada de encabezar una asociación ilícita. La oposición sostiene que el oficialismo “desplazó” a los jueces, a los fines de garantizar la impunidad de Cristina Fernández en distintas causas judiciales .

En el Frente de Todos replican que los dos camaristas, en una de sus últimas decisiones, anularon los procesamientos de los exfuncionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en una causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la concesión de peajes.