La AFIP se bajó como querellante en el juicio contra Cristóbal López

La AFIP se bajó como querellante en el juicio contra Cristóbal López
Cristobal López, el empresario del juego en Argentina (Foto: La Voz / Archivo).

En el proceso, que ingresó en la etapa de alegatos, se investiga una defraudación millonaria al fisco de la empresa Oil Combustibles, conducida por López y Fabián De Souza. Pero la actual titular del organismo recaudador, Mercedes Marcó del Pont, señaló que entre 2015 y 2019 hubo hostigamiento y persecución contra los empresarios.

La AFIP se retiró como querellante y desistió de formalizar sus acusaciones contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en el juicio por la presunta defraudación a la administración pública por la deuda multimillonaria de Oil Combustibles SA con el organismo recaudador durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Esto fue informado por AFIP, hoy bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, antes de la audiencia de alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se realizará este jueves, según publicó Clarín.

Fuentes oficiales señalaron que “las irregularidades encontradas permiten desistir de la querella”. Las acusaciones van dirigidas a la administración del organismo recaudador durante la gestión de Mauricio Macri, que fue denunciante en el caso que condujo a prisión en tres ocasiones a Cristóbal López y a De Sousa.

La decisión está fundada en “la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”.

La resolución firmada por la actual titular de la AFIP, argumenta que “la matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.

En contraposición a ese planteo, la acusación fiscal sostiene que existió una “maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.

Cristóbal López siempre sostuvo que los planes de pagos fueron concedidos “bajo la normativa vigente en el fisco” y que la deuda no superaba los 650 millones de pesos cuando inició el debate oral. La justicia sostuvo que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, el dueño del Grupo Indalo se “financió con dichos fondos para incrementar su conglomerado de medios”.

A esto se suma que Oil Combustibles logró hace un mes -gracias al aval de AFIP-, levantar la quiebra de la petrolera por avenimiento, un proceso a través del cual se evita la liquidación de la compañía y se llega a un acuerdo de pago con sus acreedores.

Además, en plena pandemia, Cristóbal López se acogió a la moratoria fiscal que impulsó Alberto Fernández y ya pagó la primera de las cuotas del plan de facilidades de pago.

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