El PJ insiste en que la Legislatura debe decidir si el Gobierno tiene roll over o no

El Gobierno provincial mantiene de pie la búsqueda por el roll over, sin la autorización legislativa, y por eso trabaja en la emisión de un decreto enmarcado en la ley de Administración Financiera que lo habilite a refinanciar U$S 120 millones que vencen en los meses de marzo y septiembre (U$S 60 millones cada uno). El mismo podría publicarse en unas dos semanas.

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Desde el Ejecutivo esperan una respuesta del Frente de Todos, con un eventual reclamo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Es en este punto que el peronismo vincula la estrategia con la reciente reforma que hubo en el funcionamiento del máximo tribunal. Es que sí se llega a esa instancia, el expediente debería resolverse en fallo plenario, dónde hay una mayoría “filo radical” (4) sobre el ala “filo peronista (3).

“Obviamente lo que decíamos, cuando intentaban modificar la Corte era cierto”, dijo al respecto la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, en diálogo con diario Los Andes.

Si bien el peronismo apoyó porque el proyecto era el enviado por los mismos magistrados, la senadora nacional considera que “fue lo menos malo”.

Para ella, “Cornejo lo intentó mucho tiempo lo del roll over y ahora decidieron un atajo que es el de la Corte. A mí me parece que más allá de esa discusión que me parece que es eso, un nene caprichoso. Le dice que no la Legislatura y se lleva la pelota. O sea, no respetar las instituciones, porque la Legislatura tiene que decir si tienen el roll over o no”.

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“Más allá de eso, hay una concepción de fondo que diferencia el peronismo de Juntos por el Cambio, acá y a nivel nacional que son las deudas. La deuda en dólares que contrajo Cornejo y roleó Suárez, ¿qué beneficios le trae Mendoza?”, preguntó.

Fernández Sagasti criticó a Cornejo por la deuda en dólares porque “había un proyecto político nacional que le decía a las provincias que tomen deudas en dólares para traer dólares a la Argentina, pero las provincias están sobre endeudadas. Una es Córdoba y la otra es Mendoza”.

“El peronismo tiene una postura a nivel nacional, a nivel provincial, que es las deudas deben pagarse genuinamente para liberarte y que esos recursos vayan a inversión pública, ¿cuál es la postura de Cambiemos a nivel nacional? es refinanciarla eternamente porque las deudas no se pagan. Ahí no tenés posibilidades como gobernador, este o el que sigue, de tomar las decisiones a favor de los de los mendocinos”, aseveró.

En ese sentido, indicó que “nunca vamos a poder decidir sobre dónde ponemos los recursos de los impuestos de los mendocinos, sino a pagar intereses, intereses y eternamente estar atado de una deuda que tomó Cornejo en dólares, inconscientemente, erradamente con sobre tasa con sobre intereses. Es una mala deuda para la provincia”.

Y marcó las diferencias sobre el aval del PJ a los últimos pedidos. “Cuando nos dicen que la deuda es para agua, perfecto. Hacemos un fidecomiso, hacemos el control. Es un capital para la provincia. Otra cosa es la bicicleta financiera que propone como modelo de gestión Juntos por el Cambio”.

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El Gobierno trabaja en el decreto

A pesar del dictamen de Fiscalía de Estado, que trascendió el 14 de noviembre último, que rechazó la estrategia del gobierno de Rodolfo Suárez de avanzar en el canje de deuda vieja por nueva amparados por el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, esgrimió que trabajan en el correspondiente decreto para conseguirlo.

“Tenemos intenciones de definirlo en un par de semanas. Si va a la Corte o no, dependerá si sale un decreto y alguien lo cuestiona”, dijo Fayad a diario Los Andes.

El debate es si el artículo 41 de la Constitución de Mendoza es aplicable o no en esta operación de crédito. Ese artículo dice que “no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.

El Gobierno sostiene que esta operación no requeriría de dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas, porque se puede encuadrar en el artículo 68 de la ley de Administración Financiera: “El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros”.