martes 1 de diciembre de 2020

En Tribunales suelen hablar de la grieta “ideológica” entre los miembros del Tribunal, sobre un sector representado por Valerio y otro por Omar Palermo. / Claudio Gutiérrez
Política

Mano dura vs. garantismo, el nuevo conflicto que enfrenta a la Corte provincial

Con un pedido de audiencia pública realizado por el juez Valerio, se reflotó la constitucionalidad de las prisiones perpetuas. Hay fuertes diferencias entre los miembros del tribunal.

En Tribunales suelen hablar de la grieta “ideológica” entre los miembros del Tribunal, sobre un sector representado por Valerio y otro por Omar Palermo. / Claudio Gutiérrez

La Suprema Corte de Justicia transita una importante y sensible discusión que deberá resolverse en plenario, es decir con los 7 ministros del máximo tribunal: la constitucionalidad o no de las condenas a prisión perpetua. El juez de la Corte, José Valerio, pidió una audiencia pública para que la sociedad se exprese y se tomen las opiniones de un tema completamente complejo y que mantiene posturas contrarias dentro del Tribunal, en el cual la ministra Teresa Day puede volver a marcar una diferencia a favor del ala filoradical.

La cita está prevista para el 22 de octubre a las 9, y se espera que la participación sea a través de una videoconferencia, teniendo en cuenta los protocolos por la pandemia del coronavirus. Esta será la segunda en pocas semanas, teniendo en cuenta que el supremo Omar Palermo fue impulsor de la audiencia en la que se dio vista a la opinión de la ciudadanía respecto a los requisitos que deben cumplir aquellos que postulen para ser ministros de la Suprema Corte, en alusión al caso Day.

La polémica respecto a la constitucionalidad o no de las prisiones perpetuas tomó trascendencia en agosto del año pasado, cuando el juez Eduardo Martearena, declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua en un juicio por jurados contra tres acusados, lo que generó una gran polémica tanto a nivel judicial como también político.

Martearena intervino en la causa conocida como el de la “valija fúnebre”, en el asesinato de Juan Leonardo Lucero, ocurrido en 2017 en Godoy Cruz. El cadáver estaba en un zanjón cercano al parque de descanso Los Andes Memorial, carbonizado y mutilado por el ataque de animales. Los condenados fueron los hermanos Abel (39) y Rafael (41) Yáñez y Mariano Gutiérrez (24), quienes atacaron a la víctima en su casa y luego la llevaron encerrada en una valija hacia el lugar donde apareció muerta.

Pero el magistrado se negó a la condena de prisión perpetua al considerar que la misma no cumple con la “función de resocialización” que deben tener las penas, en este caso la prisión perpetua son 35 años.

En Tribunales suelen hablar de la grieta “ideológica” (en lo que corresponde a la visión del Derecho Penal) entre los miembros del Tribunal, sobre un sector representado por Valerio, con una postura de “mano dura” en las causas penales y que estaría de acuerdo con la constitucionalidad de la prisión perpetua; y otro por Omar Palermo, más centrado en el llamado “garantismo”, y con una visión que sería diferente a la marcada por Valerio. Lo mismo ocurre con dos sectores a los que pertenecen cada uno, tales como el Institutos de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, que comanda Valerio; y la asociación civil Justicia Legítima, a la que integra Palermo.

Desde Tribunales confiaron a Los Andes que las diferencias sobre este tema “están sobre la mesa”, y descartan que el ala filoradical, integrada por Valerio, Dalmiro Garay, Pedro Llorente y Teresa Day; resolverán a favor de la constitucionalidad de las prisiones perpetuas; mientras que también marcan que del lado filoperonista, Palermo estaría “del lado de la inconstitucionalidad” de las prisiones perpetuas, pero que en el resto “no están muy claras las posiciones”, en alusión a Julio Gómez y Mario Adaro.

De esta manera, se sobreentiende que Day, que proviene del ministerio Público Fiscal, podrá torcer la balanza a favor de la constitucionalidad de las prisiones perpetuas más allá de las posturas de Palermo, Adaro y Gómez.

Con este tema, la Corte volvió a aparecer en escena política tras un breve impasse, mientras se discute cuáles son los requisitos para que un abogado pueda ser ministro del máximo tribunal, que ha puesto en el ojo de la tormenta la designación de Day, que reemplazó a Jorge Nanclares.

Una Corte “con las puertas abiertas”

“En casos como estos, de indudable trascendencia institucional, es la ciudadanía en su totalidad la principal afectada, de allí que el llamado de audiencia pública sea una de las vías más eficaz para poder escuchar y tomar una decisión”, sostuvo Valerio en su documento en el que pidió la audiencia pública, que fue firmado por Palermo, presidente de la Sala 2; y Garay, presidente de la Corte.

En tanto, el propio Garay señaló a Los Andes que la decisión de convocar a una audiencia pública en forma previa a resolver en pleno la constitucionalidad o no de la prisión perpetua “tiene un doble significado: por un lado una nueva visión del ejercicio de la magistratura y de la relación del Poder Judicial y la ciudadanía, que le permita a la Corte poder conocer qué opina el ciudadano común en una cuestión tan sensible; y supone también que en este tipo de materias se pueda dar este debate público, ya que precisamente es donde al ciudadanía participa en el ejercicio de la judicatura como es el juicio por jurados”.

Además, expresó que esta nueva metodología de la Corte de escuchar a la ciudadanía en temas de sensibilidad social, “ha venido para quedarse, pero esencialmente como una forma en temas que no son tan técnicos, pero tienen un trasfondo específicamente social, como el tema vinculado a la seguridad, que nos deben llevar a mejorar la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial”.

Los interesados en poder participar de la audiencia pública, podrán inscribirse entre el 1 y el 15 de octubre, cuando se habilitará en la página web del Poder Judicial (www.jus.mendoza.gov.ar) un registro digital de participantes. Allí podrán inscribirse las partes directamente afectadas o terceros interesados, completando un formulario y adjuntando un resumen de la exposición.

Si bien la audiencia pública no es vinculante a la resolución que deberá la Corte, la idea central es “poder escuchar a la ciudadanía ya que la decisión que se tome sentará precedente para otros planteados de la misma índole”.