Juntos por el Cambio denunciará en la Justicia que la media sanción del Senado a una ley de Parrilli es ilegal

Juntos por el Cambio (JPC) tiene decidido denunciar ante la Justicia que la ley que crea una comisión bicameral encargada de investigar la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación, una iniciativa del ultrakirchnerista Oscar Parrilli, fue aprobada el miércoles por el Senado “de manera ilegal”.

La coalición opositora basará su planteo ante los tribunales en el argumento de que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 88, determina que “para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”, que son 72. Por lo tanto, se trata de 48 votos.

En la noche del miércoles, tras un largo y áspero debate, la iniciativa obtuvo la media sanción por 41 votos afirmativos: 39 del Frente de Todos (FDT) y los restantes, de los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Los 29 rechazos fueron de los 25 senadores de JPC y de los 4 del interbloque Parlamentario Federal (PF), que preside el salteño Juan Carlos Romero e integran la neuquina Lucila Crexeel, la riojana Clara Vega y el santafesino Carlos Reutemann.

“El oficialismo quiso crear una comisión bicameral investigadora por simple mayoría, cuando el reglamento del Senado establece en el artículo 88 que se exigen dos tercios. La votación de hoy fue 41 a 29, no alcanzaron la mayoría exigida. Consideramos ilegal lo ocurrido”, dijo la radical tucumana Silvia Elías de Pérez.

Qué dice el oficialismo

Durante el debate, la ultrakirchnerista santafesina María de los Ángeles Sacnun señaló por qué, a criterio del FDT, el proyecto sí podía obtener la media sanción por mayoría simple: “No requerimos de los dos tercios que establece ese artículo del reglamento porque estamos frente a un proyecto de ley y no de resolución”, argumentó.

Más tarde, el salteño Romero resaltó que, tradicionalmente, en el Congreso las comisiones se suelen aprobar por unanimidad, porque surgen de acuerdos políticos; y que el oficialismo, como carece de los dos tercios de los votos en el Senado, a menos que consiga el apoyo de la oposición, tramó “un ardid” para eludir el reglamento.

Según pudo saber Los Andes, en las últimas horas JPC tomó la decisión de iniciar acciones judiciales por la falta de los dos tercios para conformar la comisión investigadora.

“Se esta trabajando y consultando a constitucionalistas. Se insiste en que la bicameral requería los dos tercios de los votos, por lo cual se debe tener como no aprobada la norma de ayer”, dijeron en el espacio a este medio.

Quejas por las formas

Agregaron que, “por otro lado, ya hay un rechazo absoluto a las sesiones virtuales”, porque Cristina Kirchner, en carácter de presidenta del Senado, “desconectó el sistema, sin escuchar a los senadores que pedían la palabra, incluso para pedir una reconsideración de la votación”.

“La vicepresidenta actuó arbitrariamente, como si no viera a los senadores sentados, y así no se puede seguir. Hay consenso en la oposición en ese punto”, dijeron.

En este sentido, señalaron que podrían rechazar la renovación del protocolo de sesiones virtuales, por estar en desacuerdo por las formas en que la vicepresidenta conduce el cuerpo sino también porque se han debatido asuntos que no están relacionados con la pandemia ni son proyectos del Gobierno, de manera tal que se rompió el acuerdo alcanzado en mayo justamente para poder sesionar a distancia.

Los senadores de JPC tenían previsto presentarles notas a los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, presidentes de los bloques que integran el interbloque JPC, y al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, haciéndoles saber que el proyecto de ley sancionado el miércoles en la Cámara Alta no contaba con la mayoría reglamentaria.

La Bicameral Vicentin, en el caso de que Diputados convierta en ley la media sanción del Senado, estará compuesta por seis diputados y seis senadores, e investigará las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”. Pero únicamente durante la presidencia de Mauricio Macri.

Durante el debate, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), sostuvo que “Vicentin se viene financiando con el Banco Nación prácticamente desde sus orígenes”, en 1929, pero que “en el último mandato de Cristina Kirchner el incremento de su deuda con el Banco Nación subió un 261%”.

La Ley del Talión

En esa sesión del Senado, antes del debate de este proyecto, JPC y el interbloque PF —con la excepción de la neuquina Crexell, que votó con el oficialismo— se habían ausentado por considerar que el FDT los había metido en el temario violando, otra vez, el acuerdo para las sesiones virtuales.

Los convenios en cuestión son para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo; para la Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Rumania, y para la Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Brasil. Y fueron aprobados por 42 votos a 0.

Romero, presidente del interbloque PF, explicó que aunque estaban a favor de los tres proyectos decidieron ausentarse para no convalidar la ruptura de la palabra y los acuerdos. “No queremos que nos metan por la ventana la reforma judicial”, dijo el senador opositor.

Luego fue duro con el oficialismo: “No tenemos confianza en esa agenda extrema y llena de resentimiento. Existía hace 5.000 años la Ley del Talión, que era la ley de la compensación equivalente, que era tal vez novedosa hace 5.000 años, pero hoy es anacrónica y primitiva. Es la ley del ojo por ojo, diente por diente, que es el modelo que yo veo que el kirchnerismo viene a imponer a través del Congreso”, espetó Romero.