Gustavo Correa, número dos del SUTE, fue denunciado por abuso sexual

Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores. (Mariana Villa / Los Andes)
Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores. (Mariana Villa / Los Andes)

Una agente de seguridad privada afirmó que fue tocada y golpeada por el dirigente y otras personas del gremio durante una manifestación en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE. El gremialista, quien ya habría sido imputado por la Justicia, desmintió los hechos.

El número dos del SUTE y líder de la CTA en Mendoza, Gustavo Correa, fue denunciado en la Justicia provincial junto a otros dirigentes del gremio por abuso sexual a una agente de seguridad privada. La supuesta agresión se habría producido en el ingreso a la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, una dependencia de la Dirección General de Escuelas ubicada en Patricias Mendocinas 1157 de Capital.

De acuerdo con la denuncia, el 25 de noviembre pasado en horas de la mañana, Correa, junto a Alexis Palacios y Marcos Doña, acorralaron a una agente de seguridad, a quien le propinaron golpes de puño y patadas en el pecho, espalda, cuello y piernas. También denunció la mujer que le tiraron el cabello y que la empujaron contra la puerta de rejas del edificio, donde, estando sujeta de piernas y brazos, intentaron bajarle el pantalón.

Siempre según la denuncia, a la mujer la tomaron de los pechos y le metieron una patada en la vagina, mientras le gritaban que le convenía que se fuera del lugar. También la tocaron en esa parte del cuerpo. Además, la mujer dijo que Correa se colocó por detrás, le apoyó el pene en los glúteos e hizo movimientos que simulaban que tenía una relación sexual con ella.

La denuncia de la mujer ya habría derivado en una imputación por abuso sexual y lesiones de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público Fiscal, que tiene al frente al fiscal Darío Nora, contra Correa y los otros integrantes del SUTE. Las personas involucradas serían citadas el lunes para ser notificadas de la imputación.

Consultado por Los Andes acerca de esta denuncia, Correa se limitó a negar “rotundamente” los hechos. “Absolutamente los negamos”, aseguró, y sugirió que la denuncia tiene que ver con su acción sindical en el SUTE y otras expresiones. “Justo cuando yo denuncio que un juez de la Corte provincial gana 1,6 millones de pesos, aparece esto”, expresó.

El hecho que generó la denuncia fue una manifestación del SUTE en la sede de Jóvenes y Adultos de la DGE, que comparte edificio con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). Según las autoridades de UCIM, los manifestantes produjeron roturas en la puerta de entrada al edificio y hasta quisieron tomarlo, pero fueron disuadidos por la Policía.

“Entramos forcejeando nada más, no pasó nada”, contrasta Correa. Del episodio circula un video que muestra el momento en que entra al edificio de la UCIM y la DGE un grupo importante de personas del SUTE, en medio de algunos tironeos.

El sindicalista implicado en la denuncia es la segunda autoridad más importante del sindicato docente de Mendoza, luego de la secretaria general, que es Carina Sedano. Correa evitó dar más detalles del hecho que lo hará dar explicaciones ante la Justicia y dijo solamente que en estas horas hablará con sus abogados para definir cómo actuar.

Según pudo saber este diario, la denuncia de abuso sexual generaría en principio una prohibición de acercamiento a la persona supuestamente agredida y también obligaría a los denunciados a rendir una caución de 100 mil pesos. Pero si a futuro fueran condenados, podría hasta impedirles el ejercicio de cargos.

Justamente, Sebastián Henríquez, dirigente de izquierda y líder del SUTE en la anterior gestión, también sufrió una denuncia de abuso sexual de la cual al final fue absuelto. “Esto es más grave que lo de Henríquez”, aseguraron en tribunales.

Correa por su lado, quien milita en el Frente de Todos, relaciona todo con su actividad gremial y política. Tras desconocer que se hubiera cometido alguna agresión, expresó: “Fuimos a protestar porque están cerrando aulas de jóvenes y adultos y eso les quita la posibilidad de trabajar a los docentes y de estudiar a los pibes”. La dirección de esta área de la DGE está a cargo de la ex senadora radical Mariana Caroglio, quien no estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho.

Pero distinta es la mirada de la UCIM, que alquila a la DGE las oficinas donde funcionan varias dependencias. Su titular, Daniel Ariosto aseguró que lo ocurrido el 25 de noviembre fue “una salvajada”. “Agredieron a un chico de mantenimiento y a un señor mayor que se está por jubilar. Lo agarraron a las trompadas. Lo peor es la señora de vigilancia, quien conforme a su denuncia, la manosearon”, explicó a Los Andes. Los mencionados son contratados de la entidad.

Ariosto afirmó que, además de la denuncia de abuso sexual, hay otra por las agresiones que sufrió una de las personas que la acompañaban. “Quisieron llegar al tercer piso y les cortaron el paso. En esto intervino el comisario de la Legislatura y, cuando vino la Policía, dejaron de pegar”.

El presidente de UCIM no se encontraba en el lugar, pero indicó que el episodio involucró a unas 30 personas del SUTE que decían que el edificio, que en realidad pertenece a UCIM, “es nuestro”. Y fue muy crítico con el gremio: “Tienen el modelo de Moyano, que es entrar a los lugares y atacar al personal. Nosotros estamos esperando indicaciones de los abogados. Hay que dar lugar para que la fiscalía que atienda los pedidos más graves, pero esto no lo vamos a dejar pasar”, afirmó.

La DGE toma distancia del episodio

En la DGE se notó con claridad la decisión de tomar distancia del episodio que culminó con la denuncia de abuso sexual contra el sindicalista Correa.

Consultada por Los Andes, Caroglio confirmó que el día en que se produjeron los incidentes “no estaba en ese lugar”. “Es algo que desconozco, sólo sé que los manifestantes fueron agresivos con la guardia de la UCIM”, agregó la funcionaria de la DGE.

Caroglio explicó que el Gobierno Escolar alquila una parte del edificio de la UCIM en pleno centro capitalino. En esos sectores no solamente funciona la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE, sino también la Junta de Celadores y la Junta Calificadora de la Educación Secundaria.

Tanto Caroglio como el resto de la DGE evitaron otras consideraciones. “La DGE sabe que hay una denuncia de la UCIM y está haciendo un sumario. Se encuentra en etapa de investigación y se están tomando declaraciones de personas de la DGE que trabajan en ese edificio. Pero el resto es un tema de la UCIM”, indicó un vocero del gobierno escolar.

Efectivamente, la entidad empresaria ya había denunciado la situación que se vivió en la manifestación del 25 de noviembre y acusó a los manifestantes del SUTE de cometer actos de violencia. “No conocen de diálogo, ni respeto por las instituciones, ni siquiera por otros trabajadores”, expresó en un comunicado la entidad.

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