Fernández va hacia un recorte quirúrgico del gasto público

El gasto público de 2020 ante el impacto de la pandemia será récord y el Gobierno ya avanza en lo que será un recorte complejo, con promesas de ser quirúrgico, mientras la pobreza va en alza, el sindicalismo presiona y el FMI exige metas fiscales, monetarias y cambiarias.

Hay una discusión puntual: a menos de un año de las elecciones, la oposición habla de ajuste y el Gobierno lo niega. “La baja del déficit no es porque gastaremos menos, es porque habrá aumento de ingresos”, dijo a este diario un funcionario con despacho muy cercano al de Fernández.

Y agregó: “No hay plan de ajuste. Nosotros necesitamos que salarios y jubilaciones crezcan en términos reales porque el 70% del PBI es consumo interno”. En ese momento, terminaban de revisar en la Casa Rosada el plan para incrementar exportaciones.

Martín Guzmán, ministro de Economía, se refiere al Presupuesto 2021 como un “puente a la consistencia macroeconómica y la estabilidad”. Dice que el déficit debe corregirse por mejora de ingresos, no por recorte nominal del gasto.

Aún hoy, con el Presupuesto cocinado, hay interrogantes. Guzmán no incorporó al proyecto las metas plurianuales que exige la ley 25.152 de Solvencia Fiscal. Hay una razón: lo está negociando con el FMI. La última palabra saldrá de allí.

En la Rosada niegan que el ATP masivo y el IFE hayan caído por pedido del FMI. “Miramos la situación sanitaria y cómo viene la reactivación. Tenemos que ser responsables con el gasto. Un IFE demanda $ 90.000 millones y equivale al presupuesto anual de Vialidad”, dicen.

Cómo se tapa el agujero

El Presupuesto 2021 plantea un déficit primario del 4,5% y un rojo financiero del 1,5%, redondeando un agujero del 6% del PBI. Guzmán y el Fondo negocian para que el rojo primario sea del 3,8%. Cada punto de rojo equivale a unos $ 199.000 millones.

En plata, Argentina tendrá en 2021 necesidades de financiamiento por $ 6,3 billones (16,7% del PBI). Esto será financiado con nuevo endeudamiento intra sector público por $ 3,7 billones, incluyendo los Adelantos Transitorios (AT) del Banco Central.

También habrá emisiones de bonos y letras en el mercado de capitales local por $ 2,3 billones y desembolsos de organismos internacionales y bilaterales en dólares por el equivalente a $ 348.901 millones.

En relación a la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro, habrá financiamiento neto mediante emisión monetaria pura (AT) por $ 400.000 millones en 2021 (1,1% del PIB). Además, se estiman giros de utilidades por $ 800.000 millones (2,1% del PIB).

Lo que se dice y lo que no

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio, señaló que en el Presupuesto “hay tres artículos que detonan las leyes de Responsabilidad Fiscal”. Un ejemplo: se elimina el límite para el empleo público.

Tampoco se incorporaron 125.000 jubilaciones que se sumarán en 2021 al sistema por crecimiento vegetativo. Y no se tuvo en cuenta el millón de chicos que fueron sumados a la AUH, según lo anunciado por la jefa de la Anses, Fernanda Raverta.

Hay algo en lo que coinciden Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda: el ajuste viene, lo que no se explica bien es cómo. “No incorporaron al Presupuesto el impacto de la movilidad jubilatoria ni la moratoria previsional ni el del impuesto a las Grandes Fortunas”, dijo Lousteau.

Pero los $ 300.000 millones que se prevé adicionará ese último impuesto no irá a rentas generales, sino que tiene destino específico: salud; subsidios y créditos de pymes; urbanización de barrios populares; YPF; y el plan Progresar.

Los cambios que vienen

En enero se iniciará el descongelamiento de tarifas de luz, gas y agua, dado que el nivel de subsidios respecto del PBI (1,7%) no crecerá. Y antes de fin de año habrá una nueva suba de combustibles, por aumento de precio y carga tributaria.

Darío Martínez, secretario de Energía, es el encargado de este capítulo. Y no anda con vueltas: “El que tenga capacidad económica tendrá que pagar más”, dijo el jueves en una reunión de la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).

La CGT patalea por tres medidas impopulares: la movilidad jubilatoria que ajustará los haberes a la baja toda vez que la inflación supere a los salarios y a la recaudación fiscal; el límite al ATP; y el adiós al IFE.

En Economía y en la Rosada responden que esa asistencia desaparece como tal pero se “migra” a otras herramientas. Se incorporó 1 millón de beneficiarios a la AUH y el nuevo Potenciar Inclusión Joven pagará $ 8.500 a 600.000 beneficiarios.

Daniel Arroyo, de Desarrollo Social, asegura que su cartera está trabajando con esquemas para jóvenes de 18 a 29 años, porque siempre fue hasta 24, pero se amplió la necesidad. “Tengo tres objetivos: crear 300.000 puestos de trabajo en construcción, textil, alimentos, economía del cuidado y reciclado. Y urbanizar de a 400 barrios por año”, dijo.

En el Gobierno confirmaron que en diciembre Desarrollo Social va a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentar, por lo que los beneficiaros madres con un chico menor de seis años recibirán $ 8.000 y quienes tienen dos o más chicos percibirán $ 12.000.

Y el ATP, que también surgió en la pandemia, se reconvierte en el Programa de Recuperación Productiva II, que pagará hasta $ 9.000 durante dos meses a empleados de empresas con problemas, aunque con estrictos requisitos a cumplir.

Ante la fuerte preocupación que estas decisiones generan en los gobernadores por la tensión social, en Nación responden que estiman que las nuevas herramientas de asistencia y el aumento de actividad terminarán compensando el dinero que se deje de poner en las provincias por la supresión del paquete Covid-19.

En 2020, Mendoza recibió transferencias directas (Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia) por $ 4.028 millones y las indirectas, es decir aquellos fondos que fueron girados a las empresas y las familias, por $ 25.788 millones. En Casa Rosada señalan que esto es equivalente al 44,1% de la coparticipación, cuando la media nacional fue del 40%.