viernes 27 de noviembre de 2020

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Sandra Marisa Maldonado y Armando Morón están vinculados al PD. Son dos de los ocho juzgados.
Política

Funcionaria provincial está implicada en causa de las facturas apócrifas

Sandra Maldonado, dirigente del PD, es síndica en la STM y esposa de otro procesado, el ex legislador Armando Morón. Arriesga una pena de 4 años de prisión.

Sandra Marisa Maldonado y Armando Morón están vinculados al PD. Son dos de los ocho juzgados.
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La causa por las facturas apócrifas, en la que la Justicia Federal está juzgando a ocho personas, ya tiene rebotes políticos y roza al Gobierno. Es que entre los acusados, además del ex legislador del PD Armando Morón, está su esposa, Sandra Marisa Maldonado, que es actualmente síndica en la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), cargo al que llegó justamente como representante del Partido Demócrata dentro de la alianza Cambia Mendoza. La mujer, al igual que su marido, está procesada y podría ser condenada a 4 años a prisión si el tribunal acepta el pedido que hizo la Fiscalía el martes pasado.

En la causa se juzga a una banda liderada por una contadora que habría emitido facturas apócrifas para generar a sus clientes créditos fiscales ficticios y disminuir así el pago por IVA y Ganancias, ocasionando al Estado una pérdida de $160 millones. El martes, los defensores de los imputados realizarán sus alegatos ante los jueces Alberto Carelli, Roberto Nacif y Waldo Piña.

La fiscal federal María Gloria André, solicitó 6 años de prisión para la contadora Silvia Gulino Ríos (55), 4 años para el martillero público Daniel Cacciavillani (53) y los contadores públicos Morón (57), Maldonado (52) y Carlos Aguirre (46). Por último, solicitó 3 años y 6 meses para Walter Lobos, Florencia Morichetti y Romina Molina (hija de Silvia Gulino), quienes habrían cumplido roles secundarios en las maniobras detectadas.

El nombre de Morón se había llevado todas las miradas por su vínculo con la política, ya que fue legislador del PD y hasta intentó alguna vez ser candidato a gobernador. Hace unos años que se dedica a la actividad privada. Su figura entre los enjuiciados opacó a la de su pareja, quien asumió como síndico en la STM en lugar de Guillermo Mosso, quien le dejó el cargo a otra persona del partido a fines del año pasado para ocupar una banca como diputado provincial.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, en el DVD-R secuestrado el 9 de febrero de 2018 en el estudio de la contadora Gulino, “surgen variados correos electrónicos que involucran a Sandra Maldonado como integrante de la asociación ilícita investigada, solicitando a Gulino la confección de facturas apócrifas que le habían sido requeridas, con el fin de comercializar las mismas”.

El expediente agrega que “las manifestaciones vertidas por la nombrado al prestar declaración intentando desvincularse de los hechos que aquí se le atribuyen, no resultan suficientes para desvirtuar la hipótesis acusatoria ni la prueba obrante en su contra. No brindó ningún tipo de explicación referente a los mails cruzados con Gulino en los que claramente se comercializaban facturas apócrifas”.

A la espera del fallo

Morón y Maldonado eligieron el silencio ante la consulta de Los Andes afirmando que hablarán cuando termine el proceso judicial. Pero a sus más cercanos les han asegurado que son inocentes.

Por su parte, Roberto Ajo, presidente del PD, reconoció que la funcionaria de la STM “es una persona que está en el partido”, aunque dijo desconocer que “ella esté en este tema”, por el proceso judicial. “Esperaremos el fallo y se aceptará lo que diga la Justicia”, manifestó.

La STM, por ser una sociedad unipersonal con participación estatal, tiene tres directores, que son Daniel Vilches, Hugo Menéndez y Marcelo Corti; y tres síndicos, entre los que está Maldonado además de Germán Vicchi y Gerónimo Shantal.

Desde la empresa aclararon a este diario que los síndicos “son monotributistas cuyos honorarios los paga la STM y en donde uno de los requisitos es que tengan su matrícula habilitada”.

“Maldonado está de licencia desde el viernes 13 de noviembre hasta que finalice el proceso judicial. No teníamos conocimiento de que estaba involucrada en esta causa hasta que solicitó la licencia”, indicaron.

En caso de que el fallo suspenda o inhiba su matrícula, “dejará de ser síndico porque deja de cumplir el requisito. Pero también, si hay condena y no se ve afectada la matrícula, dejará de serlo porque es síndico de una sociedad en donde el accionista mayoritario es el Estado”, agregaron.

Con respecto a las tareas que desempeña Maldonado en la empresa, resaltaron que si bien “la sindicatura avala balances, gastos, entre otras cosas, ninguna decisión política pasa por ella”.

Los correos electrónicos evidencian las maniobras

De acuerdo con la acusación realizada por el fiscal Fernando Alcaraz, quien hizo la instrucción, la causa arrancó cuando la AFIP solicitó que se investigara a los contadores Gulino, Caciavillani y Lobos, ya que habrían estado confeccionando y comercializando facturas apócrifas (tanto de miembros de la organización como de terceros contribuyentes) para generar créditos fiscales y gastos ficticios para luego vender a sus clientes a cambio de una comisión del 35% de esa facturación.

La maniobra permitía que sus clientes disminuyeran sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el impuesto a las Ganancias, perjudicando así la recaudación del fisco nacional por una suma que luego fue calculada en $160 millones.

Como parte de la investigación posterior terminaron procesados Maldonado y Morón, que también son contadores.

Para el Ministerio Público Fiscal no hay dudas de que en la oficina de Gulino, ubicada en calle Mitre al 600 de Ciudad, “funcionó una usina de facturas apócrifas destinadas a la comercialización de las mismas, integrada por varias personas que, en forma habitual y permanente, cumplirían distintos roles dentro de la organización delictiva, siendo Gulino y Cacciavillani los jefes”.

Según la acusación, la mujer se habría encargado de confeccionar las facturas apócrifas a comercializar y el hombre -en ese momento su pareja- se habría encargado de ofertar esas facturas, conseguir los contribuyentes “clientes”, transmitir a Gulino los encargos, entregar los pedidos y realizar las cobranzas relativas a la comisión.

Este entramado quedó claro cuando se detuvo a la pareja y se pudo acceder a sus correos electrónicos donde ambos se explayaban sobre las actividades ilícitas. Este material probatorio fue expuesto por la fiscal André durante los alegatos realizados el 17 de noviembre.


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