La calificadora S&P Global Ratings dice que Mendoza deberá ajustar sus cuentas para pagar vencimientos en 2023

Un informe de Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) pone el foco sobre la situación de deuda de nueve provincias, entre las que se cuenta Mendoza. La calificadora de riesgo ve un panorama similar para todas, no sólo porque son parte de la Argentina y están sometidas a la misma realidad macroeconómica, sino porque todas renegociaron sus acreencias entre 2020 y 2021 y todas lograron patear los vencimientos un par de años hacia adelante.

El problema es que el alivio fiscal obtenido en los acuerdos con los acreedores “redujeron sus pagos de servicio de la deuda en moneda extranjera a US$480 millones anuales en 2021-2022 (desde US$2,300 millones), pero casi se duplicarán en 2023″.

“Dado que los gobiernos locales argentinos no tienen acceso a los mercados internacionales de capital, el compromiso con la consolidación fiscal y la gestión de la liquidez ayudará a evitar una nueva ola de incumplimientos”, dice en las conclusiones el informe. Sin mencionar la palabra ajuste, el informe dice que las provincias, incluida Mendoza, deberán mantener los gastos bajo control para poder cumplir con los vencimientos de 2023 en adelante.

“Las provincias se beneficiaron con la renegociación. El alivio fue muy grande en el corto plazo. El desafío en este periodo intermedio es generar los ahorros suficientes para hacer frente a esos pagos en 2023-2024, teniendo en cuenta un contexto de potencial crecimiento económico relativamente lento, potencial volatilidad del tipo de cambio, acceso limitado al mercado, todas cosas que las provincias no pueden controlar. De ahí la necesidad del compromiso con la prudencia fiscal”, dijo la directora asociada de Calificaciones Soberanas y Finanzas Públicas, Constanza Pérez Aquino

La situación está en el radar del futuro ministro de Hacienda de la provincia. En la edición de ayer, el futuro ministro de Hacienda Víctor Fayad, dijo que los problemas no son menores en 2022, por el vencimiento de 16.000 millones de pesos con Nación, pero “es cierto que el 2023 comienza a amortizar el bono en dólares. Nosotros tenemos previsionado y estamos empezando a juntar los recursos para afrontar los pagos de la deuda. En los presupuestos lo que se considera primero es lo que va a ocurrir, pero debe haber flexibilidad en que si no se logran refinanciaciones, la recaudación no anda como esperábamos, o los gastos se nos escapan de las manos, siempre hay variables para ajustar. Lo ideal sería apuntar a conseguir financiamiento en pesos para renegociar esa deuda en dólares”.

El reemplazante de Lisandro Nieri (que en los próximos días asumirá como diputado nacional), se mostró esperanzado en la respuesta de los mercados, que hasta ahora no han dudado en asistir a la Provincia y que en este momento hay liquidez en el mercado porque sobran pesos: “es buen panorama deriva en una mala forma de financiar el déficit por parte de la Nación. Los pesos sobran porque se emiten y nadie los quiere agarrar”.

El diagnóstico del hasta ahora subsecretario de Financiamiento tiene un inconveniente político: la negativa del Frente de Todos a autorizar el roll over en la Legislatura. Estrictamente, la operación que describió Fayad en la entrevista publicada el domingo por Los Andes, es pagar vencimientos de deuda con nueva deuda, con el añadido de que la acreencia sería en pesos y no en dólares, es decir una condición más ventajosa que tenerla en dólares.

El espacio que aglutina a peronistas y kirchneristas ha hecho de la negativa a esta operación una bandera política. La autorización legislativa del roll over requiere de dos tercios de los votos de ambas cámaras y Cambia Mendoza no los tiene, ni los tendrá en mayo de 2022, cuando asuman los diputados y senadores provinciales electos el 14 de noviembre pasado.

El informe

S&P Global Ratings analiza el destino de Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Salta, Río Negro, La Rioja y Jujuy. La calificadora de riesgo trabaja con esas nueve jurisdicciones, además de Ciudad de Buenos Aires, que no fue incluida en el informe porque no renegoció las condiciones de su deuda con acreedores privados.

Según el documento distribuido por S&P, “dada la inestabilidad macroeconómica y la falta de acceso a los mercados de capital globales, factores que los gobiernos locales no controlan, el servicio de la deuda requerirá prudencia fiscal y una adecuada administración de los saldos de efectivo. Este es un desafío considerable, dada la alta inflación de Argentina y las tasas de interés reales negativas que limitan las opciones de inversión de la liquidez y la capacidad de mantener su valor real”.

Más adelante, el documente indica que “las provincias tendrán dificultades para cerrar la brecha fiscal, ya que esperamos un lento crecimiento del PIB de Argentina en el mediano plazo, en torno al 2%, y que persistan las debilidades macroeconómicas, incluida la alta inflación y la volatilidad del tipo de cambio”.

Desde S&P se indica que “los desafíos para Mendoza son los mismos para todas las provincias. En 2021 se ve cierta recuperación y si esperamos un desempeño fiscal balanceado hacia adelante. El tema central, es la capacidad de balancear el presupuesto y combinar el objetivo de incrementar la inversión con el objetivo de mantener los ahorros para enfrentar los vencimientos” señala la directora asociada de Calficaciones Soberanas y Finanzas Públicas, Constanza Pérez Aquino.

La afirmación de Pérez Aquino pone sobre la mesa una discusión que ya está en la agenda local, cuando el Frente de Todos acusa al Gobierno de subejecutar el presupuesto de obra pública: es un hecho que, cuando los recursos del Estado andan cortos, lo primero que se recorta son los trabajos públicos.

En la edición de ayer de Los Andes, se recuerda que el presupuesto 2022 prevé una inversión de 9% del total de gastos del Estado, lejos aún del 14% que utilizó Julio Cobos en el último año de su gestión (2007). Obvio era otra realidad: la inflación rondaba el 10%, el país crecía al ritmo de por lo menos el 4% por año.

Más aún, el propio ministro de Hacienda señaló a Los Andes, que el programa de obras del año que viene dependerá de la refinanciación de la deuda en pesos con el Gobierno nacional y el Banco Nación: los 16.000 millones de pesos que vencen el año que viene. Esa deuda ha sido tema de polémica en los dos años de gobierno de Rodolfo Suárez, porque el resultado de las dos renegociaciones no ha sido satisfactorio para la Provincia.

Volviendo a los conceptos de S&P. “En el caso de Mendoza vemos un compromiso con la consolidación fiscal y resultados, sobre todo desde 2016 y el Gobierno es consciente de que hay presiones. El riesgo está en la liquidez; las amortizaciones en dólares comienzan en 2023″, dice Constanza Pérez Aquino.

El otro riesgo que se advierte desde S&P es el impedimento para las provincias a poder ahorrar en dólares, así juntar la plata para los vencimientos en moneda argentina, con los vaivenes de la cotización del billete verde, se vuelve un problema.

Según S&P, la estructura de las renegociaciones fue similar: ninguna tuvo recorte de capital y todas negociaron un periodo de gracia de un par de años de vencimientos y servicios de deuda más suaves y tasas escalonadas, comenzando con tasas más bajas y aumentando gradualmente, pero son más bajas de las que tenían antes.