El Senado se encamina a sancionar la nueva ley de biocombustibles

El Senado se disponía a aprobar durante la madrugada la ley de biocombustibles (Comunicación Senado)
El Senado se disponía a aprobar durante la madrugada la ley de biocombustibles (Comunicación Senado)

El oficialismo se aprestaba a convertir en ley el proyecto más allá de algunas inquietudes. Carlos Caserio acordó con Darío Martínez los términos de la reglamentación para resguardar el corte de bioetanol de maíz.

El Frente de Todos se encaminaba a sancionar en el Senado el nuevo régimen para los biocombustibles, que regula el corte obligatorio del biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta. A pesar de algunas inquietudes que generó el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista cerró filas y se disponía a aprobar la ley sin modificaciones.

“Estamos ante la oportunidad de sancionar una norma que permita dar continuidad, previsibilidad y seguridad jurídica a un sector que emplea a más de 300 mil personas, alentar el desarrollo de las economías regionales, abastecer el mercado interno y potenciar el externo, y sustituir importaciones”, destacó el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac.

En las horas previas al debate, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, acordó con el secretario de Energía, Darío Martínez, los términos de la reglamentación, donde se buscará salvaguardar al bioetanol de maíz, industria de peso en Córdoba.

El proyecto establece un corte del 6% en la nafta, pero deja abierta la posibilidad de reducir esa proporción al 3% si los precios de los insumos suben y disparan un aumento del combustible en el surtidor. Por eso, Caserio logró un compromiso de Martínez para resguardar el porcentaje, siempre y cuando haya un esfuerzo del sector para no incrementar los precios.

La inquietud del oficialismo quedó únicamente con el biodiésel en provincias como Santa Fe y La Pampa, ya que el corte se reducirá del 10% al 5% como establecía la ley original, la 26.093 del año 2006. Otro planteo interno tuvo que ver con contemplar explícitamente, a la hora de calcular el precio de los biocombustibles, los costos de transporte.

Más allá de estas objeciones, el Frente de Todos se aprestaba a aprobar la ley para no dilatar más un debate marcado por marchas y contramarchas que mantuvo en vilo al sector. El nuevo marco regulatorio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y el Poder Ejecutivo podrá extenderlo por cinco años más.

Uñac recordó que el Senado había aprobado por unanimidad la prórroga del régimen actual (que vencía en mayo) por cuatro años, pero Diputados avanzó con una nueva propuesta dada “la necesidad de una reforma más profunda” y mientras tanto el Ejecutivo prorrogó la ley vigente dos veces.

Para el momento de la votación, el oficialismo contaba con apoyo extra de al menos tres senadores radicales de provincias azucareras: la tucumana Silvia Elías de Pérez y los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo. Es que a diferencia del maíz, el bioetanol de caña tendrá un corte fijo del 6%, que será reducido solo ante situaciones de escasez.

De todos modos, el interbloque Juntos por el Cambio insistía en cuestionar, sin fisuras, la discrecionalidad que tendrá la Secretaría de Energía para modificar los porcentajes de biocombustibles en la mezcla, con el riesgo de violar compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia medioambiental.

“Seguimos a la deriva en cuando a una planificación energética y tampoco hubo un informe técnico ambiental a 15 años de este régimen, que es lo que hubiera correspondido a la hora de tratarse este proyecto”, sostuvo Humberto Schiavoni (Pro), y agregó que “cualquier país que quiera tener una inserción en el mundo tiene que respetar los compromisos que ha firmado, como el Acuerdo de París”.

Con la nueva ley, las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos no podrán tener participación en plantas productoras de biocombustibles. Además, complementariamente al corte obligatorio y “cuando las condiciones del mercado lo permitan”, la Secretaría de Energía podrá sustituir importaciones “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

Según recordó Uñac, hay en la actualidad 54 plantas productoras, distribuidas en diez provincias argentinas. “Fue la acción del Estado y no los vaivenes del mercado lo que determinó las condiciones para que esta actividad generara inversiones por más de 3 mil millones de dólares, 80 mil puestos de trabajo directos y más de 200 mil indirectos”, destacó el sanjuanino.

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